Tiempo.hn/ Por Jorge Constantino Colindres
e forma unánime, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) optaron por volverse cómplices de la ilegalidad
al renunciar a su independencia y doblegarse ante las pretensiones
reeleccionistas del partido oficialista. El Pleno de la CSJ ha
determinado que la reelección presidencial es cosa juzgada, afirmando que “ya
la instancia competente, (…), ha dado ya una decisión de ejecución
inmediata y con efectos generales, firmes e inmutables, en dos fallos”.
De esta forma, la CSJ se ha prestado para reconocer la validez formal
de una decisión judicial pronunciada de forma ilegal y anti
constitucional; volviéndose cómplices de la subversión de la
Constitución de la República y, en consecuencia, generando
responsabilidad penal que habrá de deducirse contra cada uno de ellos.
La marcada falta de independencia del máximo tribunal del país, debe servirnos como una fría advertencia contra los peligros de permitir la reelección presidencial indefinida bajo un contexto institucional que se caracteriza por la carencia de controles republicanos como la separación entre los poderes del Estado y el respeto a la supremacía de la Constitución.
En cuanto a independencia judicial, el Reporte de Competitividad Global sitúa a Honduras en el puesto 90 de 140 economías analizadas. Esta categoría se evalúa de acuerdo a si “la judicatura de un país es independiente de las influencias políticas de miembros del gobierno, ciudadanos o corporaciones”.
Lejos de legitimar la reelección, el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema deja en evidencia la apremiante necesidad de frenar el delictivo proyecto reeleccionista del Partido de Gobierno; ya que sin separación de poderes y una escasa representatividad democrática, la supresión del principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República podría culminar por transformar enteramente la forma de gobierno democrática y republicana que dispone la Constitución, y alzar en su lugar un autoritarismo autocrático similar al que gobernó en Honduras durante las décadas más oscuras del siglo pasado.
Falta de independencia judicial continuará frenando el desarrollo de Honduras.
Los hondureños no podemos seguir negando la realidad, y es que en nuestro país los jueces y magistrados del Poder Judicial gozan de muy poca o nada de independencia frente a presiones políticas. Esa es la percepción de la opinión pública, es la percepción de los organismos internacionales (privados y públicos), y como podemos ver con el reciente pronunciamiento de la CSJ, no es solo percepción sino realidad.
En cuanto a independencia judicial, el Reporte de Competitividad Global sitúa a Honduras en el puesto 90 de 140 economías analizadas. Esta categoría se evalúa de acuerdo a si “la judicatura de un país es independiente de las influencias políticas de miembros del gobierno, ciudadanos o corporaciones”. En una escala del 1 al 100, el Estado de Derecho en Honduras recibe una calificación de 42 puntos y es colocada en el puesto número 90 de 102 países analizados en el Índice de Estado de Derecho, publicado por el Proyecto de Justicia Global, que a su vez nace de una iniciativa de la American Bar Association de Estados Unidos. Finalmente, la Edición 2016 del Índice de Libertad Económica en el Mundo publicado por la Heritage Foundation y el Wall Street Journal, califica al Estado de Derecho en Honduras con 30/100. Señalando la omnipresente corrupción en las instituciones públicas y la debilidad de las cortes de justicia.
http://tiempo.hn/ilegalidad-corte-suprema-doblega/
La marcada falta de independencia del máximo tribunal del país, debe servirnos como una fría advertencia contra los peligros de permitir la reelección presidencial indefinida bajo un contexto institucional que se caracteriza por la carencia de controles republicanos como la separación entre los poderes del Estado y el respeto a la supremacía de la Constitución.
En cuanto a independencia judicial, el Reporte de Competitividad Global sitúa a Honduras en el puesto 90 de 140 economías analizadas. Esta categoría se evalúa de acuerdo a si “la judicatura de un país es independiente de las influencias políticas de miembros del gobierno, ciudadanos o corporaciones”.
Lejos de legitimar la reelección, el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema deja en evidencia la apremiante necesidad de frenar el delictivo proyecto reeleccionista del Partido de Gobierno; ya que sin separación de poderes y una escasa representatividad democrática, la supresión del principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República podría culminar por transformar enteramente la forma de gobierno democrática y republicana que dispone la Constitución, y alzar en su lugar un autoritarismo autocrático similar al que gobernó en Honduras durante las décadas más oscuras del siglo pasado.
Falta de independencia judicial continuará frenando el desarrollo de Honduras.
Los hondureños no podemos seguir negando la realidad, y es que en nuestro país los jueces y magistrados del Poder Judicial gozan de muy poca o nada de independencia frente a presiones políticas. Esa es la percepción de la opinión pública, es la percepción de los organismos internacionales (privados y públicos), y como podemos ver con el reciente pronunciamiento de la CSJ, no es solo percepción sino realidad.
En cuanto a independencia judicial, el Reporte de Competitividad Global sitúa a Honduras en el puesto 90 de 140 economías analizadas. Esta categoría se evalúa de acuerdo a si “la judicatura de un país es independiente de las influencias políticas de miembros del gobierno, ciudadanos o corporaciones”. En una escala del 1 al 100, el Estado de Derecho en Honduras recibe una calificación de 42 puntos y es colocada en el puesto número 90 de 102 países analizados en el Índice de Estado de Derecho, publicado por el Proyecto de Justicia Global, que a su vez nace de una iniciativa de la American Bar Association de Estados Unidos. Finalmente, la Edición 2016 del Índice de Libertad Económica en el Mundo publicado por la Heritage Foundation y el Wall Street Journal, califica al Estado de Derecho en Honduras con 30/100. Señalando la omnipresente corrupción en las instituciones públicas y la debilidad de las cortes de justicia.
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