Por defensores /San Pedro Sula. /
Marvin Palacios
La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) al cumplirse 10 años de
existencia, contó con la participación del magistrado de la Audiencia
Nacional de España, Ramón Sáez Valcárcel, quien disertó magistralmente
sobre la Independencia Judicial y sobre el fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno al despido de una
magistrada y 3 jueces, que se manifestaron públicamente y de diversas
formas, en contra del golpe de estado de 2009 y en contra del
rompimiento del orden constitucional.
Sáez Valcárcel dijo que para construir un auténtico estado de derecho
se debe pasar por la configuración de la garantía jurisdiccional, es
decir un juez independiente, no con un mecanismo de independencia,
entendido de protección de sus privilegios, sino el presupuesto o
condicionamiento para que pueda garantizar los derechos fundamentales y
las libertades de todas las personas.
Al referirse a la celebración de los 10 años de la AJD, el magistrado
expresó su emoción por lo que ha significado, según su criterio, la
emergencia de un grupo de juristas del Estado en Honduras, preocupados
por la independencia de los jueces, preocupados por la vigencia de los
derechos fundamentales, preocupados por limitar a los poderes públicos y
a los poderes privados (es decir a los poderes del mercado también),
limitarlos desde el derecho para hacer vigente esa universalidad de los
derechos humanos que obligan a todos, en primer lugar, a los estados,
aunque se resistan.
Sáez Valcárcel apuntó que en alguna medida es para nosotros, un
ejemplo observar, seguir y acompañar a nuestros compañeros jueces de la
AJD en Honduras y en otros estados del área, porque ellos ejercen la
jurisdicción en condiciones tales que sin querer dramatizar, no son
ejemplares, sino heroicas.
Heroicas porque significaron en momentos críticos de ruptura del
orden constitucional, de golpe de estado, la defensa de la democracia,
la defensa del estado de derecho y por lo tanto nosotros solo podemos
decirles, sigan con su camino, vamos a intentar acompañarles, ayudarles y
protegerles; frente a una situación histórica, comprometida, con un
retroceso que no solo se parece en el área, sino un retroceso auténtico
por los programas neoliberales, frente al derecho como razón
pacificadora y como razón civilizadora.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras no fue imparcial para sancionar a los jueces de la AJD
El magistrado de la Audiencia Nacional de España aseguró que el
retroceso es una realidad, y reseñó como ejemplo que en 1789 con la
Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, decía que toda
sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni
determinada la separación de poderes, carece de Constitución.
“Entonces debemos de preguntarnos en qué medida en el área y en
muchos otros sitios del sistema mundo, tenemos constituciones, pero no
hay constitucionalismo, auténticamente no hay constitucionalismo; de
hecho las constituciones no tienen fuerza normativa, no se aplican, los
jueces no son capaces de aplicarlas y por lo tanto no podemos hablar
siquiera de democracia, a no ser que, entendamos la democracia como un
asunto meramente formal”, cuestionó el jurista internacional.
Sáez
Valcárcel añadió que la falta de voluntad política es evidente, como yo
les comentaba el papel frente al rol que jugaron algunos de los jueces
aquí presentes, Tirza Flores, Guillermo López Lone, Ramón Barrios, Luis
Chévez frente al papel que les ha reconocido la propia Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en unos bellos pasajes que
hablan del derecho y del deber y defensa de la democracia y del estado
de derecho.
Frente a ello, la conducta de la Corte Suprema de Justicia (de
Honduras) que uno encuentra en la propia sentencia; es paradigmático de
compromiso con los derechos o de subordinación a las más groseras
violaciones de la legalidad, explicó el experto.
El jurista español recordó que esa sentencia de la CIDH emitida el 5
de octubre de 2015, estableció que como se desprende de los hechos
probados, el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ)
participó en el golpe de estado de 2009, defendiendo la legalidad de la
privación de la libertad del entonces presidente (Manuel Zelaya Rosales)
y su separación del poder.
“Asesinatos de jueces, fiscales y defensores de derechos
humanos invitan a pensar que otra vez estén funcionando escuadrones de
la muerte en la región”
“Precisamente por ello la Corte consideró que la Corte Suprema de
Justicia de Honduras no era imparcial para sancionar a los jueces de la
AJD que habían defendido la legalidad, habían defendido la democracia y
el estado de derecho”, subrayó el magistrado.
El despido y la separación de la magistrada y los 3 jueces, fue
seguido de la depuración, llamada así, depuración de jueces en 2013, fue
seguido por la introducción de mecanismos de evaluación de confianza
que desarrolla una institución denominada el Consejo Nacional de
Seguridad y de Defensa, lo cual es incomprensible por incompatible con
un estado de derecho,¿ cómo los jueces van a ser sometidos a evaluación
de confianza como si fueran miembros de organizaciones altamente
jerarquizadas como los militares o los cuerpos policiales?, se preguntó
Sáez Valcárcel.
Al respecto el magistrado de la Audiencia Nacional de España dijo que
eso fue una ofensa al derecho y sobretodo, un reconocimiento, una
demostración, un símbolo evidente, innegable, de ausencia del estado de
derecho.
En relación a la impunidad en Honduras, Sáez Valcárcel dijo que “los
asesinatos de jueces y fiscales en absoluta impunidad, junto a los
asesinatos de defensores de derechos humanos, junto al reciente y
terrible asesinato de Berta Cáceres, nos invitan a pensar que
posiblemente; otra vez estén funcionando escuadrones de la muerte en la
región; lo cual es una desgracia, y a nosotros nos impresiona por la
falta de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”,
comentó el jurista.
Sáez Valcárcel subrayó que la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos relacionada al despido de una magistrada y 3 jueces,
denominado el caso: López Lone y otros contra el Estado de Honduras, es
una sentencia ejemplar, como toda la jurisprudencia de esa Corte
maravillosa que anuncia el camino junto a otros tribunales como el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y la Corte Penal internacional, el diseño de una
institucionalidad en el sistema mundo, una institucionalidad que cree en
el derecho, de una comunidad internacional basada en el derecho.
El magistrado español recordó que esa sentencia está pendiente de
cumplimiento por parte del estado de Honduras, y que el cumplimiento de
dicha sentencia significa el reintegro, la reincorporación a sus
empleos, a sus cargos, de la magistrada y los otros jueces; que fueron
despedidos arbitraria e ilegalmente.
Prácticamente han transcurridos 10
meses después de la sentencia, y no hay ningún indicio de que el Estado
de Honduras haya acatado la sentencia y que el estado esté dispuesto a
cumplirla.
A las actividades de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
realizadas el viernes 23 de septiembre en un reconocido hotel de la
ciudad de San Pedro Sula , asistió (de reciente arribo a Honduras) la
Representante Residente de la Oficina para el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, María Soledad Pazo, quien
expresó a la audiencia que “a mi llegada (a Honduras) he comprendido que
el tema justicia es clave en Honduras como instrumento de resolución y
de prevención de conflictos, es clave la justicia como generador de
confianza en la población del país y clave para la protección de
derechos fundamentales”.
Pazo indicó que mi equipo me ha hablado mucho de la AJD y con ellos
hemos comenzado la colaboración en ámbitos como la reforma del código
penal, mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y la
producción de informes sombra a varios comités de órganos del Sistema de
Protección de Naciones Unidas.
“El sistema de justicia, sabemos que necesita ser fortalecido en
aspectos técnicos, formación profesional, fortalecimiento de garantías y
la independencia judicial, en este contexto me permito destacar el
proceso de discusión del Código Penal como momento crucial en la vida
del país y que nuestra tarea conjunta es asegurar que los espacios de
goce de los derechos humanos, sean protegidos; evitando penar conductas
que son expresiones legítimas de derechos”, señaló la Representante
Residente de la Oficina para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, María Soledad Pazo.
En este marco de los 10 años de existencia, la Asociación de Jueces
por la Democracia (AJD) desarrolló el viernes 23 y sábado 24 de
septiembre, una serie de foros de discusión, análisis y debates sobre
la independencia del poder judicial, los jueces y juezas y su relación
con la sociedad civil, Independencia Judicial y Asociacionismo y
Derechos y Libertades de los Jueces y Juezas.
Participaron en este evento, representantes del Foro de Jueces
Democráticos e Independientes de El Salvador, la Asociación de Jueces
por la Integridad de Guatemala, la Asociación Costarricense de la
Judicatura, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), la Comisión Internacional de Juristas y como invitados
especiales expertos de Jueces para la Democracia de España y de la Nueva
Asociación de Jueces de Alemania, así como la Representante Residente
de la Oficina para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, María Soledad Pazo.
24 septiembre, 2016
http://defensoresenlinea.com/la-ajd-es-un-ejemplo-a-observar-seguir-y-acompanar-sostiene-magistrado-dela-audiencia-nacional-de-espana/
lunes, 26 de septiembre de 2016
honduras: La AJD es un ejemplo a observar, seguir y acompañar sostiene magistrado de la Audiencia Nacional de España
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