Por Sandra Rodríguez
El Estado de Honduras hace muy poco por cumplir a cabalidad las
sentencias emitidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos,
Co-IDH, pese a que estas acciones repercuten en su imagen a nivel
internacional.
Hay casos que tienen años esperando una reparación integral, pero
esta es casi una utopía para las víctimas y familiares de violaciones a
sus derechos, quienes se alegran con un abrazo solidario de
representantes del sistema internacional de Justicia, porque en Honduras
se les menosprecia.
Ante la preocupación por el irrespeto a dichas disposiciones, el en
julio del año pasado se formó la Mesa de Seguimiento a las Sentencias de
la Co-IDH, integrada por la Organización Fraternal Negra Hondureña
(OFRANEH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de
Víctimas de la Tortura (CPTRT), Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Casa
Alianza-Honduras, Caritas diocesana de San Pedro Sula, Pastoral
Penitenciaria, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), Familia de Carlos Luna, y la Asociación de Jueces por la
Democracia (AJD).
Joaquín Mejía, investigador del ERIC-SJ, comentó a
defensoresenlinea.com que en la mayoría de casos no se sanciona a los
responsables de los crímenes, he ahí el punto débil del cumplimiento de
sentencias.
El ERIC-SJ que dirige el sacerdote jesuita, Ismael Moreno, da
seguimiento junto a otras organizaciones, al cumplimiento de las
sentencias de los casos Jeannette Kawas (ambientalista asesinada en
1995), Carlos Escaleras (ambientalista asesinado en 1997), Carlos Luna
(ambientalista asesinado en 1998), Pacheco Teruel y otros (incendio en
el centro penal de San Pedro Sula que dejó 107 muertos en 2004), y
Alfredo López Álvarez (dirigente de OFRANEH, detenido ilegalmente en
1997).
Hay sentencias cumplidas, entre uno y otro caso, por lo que se ve
como un avance en medio de un Estado que es el responsable de
ejecutarlas, pero también es el violador de los derechos humanos o en su
caso cómplice cuando no imparte justicia.
Mejía declaró que entre las disposiciones del caso del Centro Penal
de SPS, se aprobó de ley del Sistema Penitenciario que estaba
engavetada, y la Creación del Instituto del Sistema Penitenciario; pero
la sentencia establece que el personal penitenciario debe ser civil, sin
embargo, el gobierno ha puesto personas con rango policial o militar.
El problema es que la clase política nacional tiene una gran capacidad
para permitir este tipo de avances positivos, pero al mismo tiempo
cooptar las instituciones y darles vuelta.
“El Estado no cumple, porque juega un papel un poco bipolar, porque
es el responsable de cumplir, pero también es la institución que los
viola”. Y es que en muchos de los casos hay vinculación directa de
algunos de los funcionarios estatales, manifestó el investigador.
Considera que se hace muy poco por dar con los responsables de los
crímenes, en el caso Jeannete Kawas, cuya sentencia data del 2009 no se
ha hecho una investigación para dar con los responsables. Y son las
medidas de no repetición que se espera.
El caso Escaleras no está en la CO-IDH, pero se llegó a un acuerdo
amistoso, y entre las reparaciones está poner su nombre al parque
Botaderos, y al parque central de Tocoa, Colón. Parecieran cosas
insignificantes, pero para las víctimas es sentir un poco de justicia.
Mejía compartió la siguiente anécdota: como sucedió con familiares de
los privados de libertad incinerados en SPS, cuando fueron al Tribunal
Internacional, al terminar la audiencia la secretaria adjunta de la CIDH
se levantó y les dio un abrazo, lo que les hizo sentir tomados en
cuenta, porque en Honduras “primera vez que sentimos que ha habido
justicia porque en Honduras los jueces y fiscales nos trataron como
perras y aquí unos jueces internacionales y una fiscal interamericana se
solidarizaron, nos abrazaron y para nosotros esto es una forma de
reparación” expresaron.
Explicó que las sentencias internacionales no nos van a venir a
resolver los problemas, a cambiar por decreto la realidad del país. Son
una herramienta más que debemos utilizar a lo interno para hacer
incidencia, exigir y obligar al Estado que cumpla con sus compromisos no
solo internacional sino constitucional de respeto y garantía de los
derechos.
Y es que una de las debilidades que tiene el sistema interamericano
es que no hay un mecanismo de sanción por el incumpliendo se sentencia.
Sólo es que la CO-IDH puede llamar a audiencias públicas o privadas a
la Corte, y luego sacar resoluciones de cumplimiento de sentencia donde
señala al Estado donde está incumpliendo y le vuelve a repetir que
tiene que cumplir con esos puntos resolutivos, y luego en su informe
general que presenta a la OEA señala los Estados que están incumplido, y
esto tiene un impacto político y moral, porque los estado no quieren
ser señalados como violadores, además que tiene un impacto en la
cooperación.
Los incumplimientos del Estado, impactan a nivel interno, porque uno
de los objetivos de las sentencias internacionales es determinar el
origen de la violación de ddhh y ordenar al Estado la adopción de
medidas para evitar la repetición de los hechos. Por tanto, si el Estado
no cumple con una sentencia donde le dice que debe evitar la repetición
de los hechos, cualquier persona, mañana puede ser víctima de los
mismos hechos que llevaron a la muerte a Kawas, Escaleras, Luna, los 107
privados de libertad del centro penal de SPS, o una detención ilegal
como Alfredo López Álvarez.
Se continúa con el asesinato de defensores de derechos humanos aun
con medidas cautelares otorgadas por las Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, CIDH, pero es un boomerang que regresa al Estado, pero
es él el responsable de aplicarlas en diálogo con las beneficiarias.
Esta también es una herramienta que debemos utilizar como una
herramienta de exigencia e incidencia política.
Doble mensaje
Entre tanto, con la falta de cumplimiento de la no repetición, falta
de aplicación y no reparación, se envía un doble mensaje a la sociedad
en el sentido que es mejor no denunciar porque nos puede pasar los mismo
que a las víctimas, y el mensaje a los victimarios en el sentido que
pueden seguir cometiendo delito porque aquí no se castiga.
El impacto en las víctimas y familiares, agregó Mejía, es que sufren
de manera directa la pérdida o violación de un derecho de su familiar o
ellos mismos, y sufren el impacto de ver que se mantiene la impunidad y
que muchas veces el funcionario responsable sigue dentro de las
estructuras del estado.
El caso del líder garífuna Alfredo López Álvarez, estar por más de
seis años en prisión, es un caso que al inicio lo llevó CEJIL y OFRANEH,
pero después se le pidió al ERIC y CPTRT para ser parte en el
seguimiento de la supervisión de la sentencia, es impactante porque esos
años privado de libertad no van a ser reparados de ninguna manera. La
sentencia establece unas medidas que van a minimizar el impacto de esa
violación, pero si el Estado no las cumple efectivamente, los efectos de
esa violación se mantienen con el transcurso del tiempo.
Al no hacer cumplimento de sentencias, hay momentos en que se genera
bastante desmotivación, pero el tema de cambios estructurales en el país
en temas de derechos humanos, hay que verlo como una carrera de
relevos, es decir que lo que ha hecho Bertha Oliva (COFADEH), Juan
Almendares (CPTRT) y otros líderes y lideresas de ddhh en el país, solo
han hecho una parte, y les tocará entregar el relevo a otras
generaciones de defensores.
Agregó que, quizás no vayan a ver cambios ahora, después de tantas
décadas de lucha; sin embargo hay que verlo en ese sentido, nosotros no
pretendemos ver cambios estructurales hoy o mañana, por lo que vamos a
aportar nuestro granito de arena en este momento histórico, que el país
sea un Estado de Derecho y que garantice el bienestar social y cultural
de toda la población y lo que el fin supremo de la sociedad y del
estado, sea la persona humana.
La Mesa de Seguimiento de sentencias de la Co-IDH, es una iniciativa
positiva que las organizaciones defensoras de ddhh que llevamos o hemos
obtenido sentencias internacionales podamos sentarnos a coordinar
acciones conjuntas para poder incidir porque solos y solas no vamos a
poder hacer mucho, pero como organizaciones podemos tener un impacto
para el cumplimiento de las mismas, consideró el abogado Joaquín Mejía.
“Pretendemos que se cumplan las sentencias de manera efectiva, que se
investigue a los responsables de las violaciones denunciadas, y
sobretodo que se adopten medidas, por lo que no solo vamos a estar
señalando los incumplimientos del Estado, sino que le vamos a estar
diciendo al Estado que estamos en la disponibilidad para que de manera
conjunta podamos lograr la implementación efectiva de las sentencias”.
Hay aclarar, dijo Mejía, que los casos hay que verlos desde la
perspectiva de la víctima, lo que quiere es justicia para su caso
concreto, y la otra desde una perspectiva social que se busca cambios
estructurales, llamadas a luchar por los cambios que no permitan la
repetición.
“Aunque no creamos en el Sistema, siempre debemos exigir justicia
porque hay que obligar al Estado dar una respuesta mala, buena o se
quede en silencio, porque esto nos va ayudar para tener la posibilidad
de tener otra ventana, esa puerta abierta a la justicia internacional”.
http://defensoresenlinea.com/bipolaridad-estatal-en-el-cumplimiento-de-sentencias-internacionales/
viernes, 9 de diciembre de 2016
Honduras: Bipolaridad estatal en el cumplimiento de sentencias internacionales
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