Muy poca gente y muy pocos sectores, incluidos algunos partidos políticos muy poco se han referido a la ley que aprobó el Congreso Nacional sobre el Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los propios Partidos Políticos y sus candidatos. Es interesante ver que una ley tan importante como ésa no haya sido discutida y socializada como se lo merece. Sin duda fue una discusión y aprobación casi “a mata caballo”.
El propósito de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos, es evitar que el dinero sucio proveniente de la corrupción y el crimen organizado ingrese a las campañas electorales y a las organizaciones políticas en todos los niveles electivos.
Muy poca oposición hubo en el Congreso a la aprobación de esta ley que es impulsada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih. En la exposición de la Maccih, sobre las intenciones con esta ley, señalan en su documento, que buscan contar con regulación específica de las donaciones y financiamiento de campañas políticas. Limitar las donaciones. Reportar los ingresos y gastos realizados por los partidos políticos y los candidatos. Determinar un régimen de sanciones a quienes infringen las normas sobre financiamiento. Regular el financiamiento público a los partidos políticos. Contar con un sistema de fiscalización del financiamiento público y aportaciones privadas.
Esta ley, que será aplicada hasta en las elecciones generales del próximo año, establece que la campaña presidencial va a tener un tope de 396 millones de lempiras. El financiamiento privado podrá llegar hasta 200 salarios mínimos para personas naturales, actualmente esa cifra sería de un millón y medio de lempiras y mil salarios mínimos para personas jurídicas, casi 8 millones de lempiras. Pero en el artículo 47 de esta ley se deja en secretividad que se revele las identidades de los donantes, a menos que sea requerido por alguna autoridad para ser investigados.
Llama la atención que los artículos 11 y 31 hayan sido sacados de la ley porque fueron calificados como ambiguos. Pero vea usted, y nos queremos referir al artículo 31 que dice: “Los medios de comunicación presentarán a la unidad, al inicio del proceso electoral sus tarifas comerciales y estarán obligados a informar cuando sean requeridos por la unidad el número de pautas contratadas o donadas para fines electorales”.
Cabe señalar que uno de los sectores más beneficiados son los medios de comunicación porque en Honduras la campaña política se desarrolla casi exclusivamente en los medios de comunicación y sobre todo en las grandes corporaciones. Y curiosamente estos medios de comunicación han evitado, de todas las formas posibles, ser objeto de auditorías sobre asuntos vinculados a las elecciones y campañas políticas.
En esta ley se crea la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, que en un principio estaba integrada por una única persona, pero al momento de su aprobación se acordó que iba a estar integrada por tres. Lo que da cabida a pensar que esos puestos ya están repartidos entre los políticos y sus partidos.
Como dice el dicho “el papel aguanta con todo”. Y en Honduras está demostrado que el problema no es la falta de leyes sino la falta de aplicación de las mismas por parte de las autoridades. Y por los vientos que soplan, la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos se convertirá en una más del montón, y aunque se pueda sentir orgullosa la Maccih por ser su primer fruto, la población no lo estará porque una vez más verá como los políticos acomodan las leyes para sus propios beneficios.
Radio Progreso
Una ley más - 29 Octubre 2016
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