Los datos oficiales advierten que la economía hondureña ha tenido un notable crecimiento. Un crecimiento mayor incluso que las cifras de países europeos. Se habla de que este año 2016 nuestra economía creció en un 3.6% mientras que en países como España este crecimiento no pasó del 2.3%. Veamos unas claves para analizar si este crecimiento significa una economía sana o qué es lo que realmente existe más allá de las cifras.
Primera clave. El problema de Honduras no es el crecimiento. Es la distribución y la concentración de la riqueza. Existe una notable tasa de crecimiento, pero seguimos sin empleo. Lo que el gobierno ofrece es un remedo de trabajo como parte del paquete de asistencialismo con estrictos fines proselitistas. Eso no es empleo, es una oferta de trabajo, con una carga indigna de paternalismo oficial. Habrá gente trabajando, pero para seguir siendo empobrecida para siempre.
Segunda clave: un sistema fiscal montado exclusivamente en función de los intereses de la reducida élite económico-financiera dominante. Más del 65% de los impuestos son indirectos, es decir, que tanto la gente rica como la gente pobre paga lo mismo, como si todo mundo tuviera los mismos ingresos. Solo el 30% de los impuestos son directos, es decir, que lo paga directamente la gente más adinerada. Una vez más, lo que tenemos en Honduras es una economía sostenida por la gente pobre, tanto por los impuestos indirectos como por los pobredólares de nuestros centenares de miles de compatriotas que viven en el exterior.
Esto es contrario a lo que ocurre en países como Suecia, Noruega, Holanda, Finlandia, en donde el Estado garantiza que los impuestos provengan mayoritariamente de lo que directamente pagan los que más ganan o los que tienen mayores ingresos. A esta realidad de inequidad se añade la decisión del gobierno hondureño de eliminar la renta universal, es decir, el dinero que tienen los hondureños ricos en el extranjero, lo que en los hechos legaliza la evasión y el fraude fiscal, y por eso mismo la corrupción institucionalizada.
Tercera clave: este sistema fiscal tan eficiente para favorecer los intereses de los ricos, es ineficiente para buscar el bien común. Al gobierno lo que le interesa es proteger los intereses de la gente más adinerada, por eso el presupuesto en defensa aumentó del 11.7% en el 2010 al 13.6% para el 2017. El gobierno llama a eso invertir en desarrollo. Sin embargo, la inversión en educación, salud, investigación y cultura es completamente a la inversa que en Defensa. El presupuesto en estas áreas sociales pasó del 32.8% del 2010 al 20.1% para el 2017, es decir, la atención para buscar el bien común se redujo en más del 12 por ciento.
La opción para la gente más rica, por la corrupción, la evasión fiscal y la militarización es muy clara en la actual administración pública. La educación y la salud no importa, es decir, todo lo que tiene que ver con el bien común el gobierno lo manda al carajo. Y la cosa es más que dura y pelada: un país que no invierte en educación y en sanidad de su pueblo está condenado al fracaso a medio y largo plazo.
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Crecimiento económico, ¿de quién
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