Esta denuncia ha sido interpuesta ayer por diversas organizaciones hondureñas defensoras de la vida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, donde se cuestiona con pruebas la ineficacia del mecanismo estatal de Honduras para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos.
“Un mecanismo de defensa para las personas que defienden los derechos humanos es de vital importancia en un país como Honduras donde ya nueve han sido asesinadas este año, incluyendo a la lideresa lenca Berta Cáceres”, establece la demanda internacional contra el gobierno de Honduras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR / Publicado:02 Diciembre 2016- Ciudad de Panamá. El
Centro de Derechos de Mujeres, el Centro de Estudios de la Mujer,
COFADEH y C-Libre —organizaciones integrantes de la Coalición Contra la
Impunidad en Honduras—, junto con las organizaciones internacionales
CEJIL y AI, denunciaron esta mañana ante el Estado hondureño y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la alarmante
situación de riesgo de los/as defensores/as de derechos humanos, pese al
sistema de protección con el que cuenta el país.
Dicho
mecanismo adolece de serias fallas que no permiten que su labor sea
efectiva, denunciaron las organizaciones peticionarias, siendo la falta
de investigación y la mera aplicación de seguridad policial -en el mejor
de los casos, son medidas limitadas y reactivas, no preventivas- como
medida de protección uno de los mayores problemas en el funcionamiento
del mecanismo, impidiendo que los defensores y defensoras puedan tener
una vida normal, y que puedan ejercer su labor.
De
la misma manera, el mecanismo de protección en Honduras tiene un órgano
deliberativo que no permite el balance entre sus integrantes. De sus 14
miembros, sólo dos corresponden a organizaciones de derechos humanos.
Esto conlleva una falta de participación de la sociedad civil que el
comisionado James Cavalharo ha subrayado como algo a superar. Por su
parte, el relator especial de libertad de expresión, Edison Lanza, que
en su informe sobre Honduras ya destacó la falta de transparencia que
hay en el país, subrayó la opacidad con que este mecanismo trabaja, uno
de los obstáculos denunciados por las organizaciones durante la
audiencia de hoy.
Honduras
es uno de los países más violentos del mundo. Actualmente una persona
es asesinada cada hora y 42 minutos y, adicionalmente, el país tiene una
de las tasas más altas de femicidios en el mundo. En mayo 2016, la Vía
Campesina denunció la criminalización de aproximadamente 5.000
campesinos/as. Durante el 2015, 10 trabajadores de medios y
comunicadores fueron asesinados en el país. Por su parte, el presidente
del Colegio de Abogados José María Díaz, reveló que 9 profesionales del
derecho habían muerto de manera violenta durante los primeros ocho meses
del 2016.
En
este contexto se inserta la labor de las defensoras y los defensores de
derechos humanos. Durante el 2016 siguen sufriendo amenazas,
vigilancia, hostigamiento, criminalización y atentados contra la
integridad. Estas agresiones tienen un particular impacto en quienes
defienden los bienes comunes y el territorio, mujeres, estudiantes,
comunicadores, integrantes de colectivos LGBTI y profesionales del
derecho.
Quienes
defienden los derechos humanos en Honduras lo hacen, además, en un
contexto de estigmatización y descalificación, incluso desde las más
altas autoridades del Estado. Por ejemplo, en julio de 2016 el
Presidente de la República declaró que congresistas y senadores de
Estados Unidos reciben información falsa de las ONG Hondureñas y agregó
que “Contra esos hondureños también tenemos que estar defendiéndonos”.
Un
mecanismo de defensa para las personas que defienden los derechos
humanos es de vital importancia en un país donde ya 9 han sido
asesinadas este año, incluyendo a la lideresa lenca Berta Cáceres.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1890-denuncian-ante-cidh-a-gobierno-hondureno-porque-no-cuida-la-vida
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