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jueves, 1 de diciembre de 2016

Honduras: Entre la espada y la pared, panorama de defensores y defensoras en Honduras

Escrito por Cesario Padilla | Diciembre 1 del 2016
Secciones: Derechos Humanos
Tegucigalpa (Conexihon).- En tres palabras: Asesinatos, amenazas y criminalización, define la realidad cotidiana que viven las defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, de acuerdo a un informe presentado este jueves por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en conjunto con varias organizaciones que trabajan el tema en el país.
Con motivo de la realización del 158 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OMCT y las siguientes organizaciones como: El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en honduras (COFADEH), el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH) y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), presentaron el informe titulado “Los defensores y las defensoras; entre la espada y la pared”.

En el mismo se establece una serie de declaraciones emitidas por el Presidente Juan Orlando Hernández, en las que “de forma irresponsable” ataca en medios de comunicación al trabajo que realizan las organizaciones de derechos humanos vinculándolas con grupos pandilleros.

Lo anterior suma a otros factores ejecutados por el actual gobierno como la militarización del Estado, la falta de independencia de la judicatura, la sistemática estigmatización de los defensores y defensoras y las carencias en la institucionalidad del Estado en materia de derechos humanos; lo que muestra “ausencia de voluntad” de parte de las autoridades estatales por garantizar protección a defensores y defensoras de derechos humanos, denuncian las organizaciones.

Desde mayo de 2015 hasta la actualidad, 16 asesinatos contra defensores ha documentado el observatorio, lo que evidencia “el agravamiento de la situación”.

Asesinato de Berta Cáceres “punta del icberg” que refleja  altísimos niveles de violencia contra defensores
En la temática sobre la muerte violenta contra defensores y defensoras, el informe plantea que el asesinato contra la lideresa del pueblo lenca, Berta Cáceres, asesinada en marzo de este año “solo es la punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en el país”.

Según la organización Global Witness, Honduras ocupa el primer lugar en el índice mundial de asesinatos de defensores ambientales, con 111 víctimas entre los años 2002 al 2014.

Después del asesinato contra Cáceres, han ocurrido una serie de acciones que no benefician contra el equipo legal de ella y su familia, como el asalto a la sede del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en julio pasado y el robo del expediente del caso a la magistrada de la Corte de Apelaciones de la capital hondureña en septiembre de este año.

Igualmente el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH), luego del asesinato de Cáceres (quien era su coordinadora hasta su asesinato) a pesar de que gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, también han sufrido de actos intimidatorios contra su militancia y acompañantes internacionales que acompañan, documentan y denuncian la situación del pueblo lenca que mantiene una lucha contra las concesiones hidroeléctricas, una de ellas es el proyecto “Agua Zarca”.
“Estas acciones ocurren con el objetivo aparente de frenar sus legítimas actividades resaltando los efectos negativos de la construcción de mega proyectos en territorios lenca sobre el disfrute de los derechos humanos por parte de las comunidades locales”, puntualiza el informe.

La represión a la protesta social aumentó en los últimos dos años
Preocupación por el excesivo uso de la fuerza de parte de las fuerzas policiales y militares, así como las represalias de tipo penal y administrativa, ocupan un lugar en el informe de la OMCT y las organizaciones hondureñas.

La mayoría de los casos citados llevan a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que desde 2014 ha desencadenado acciones de tipo penal y avalando acciones represivas contra la protesta del sector estudiantil. En el informe se documenta el caso de Ronmel Darío Morán, quien fuera brutalmente reprimido durante una toma pacifica frente al campus universitario y que posteriormente fuera acusado por los delitos de sedición y manifestaciones ilícitas. Luego de un largo proceso, se vio obligado a  conciliar con la contraparte policial y pagó una suma superior a los 15 mil lempiras por supuestos daños a un policía.

Para fines de ese mismo año, seis estudiantes de la máxima casa de estudios fueron expulsados por ejercer su derecho a la protesta contra la creación de nuevas normas académicas que no contaban  con la participación del estudiantado.

Ya en 2015 comienzan las acciones penales a instancias de las autoridades de la UNAH contra 26 jóvenes, de los cuales 22 han sido desestimados y tres siguen en curso en los casos contra Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa. Para el presente año se registraron 75 procesos penales a nivel nacional, Padilla, Cáceres y Ulloa nuevamente fueron procesados.

Lejos de poner fin a estos ataques a los derechos a la libertad de expresión y manifestación pacífica, las autoridades universitarias en conjunto con el gobierno, parecen haber reforzado la campaña de desacreditación, estigmatización y criminalización de las protestas así como de las organizaciones de derechos humanos. Tal es el caso de un comunicado emitido por la UNAH en donde las acusa de “protectoras del vandalismo”, cuestiona el informe.

Urgen soluciones
“Hasta que no se solucionen las causas estructurales que generan riesgo para quienes defienden derechos, medidas en la buena dirección como la Ley de Protección no serán eficaces”, puntualizaron las organizaciones que respaldan el informe.

 Es urgente contar con un marco nacional más claro y protector que reconozca plenamente los derechos humanos de sectores de la población hondureña como el campesinado, los pueblos indígenas y el colectivo Lésbico, Gay, Trans, Bisexual e Intersexual (LGTBI), resalta el informe.

“Esto mejoraría el entorno de trabajo de los defensores y defensoras que trabajan por estos derechos y aumentaría su legitimidad y su visibilidad, especialmente en los contextos en los que prevalecen los conflictos en torno a la tierra y los estereotipos hetero-patriarcales respectivamente”, concluyen las organizaciones en el informe. 

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/entre-la-espada-y-la-pared-panorama-de-defensores-y

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