Publicado en: defensores -
Por Marvin Palacios
Recursos y manifestaciones interpuestas ante la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) y el Juzgado de Letras de La Paz por parte del Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), fueron
desoídas por el sistema de justicia y los cuerpos armados del estado,
procedieron a ejecutar nuevamente un desalojo violento en Tutule,
departamento de La Paz contra la comunidad indígena lenca 9 de julio que
dejó como resultado, 4 campesinos heridos de bala, daños a cultivos y
casas destruidas.
Al respecto la Coordinadora General del COFADEH Bertha Oliva dijo a
www.defensoresenlinea.com que el Estado de Honduras está en la
obligación de saber lo que está en conflicto y ordenar una investigación
para dar una respuesta con respeto a los derechos humanos.
Entre los afectados, resultó herido de bala en una de sus piernas el
presidente del Consejo Indígena Lenca de Sinpinula, el dirigente Martín
Vásquez, quien junto a David Vásquez (con herida de bala en una de sus
manos) y los otros heridos, recibieron asistencia médica (aunque en
condiciones precarias) en un centro hospitalario de La Paz.
Bertha Oliva señaló que en este caso procedía, que el estado
comprara esas 50 manzanas que estaban en posesión de la comunidad
campesina 9 de julio en Tutule, La Paz, porque ellos las estaban
haciendo producir.
Asimismo
procedía que el estado investigara sobre la posesión legal de las
tierras, que reclama el supuesto dueño y terrateniente Carlos Benjamín
Arriaga Vásquez y si esas tierras están protegidas bajo el Convenio I69
de la organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Porque si bien es cierto son campesinos organizados en la Central
Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), ellos son indígenas lencas y
se debe hacer un estudio al respecto. Eso es lo que hace un estado
responsable de su gente, pero no fue así”, lamentó la reconocida
defensora de derechos humanos.
El primer escrito que presentamos el 5 de enero de este año (en el
recurso de amparo con suspensión del acto reclamado) ante la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) buscaba que el
anunciado desalojo no se llevara a cabo y se dejara sin efecto la orden
del poder judicial.
Debido a que dicho recurso no fue resuelto por la CSJ, el COFADEH
presentó una manifestación el jueves 12 de enero ante el Juzgado de
Letras de La Paz y nuevamente ante la sala de lo Constitucional, pero la
respuesta aún no la tenemos, pero sí tenemos los hechos, un desalojo
brutal y violento en contra de una comunidad campesina.
Cabe señalar que COFADEH también envío un oficio el 19 de diciembre
de 2016, explicando la situación y solicitando la intervención del
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), pero
este no respondió a la solicitud.
Ni el CONADEH ni el Poder Judicial se pronunciaron sobre los recursos a favor de los campesinos
“Como mandamos esa nota al doctor Roberto Herrera Cáceres para que
hiciera su gestión, esperamos la respuesta, para que él como voz
autorizada, opinara sobre lo que estaba viviendo la comunidad campesina 9
de Julio en Tutule, pero como no respondió esa solicitud, entonces
enviamos el 12 de enero una manifestación al Juzgado de La Paz y a la
sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia (CSJ) para que
se pronunciara al respecto”, explicó Oliva.
“La
respuesta nosotras, no la tenemos, pero sí tenemos los hechos, que fue
la ejecución de un desalojo violento nuevamente en contra de una
comunidad a la que el sábado pasado hicimos una visita para saber qué
era lo que estábamos defendiendo, y lo que encontramos fue vida, con
unos campesinos alegres con capacidad organizativa y con capacidad
productiva”.
Porque encontramos cultivos de café, naranjas, mandarinas, limas,
yuca, patastes y bananos, por eso hablamos que nos encontramos con vida
en ese lugar, pero hoy lo que hay es sangre y destrucción por la
complacencia de los agentes del estado de Honduras, que en vez de
llevarles canastas para que siguieran produciendo, les llevaron balas y
patrullas a los campesinos, comentó Oliva.
Oliva añadió que COFADEH ha abogado por fortalecer el estado de
derecho, y no lo fortalecemos con la lengua, lo fortalecemos con las
acciones; pero nos ha venido demostrando por décadas y décadas que es
violador de la ley interna y de los Tratados y Convenios
Internacionales.
Oliva demandó un alto al riesgo para los campesinos y campesinas que
luchan por proteger su tierra y para hacerla producir, que luchan por la
defensa de sus territorios, realmente no se puede seguir en esa
hipocresía y que nos estén obligando a pagar impuestos para mantener a
militares, policías y agentes estatales para que vayan a dar el visto
bueno como jueces y fiscales y comisionados de derechos humanos a los
desalojos violentos.
La Coordinadora General del COFADEH resaltó en el hecho de que el
papel del Estado debe ser el de mediador entre partes en conflicto y no
actuar como represor enviando contingentes policiales y militares a
reprimir violentamente a comunidades campesinas.
Oliva se preguntó acerca de cuál democracia es la defiende este
régimen, cuando expresó: “la democracia de un reducido grupo que tiene
asegurada su vida, la de sus hijos y sus nietos contra las grandes
mayorías que lo que pueden hacer para cultivar y generarse un poquito de
ingresos después, se los destruyen con balas, creo que esa es una parte
que a nosotras nos sacude y a mí en particular me afecta, porque
tenemos un estado en impunidad absoluta y completa”.
El artículo 14 del Convenio 169 de la OIT establece que deberá
reconocerse a los pueblos interesados (pueblos indígenas) el derecho de
propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras
que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia.
Dicho artículo señala además que los gobiernos deberán tomar las
medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva
de sus derechos de propiedad y posesión.
Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema
jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras
formuladas por los pueblos interesados.
http://defensoresenlinea.com/estado-no-da-respuestas-a-derechos-de-los-pueblos-indigenas/
sábado, 14 de enero de 2017
Honduras: Estado no da respuestas a derechos de los pueblos indígenas
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