Escrito por Cesario Padilla | Septiembre 14 del 2016
Tegucigalpa (Conexihon).- Quienes
trabajan y conviven con la tierra y sus recursos naturales son los
pueblos originarios y a ellas y ellos les pertenece la misma. Bajo este
lema se desarrolló este martes 13 de septiembre el Foro “El Derecho de
los Pueblos a Decidir sobre sus Bienes Naturales”, a cargo del Centro
Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).
La
iniciativa surge en un momento en que los liderazgos de las
organizaciones defensoras del territorio contra los proyectos
extractivitas son objeto de persecución, amenazas y hasta los asesinatos
políticos por su oposición a estos proyectos, informaron sus
organizadores.
Desde la mirada de la
cooperación internacional, defensores de derechos humanos y Diputados al
Congreso hondureño se resaltó la importancia de implementar mecanismos
que fortalezcan la consulta previa.
Para
el caso Alexis Linares, representante de la Agencia Católica Irlandesa
Para El Desarrollo (TROCAIRE), expuso que desde los ejes de trabajo del
cooperante reconocen cierta voluntad manifestada por el Estado para la
creación de leyes en pro de los derechos humanos, sin embargo no se hace
hincapié en mecanismos que vayan por el de ejercer la consulta previa,
libre de cualquier amenaza.
En el
foro se expuso uno de los ejemplos de ejercicio del Derecho a la
Consulta, recientemente realizado por el Movimiento Independiente
Indígena Lenca de La Paz (MILPAH) en julio de este año en el municipio
de Santa Elena en donde preguntaron si querían la instalación de un
régimen catastral así como si estaba de acuerdo en la construcción de
una hidroeléctrica sobre el Rio Chinacla.
De
acuerdo a un estudio realizado por el Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), cerca
del 35 por ciento del país se encuentra concesionado en materia de
extracción minera.
Un Congreso que aprueba “cascada de leyes” de corte neoliberal
Un
Poder Legislativo que ha profundizado, a partir del Golpe de Estado de
2009, la creación de leyes de corte neoliberal que atenta los pueblos y
su soberanía es el panorama que planteó el Diputado del Partido
Anticorrupción, David Reyes.
Durante
este periodo, se emitieron leyes que afectan a los pueblos indígenas,
sin haber sido consultados. La Ley de Aguas, Minería, Forestal, Pesca y
las sonadas “Ciudades Modelos, inicialmente presentadas como Redes
Especiales de Desarrollo (REDES) y convertidas en Zonas Especiales
(ZEDES) son atentatorias para los derechos de los pueblos, enfatizó
Reyes.
Incluso, en cuanto a la
socialización de proyectos de ley que tienen que ver con el tema de
concesiones, en consulta con uno de sus compañeros de bancada informan
con 15 minutos antes de someterlo a discusión y ni siquiera la conocen.
No existe tiempo suficiente para conocerla y no podemos discutirla con
amplitud en el pleno, resaltó.
“Como
diputado consciente, pido explicación a la Junta Directiva del Congreso
sobre el origen de esos contratos y me dicen que ponga atención”,
sostuvo el congresista.
Actualmente
en el Congreso Nacional existen dos proyectos de Ley de Consulta Previa;
uno elaborado desde el Estado, denominado “Ley Indígena” con el
auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual es
rechazado por los pueblos organizados en sus respectivas organizaciones
defensoras del territorio y la contraparte elaborada por el Observatorio
delos Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH),
presentada en el pleno del legislativo el año anterior.
Necesidad de replantearse enfoque sobre Derechos Humanos
La
visión de la lucha de los pueblos originarios por la defensa de su
territorio y los bienes de la naturaleza, sumado a un enfoque en materia
de derechos Humanos, fue el tema que disertó Wilfredo Méndez, director
del Centro de Promoción e Investigación de Derechos Humanos en Honduras
(CIPRODEH).
En ese sentido, Méndez
cuestionó fuertemente el papel que juega la institucionalidad en materia
de Derechos Humanos en el país, al no pronunciarse de forma contundente
ante el panorama de represión que viven las organizaciones defensoras
en los diferentes departamentos.
“Tenemos
un Ministerio Público que no se sabe si actúa como parte acusadora o
una institución que responde a los intereses de la ciudadanía, un
Comisionado de Derechos Humanos que fungió como defensor de las empresas
mineras y un Ministro de Derechos humanos que se porta como un patán”,
aseguró.
Otro de los puntos abordados
por el defensor de Derechos Humanos fue la falta de voluntad política
desde el gobierno de la República, para aprobar leyes en beneficio de
los pueblos. “¿cómo lo va a aprobar un gobierno criminal?, se preguntó.
Ejemplificó
el hecho que el Estado de Honduras hace 21 años –desde marzo de 1995-
ratificó el Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y durante este lapso de tiempo no existe una iniciativa
que vele por una ley de consulta previa que responda a los intereses de
los pueblos originarios y afordescendientes.
Sobre
el actuar de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el
país, Wilfredo Méndez hizo un llamado a replantearse el enfoque en la
materia ya que “muchas veces nuestras acciones pueden servir para
obstaculizar las reivindicaciones del movimiento social”.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/pueblos-indigenas/ind%C3%ADgenas-ejercen-derecho-la-consulta-en-ambiente-hostil
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