Por Marvin Palacios
Con la presencia de un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras , el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) la Vía Campesina y miembros de la directiva de la Empresa Asociativa 9 de Julio de San Pedro de Tutule, en el departamento de La Paz, denunciaron en conferencia de prensa, que el gobierno de Honduras no está siendo garante de los derechos humanos de esta comunidad indígena lenca que estando en posesión de 34 manzanas de tierra desde hace 7 años, fueron desalojados violentamente por agentes armados del Estado, el pasado 13 de enero, dejando un saldo de 2 campesinos heridos de bala y la destrucción de casas y cultivos.
Los denunciantes expresaron que el sistema de justicia de Honduras no responde oportuna y adecuadamente ante los demandantes de derechos, y que por el contrario ese mismo sistema es el que criminaliza a las personas que demandan un pedazo de tierra como un derecho humano.
La Coordinadora General del Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva agradeció la presencia de Raoni Vale, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
Eso nos indica que estamos en total indefensión, que no tenemos un sistema de justicia o un sistema democrático de derecho que ampare a los demandantes o reclamantes de derechos. Para nosotras darle seguimiento a este caso es de vital importancia por varias razones.
“ No podemos pasar indiferentes ante la calamidad en que someten las autoridades a los campesinos y campesinas lencas, que han decidido tomar su tierra como un derecho universal y que además los ampara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
Oliva anunció que el COFADEH hará intervención en el departamento de La Paz a través de un proyecto financiado por la Unión Europea, denominado Euro-Justicia, con el cual se brindará capacitación y acompañamiento en derechos humanos a hombres y mujeres de 10 municipios de dicho departamento.
Todo el estudio que hemos venido haciendo nos arroja una difícil situación y es necesario conocer la vulnerabilidad de derechos humanos que tenemos todos y todas quienes hacemos la labor de defensoría, sostuvo Bertha Oliva.
Oliva subrayó que uno de los campesinos heridos (Víctor Vásquez de la comunidad de Simpinula del municipio de Santa María), es dirigente de una comunidad indígena, lo que significa que las balas van dirigidas a los liderazgos, a los defensores y defensoras de derechos humanos para meter el miedo y la paralización colectiva.
Por su parte el Coordinador General de la Vía Campesina- Honduras, Rafael Alegría dijo que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Fondo Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), en Honduras hay una población de 8 millones 714 mil 641 habitantes, de los cuales el 66 por ciento (más de 6 millones de personas) viven en la pobreza.
Y por otro lado, el 43 por ciento (más de 3 millones de personas) viven en extrema pobreza.
Alegría destacó que dentro del porcentaje de extrema pobreza se encuentran campesinos indígenas, y el régimen en vez de buscar una solución al problema de la soberanía alimentaria, al empleo, a la vivienda, para que se viva con dignidad, lo que hace es reprimir violentamente cuando hay un reclamo por el derecho a la tierra.
Entre tanto, Raoni Vale, oficial de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, expresó que dicha oficina fue invitada por el gobierno de Honduras para monitorear, documentar e informar sobre los derechos humanos en el país y brindar asesoría técnica a las autoridades públicas y a los movimientos sociales.
Cabe resaltar que dos representantes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, estuvieron presentes durante el desalojo violento ejecutado por efectivos militares y policiales contra las familias campesinas de la Empresa Asociativa Campesina 9 de Julio, en San Pedro de Tutule, La Paz, el pasado 13 de enero de 2017.
Jueces y fiscales ordenaron desalojo forzoso desconociendo que había un Recurso de Amparo pendiente de resolver
Al respecto, Vale dijo que en esa fecha la policía desalojó a las familias del predio, pero aún y cuando ya no había necesidad, siguió arrojando gases lacrimógenos sobre los campesinos que se encontraban afuera de la propiedad.
“Expresamos a través de un comunicado público que un desalojo forzado debe ser como una acción tomada de manera excepcional, es decir, cuando no haya otra posibilidad razonable, entre ellas, la reforma agraria, la negociación y principalmente el análisis del proceso jurídico y el agotamiento de todas las instancias posibles”, explicó el oficial de la ONU.
Vale añadió que se pudo constatar que la autoridad judicial que dio la orden de desalojo, tenía conocimiento de un Amparo pendiente sobre la posesión de la propiedad, lo que deja claro que el bien jurídico en cuestión, no estaba firme, y por lo tanto no se debería proceder con la actitud tan extrema de proceder a un desalojo forzado”.
“Recordando que el uso de la fuerza solo debe ser ,cuando sea extremadamente necesario y conforme a principios de legalidad y proporcionalidad, el uso de armas de fuego, de gas lacrimógeno, no debe ocurrir en procesos de desalojo forzado, los bienes jurídicos que buscan proteger un desalojo forzado no están por sobre el derecho a la vida, la integridad personal , el derecho a una morada digna; por lo tanto no hay justificación para uso desproporcionado de la fuerza en estos casos”, explicó el experto.
En este sentido, señaló Raoni Vale, la Representante Residente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha expresado que existe un amplio catálogo de estándares internacionales para esta materia, y preocupa mucho a la Oficina de Derechos Humanos, el hecho de que había un recurso judicial pendiente explicando la posible ilegalidad del acto, hecho que se pudo verificar no solo con la jueza ejecutora sino también con el fiscal presente en el desalojo.
Finalmente el vicepresidente de la Empresa Asociativa Campesina 9 de Julio, Inocencio Galeas denunció que han sufrido hostigamientos de parte del supuesto dueño Carlos Benjamín Arreaga Vásquez y pidió al gobierno de Juan Orlando Hernández que se preocupe por los pueblos indígenas y que intervenga para brindar solución al problema, ya sea comprando las 34 manzanas de tierra, “porque nosotros los campesinos sufrimos como gente pobre y gente humilde”.
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