La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de
Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés)
urgieron al gobierno del país centroamericano a proteger a los
activistas.
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En
un comunicado, la CIDH repudió los recientes asesinatos de José Ángel
Flores y Slimer Dionisio George, integrantes del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA), una de las organizaciones campesinas de esa
región que lucha para la redistribución de tierras concesionadas a tres
poderosos empresarios, en la década de los 90, para producir aceite de
palma.
El
organismo internacional denunció abiertamente la pasividad del gobierno
hondureño para proteger a los dos campesinos, quienes el pasado 18 de
octubre fueron ejecutados dentro de una cooperativa por un grupo de
encapuchados “fuertemente armados”, pese a que ambos contaban con
medidas cautelares de la CIDH desde el 8 de mayo de 2014.
El
doble asesinato generó condenas por parte de ONG hondureñas e
internacionales, entre ellas Human Rights Watch (HRW), que exigió al
gobierno una investigación “oportuna, exhaustiva e imparcial” sobre el
caso.
La
CIDH también recordó que en una reunión de trabajo celebrada el 21 de
octubre de 2015, señaló al gobierno hondureño las “serias falencias en
la implementación de las medidas de protección” a favor de los
defensores de derechos humanos hondureños.
“Con
estos asesinatos ya son al menos diez los defensores y defensoras de
los derechos humanos asesinados en el país en lo que va de año. A la luz
de la continuidad de los asesinatos contra defensoras y defensores de
derechos humanos, la Comisión expresa su alarma y consternación sobre
estos actos de violencia”, deploró la CIDH.
Por
su parte, el CEDAW denunció que “los recientes homicidios de cuatro
defensores de derechos humanos, que se sumaron al asesinato de Berta
Cáceres hace ocho meses, muestran lo alarmante que es la situación” de
esas personas.
Al
revisar los avances de Honduras en la implementación de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Discriminaciones contra las Mujeres,
los expertos de la ONU instaron al gobierno a “cesar la criminalización
de las actividades de los defensores de derechos humanos”.
Los
representantes del país centroamericano afirmaron que la investigación
sobre el asesinato de la activista indígena Berta Cáceres, el pasado 3
de marzo, “sigue abierta”.
Pero
el pasado 29 de septiembre el expediente judicial del caso fue “robado”
junto con el automóvil de María Luisa Ramos, una magistrada que seguía
la investigación.
De
acuerdo con los representantes del gobierno, una persona vinculada con
el consorcio de empresas que pretendía construir el proyecto
hidroeléctrico de Agua Zarca –del que Cáceres era opositora– participó
en el crimen, lo que “reforzó la hipótesis de que el asesinato está
vinculado con sus actividades como defensora de los derechos humanos”.
http://www.proceso.com.mx/461314/cidh-cedaw-demandan-al-gobierno-honduras-proteger-a-activistas
Atentamente,
Karla Zelaya
Facilitador & Comunicaciones
Plataforma Agraria
Teléfono: (504) 3289-7793
Skype: plataforma.agrariahonduras
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