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Especial Proceso Digital / Martes, 30 Agosto 2016 - 00:53
Tegucigalpa – Los
corruptos que saquearon al Seguro Social no solo deberán pagar en la
cárcel por su latrocinio y devolver lo robado a la institución, sino que
también deberán indemnizar al Estado para reparar los daños
ocasionados, afirmó el jefe y vocero de la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor.
- Prevén que la ley de financiamiento a las campañas electorales sea aprobada antes del 11 de septiembre
- Candidato presidencial ganador deberá esperar certificación de Unidad Fiscalizadora
- Unidad Fiscalizadora podrá levantar secreto bancario, tributario y fiduciario para investigar financiamiento electoral
En
ese sentido un experto de la Misión trabaja en una fórmula para
Honduras, a fin de “determinar y valorar cual es el daño patrimonial”
que ocasiona un corrupto, afirmó el vocero de la MACCIH, entidad que
trabaja bajo el mandato de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Jiménez Mayor en conversación con Proceso Digital afirmó
que la Misión tiene como meta “encontrar todas las responsabilidades y a
todos los actores que han participado directa o indirectamente en el
latrocinio del Seguro Social”.
Prometió que no se volverá a repetir lo ocurrido con Henry Gómez,
que tras declararse culpable de lavado de activos en el caso del
Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), le fue impuesta una pena
que le permitió salir en libertad; especialmente, en el caso de Mario
Rojas, otro implicado, que también buscará el juicio abreviado.
Indicó
que a pesar que solo laboran con 17 de las 70 personas que conformarán
el equipo de trabajo, la MACCIH ya tiene mapeado el caso de corrupción
del IHSS.
Pero
Jiménez Mayor divide sus preocupaciones entre investigar el latrocinio
del Seguro Social y la socialización de la nueva Ley de Financiamiento
Electoral y de la última dijo que solo tienen dos semanas para su
discusión y aprobación por los diputados antes que el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) haga la convocatoria a elecciones internas y primarias.
El vocero de la Misión señaló a Proceso Digital que
esta legislación es importante y forma parte del mandato de la MACCIH,
así como de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de
Honduras.
Adelantó
que la ley es importante porque se creará una Unidad de Transparencia y
Fiscalización que tendrá poderes tan grandes, que se busca que pueda
solicitar directamente información bancaria, tributaria y fiduciaria,
cuando realice investigaciones.
Ese
acceso es un poder que otras instituciones del Estado quisieron tener,
pero les ha sido negado, ya que solo se puede acceder a dicha
información con mandato judicial.
Igualmente,
esa unidad podrá, según el proyecto de ley, anular el triunfo incluso
de un candidato presidencial si determina que el aspirante fue
financiado con “dinero que no es legítimo, no es legal”.
A Continuación, el diálogo sostenido con Juan Jiménez Mayor:
PD - ¿En que se enfocará en estos momentos la MACCIH?
JJM – Somos una Misión en construcción. Somos ahora 17 personas y nuestro objetivo es llegar a 70 personas trabajando en la misma.
Es un desafío en sí mismo llegar a reclutar para una Misión de este tipo a 70 personas.
Estamos
concentrados en estos momentos en varios frentes de acción. El primero
sin duda es el trabajo del pequeño equipo de la MACCIH que está en la
Fiscalía apoyando el trabajo de los fiscales que están en tareas de
investigación.
Tenemos
mapeado como seguir trabajando a nivel de la Fiscalía y el Poder
Judicial el caso del Seguro Social, estamos advirtiendo problemas y
estamos planteando una redefinición de la estrategia procesal en el caso
del Seguro.
Nuestro
objetivo va a ser que las personas que estén implicados en los 15 casos
judicializados y en las más de 40 investigaciones que aún están
pendientes de presentarse ante la justicia puedan tener resultados
positivos y resultados que determinen responsabilidades penales entre
las que las tienen y lograr en el marco de estas investigaciones que las
personas sean condenadas, condenas efectivas, condenas con prisión,
recuperación de los activos, embargos y el pago de reparaciones civiles
por el daño ocasionado al Estado.
Ese
es el objetivo, encontrar todas las responsabilidades y a todos los
actores que han participado directa o indirectamente en el latrocinio
del seguro social.
PD - ¿Además de cárcel y pagar lo que se robó, los culpables serán obligados a pagar reparaciones civiles?
JJM – Vamos a pedir que repare los daños, en todo proceso que tiene que ver con delitos patrimoniales, la
víctima que en este caso es el Estado, el pueblo de Honduras, tiene
derecho a que se recuperen los fondos robados, pero también a que la
persona indemnice por los daños cometidos.
Nosotros
estamos construyendo una fórmula para Honduras para determinar y
valorar cual es el daño patrimonial que le ocasiona un corrupto al
Estado. Cuando un corrupto se lleva dinero del Estado, ese dinero se pierde para construcción de escuelas, compra de medicinas.
Cuál
es el impacto económico que eso genera en el país, es un elemento de
valorización, uno de los expertos de la Misión ha trabajado y se va a
presentar como parte de las estrategias jurídicas que vamos a poner en
práctica en el país.
PD – ¿Está en la legislación el pago de las indemnizaciones?
JJM –
Normalmente lo que hace el Estado es buscar que la gente esté en
prisión, cuando ese es el objetivo, pero pocas veces se busca el
patrimonio y al corrupto hay que darle donde más le duele, que es el
bolsillo, la plata, son muy ambicioso que tienen esa característica y lo
que hay que hacer ese quitarle el dinero.
PD – ¿Además de pagar lo robado, deberá indemnizar?
JJM – Ese es un mecanismo que hay que desarrollar en el país porque es muy importante.
En
Perú logramos que los delincuentes de cuello blanco, los empresarios,
los corruptos, pague la prisión y efectivamente lo hicieron, pero nos
olvidamos varios años de cobrar las reparaciones civiles, nos olvidamos
que esta gente que le deben al Estado estén en las centrales de riesgo,
para que todo mundo sepa que no son sujetas de crédito, porque si tiene
una deuda con el Estado no son sujetas de crédito, lo que permitía que
fueran sujetos de crédito.
Pero
logramos que esto se revierta y los corruptos comenzaron a ser
embargados, sus bienes a ser secuestrados, nos llevamos sus bienes, nos
llevamos su patrimonio, para que estén a disposición de la población por
los daños ocasionados.
En
Perú recuperamos más de 300 millones de dólares en activos que estaban
en bancos suizos, en bancos extranjeros de la mafia Fujimori-Montesinos.
Es
importante porque es una experiencia que vamos abordar en el país para
que los jueces, los fiscales, los procuradores puedan tener metas
específicas en relación a esto, más allá de las condenas a prisión
efectivas.
El
sistema financiero al día de hoy esta globalizado y hay que tener
certeza que los orígenes de los fondos son lícitos, los de origen
ilícitos cualquier banco internacional están obligados a entregar esos
fondos a la autoridad oficial hondureña.
PD – ¿Mario Rojas aceptó juicio abreviado en caso IHSS para seguir ejemplo de Henry Gómez?
JJM – Estamos absolutamente al tanto de ese caso y estamos 100 por ciento seguros que eso no va a volver a ocurrir.
Nosotros
en la MACCIH hemos planteado que otorgar una libertad en el caso del
Seguro Social, aplicando la ley en forma benévola es absolutamente
ilegitimo.
Los
jueces y los fiscales tienen que aplicar la ley de manera firme y ese
es el propósito, para eso está la misión en el país, para ayudar a las
autoridades a construir una política para enfrentar la corrupción y la
impunidad.
En el caso del señor Gómez se actuó en base a ley, pero esa actuación se hizo de manera muy benévola y generó impunidad.
La
MACCIH va a trabajar fuertemente para que eso no ocurra con el señor
Rojas, de hecho, ya lo hemos hecho. Nosotros creemos que no puede volver
a pasar una cosa como la de Henry Gómez.
PD
– Las empresas de maletín que recibieron dinero del IHSS e hicieron
donaciones, ¿Qué pasará con los que recibieron esos fondos?
JJM – Ese
es un caso muy importante, en el caso del Seguro Social estamos
buscando una estrategia de generar responsabilidades. La corrupción no
solo se da en el ámbito público, también se da en el ámbito privado, es
un problema que debemos tener claro que ha sido así en el caso del
Seguro Social.
La
implicancia del sector público y el sector privado en el caso del
Seguro Social es muy clara, muy nítida y hay suficiente actividad
probatoria para sostener esto en los tribunales.
PD – ¿Todos los implicados en el Seguro Social van a terminar en la cárcel y sus bienes decomisados?
JJM –
Lo que tenemos hasta el momento son 15 casos judicializados y más de 40
investigaciones que no han sido judicializadas. El objetivo es reforzar
lo que tenemos de manera apropiada desde el punto de vista jurídico.
Esto implica que el señor Mario Zelaya tenga y este sujeto a las responsabilidades penales por los delitos que cometió.
En
los demás casos hay que ver el nivel de expansión que tiene el caso del
Seguro Social, es un megacaso de una dimensión muy grande que ha
generado muchos recursos robados al Estado, pero que tiene una red de corrupción que nosotros tenemos ya mapeada en los trabajos que tenemos con la fiscalía.
En
las líneas de investigación abiertas ver cuáles son los aspectos de
investigación que se requieren para poder identificar a toda la
organización.
Pero debemos tener herramientas jurídicas que permitan avanzar en la investigación.
Una de esas es la
Ley de Colaboración Eficaz que en breve presentaremos al Poder
Ejecutivo a efecto que el Fiscal tenga la posibilidad de “poder negociar
con alguno de los implicados” en
casos de corrupción de que si brinda información sobre los demás
miembros de la organización criminal, que participaron en el latrocinio
del Seguro Social, se pueda ver la posibilidad de reducirle la pena o
exonerarlo de responsabilidad penal, dependiendo de las pruebas que
presente.
Los
casos de Colaboración Eficaz buscan encontrar a todos los miembros de
la organización y con eso probar su dimensión importante y esa
herramienta Honduras no la tiene.
PD – ¿Además del Seguro Social hay otros casos en que se concentrarán?
JJM –
Además del Seguro Social, hemos seguido muy de cerca, pero no
asumiéndolo, en el caso de Astropharma, donde nos preocupamos muchísimo
que se pudo haber archivado hace 15 días, afortunadamente el magistrado
de la Corte Suprema decidió que el caso siga y esto es importante porque
más allá de determinar si las personas involucradas son inocentes o
culpables, lo importante es el derecho a la verdad.
No es un caso que estamos asumiendo, pero si estamos siguiendo con mucha atención que también tiene varias investigaciones.
Con
la Fiscalía tenemos una amplísima colaboración, el fiscal (general
Oscar Fernando Chinchilla) nos ha abierto las puertas, estamos
trabajando muy bien con la Unidad de Apoyo Fiscal, con unidades
especializadas y el director de fiscales y eso es muy bueno porque nos
permite una fluidez en la relación.
Nos
comparan mucho con la CICIG de Guatemala, cuando la CICIG entró al país
(guatemalteco) hace 10 años tuvo serios enfrentamientos con la Fiscalía
y con el Poder Judicial.
Estuvieron dos años en constante conflicto, cosa que no sucede con la MACCIH.
Y en menos de tres meses conseguimos los fondos para trabajar.
PD - ¿A qué se debe el idilio con la CICIG y no con la MACCIH?
JMM –
Tal vez estamos comunicando poco, pero estamos haciendo muchas cosas al
interior, pero si la gente se informará más tal vez quizás tendrían
otra opinión.
En tres meses (llegamos el 19 de abril) hemos avanzado.
Planteamos la creación de la instancia de la Jurisdicción Nacional de la Anticorrupción, eso ya es ley.
Construimos
el mecanismo de elección de dos circuitos judiciales, uno en
Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula que se distribuirán las
competencias territoriales.
La
MACCIH participará en la selección de los jueces, así como de los
tribunales de sentencia y las cortes de apelaciones y los equipos que
los acompañarán, son las personas que harán el cambio.
Unidades especializadas que permiten trabajar de manera especial, ya verán el cambio que generarán cuando comiencen a trabajar.
El
cuarto punto es lo acordado con la Procuraduría General que los casos
de corrupción no sean conciliados.
En Honduras la ley permite que una persona acusada de corrupción devolver al Estado lo robado y no ser procesada penalmente, eso se acabó. Los casos de corrupción la Procuraduría no va a proponer ninguna posibilidad de negociación con los delincuentes, es un cambio importante, para nosotros es un hito y estaremos vigilantes para que se cumpla. Por último, la ley de Financiamiento Electoral.
Me
ha tocado la parte más problemática e incomprendida que es armar la
Misión, la gente no le importa, quiere que los expertos vengan solitos.
|
JJM –
Nosotros venimos a hacer un trabajo en serio, la gente que está
llegando a la Misión son personas preparadas, con mucha experiencia, con
horas de vuelo.
Nuestra
organización tendrá la principal apuesta de recursos en el área la
investigación, vamos a tener 25 expertos internacionales que van a venir
a trabajar en 100 por ciento, fiscales internacionales, analistas
financieros, forenses financieros, peritos, investigadores.
El
equipo de investigadores marcara una pauta importante en la forma de
hacer investigaciones en el país, a diferencia de la CICIG que
desarrolla un modelo muy autónomo por sus diferencias con la Fiscalía,
en nuestro caso tenemos un trabajo conjunto, equipo MACCIH y equipo de
la Fiscalía, trabajamos con un equipo certificado de fiscales.
La
idea es que podamos desarrollar métodos de investigación que no se
utilizan en Honduras. En Honduras se usa mucho la prueba testimonial
para probar el delito. La idea es tener pruebas documentales, los
corruptos usualmente tienen contabilidades paralelas, los flujos de
caja, las operaciones bancarias y financieras.
En ese sentido el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera es muy importante para los trabajos de la MACCIH en el país.
El
gran aporte de la Misión en sus cuatro años será el desarrollo
tecnológico de un sistema de investigación de delitos económicos que
puede servir mucho para que la impunidad se reduzca drásticamente en
delitos financieros.
La
labor de la cooperación es implementar y fortalecer capacidades del
país para que enfrenten solos los desafíos y nuestra Misión tiene ese
propósito.
Nuestra
capacitación no se hará en las aulas, sino haciendo e investigando, eso
transmitirá mucho conocimiento y permitirá que otras unidades de la
Fiscalía tengan esta formación y capacitación.
|
No
partimos de cero, la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía tiene
mucha capacidad. La Fiscalía tiene órganos que han demostrado bastante
experiencia y capacidad y lo que queremos es construir algo más sólido.
¿PD - Quieren reformas en la ley que regula el financiamiento electoral?
JJM –
Venimos trabajando el tema desde el primer día que llegamos les
anunciamos el propósito de la Misión y en el ámbito político uno de los
temas más importantes es el financiamiento y fiscalización de fondos
partidarios.
En
las próximas dos semanas promoveremos un debate en el país para que
esta iniciativa sea presentado al pleno del Congreso los próximos días
para que pueda discutirse y aprobarse antes del 11 de septiembre.
rabajamos con líderes políticos, con los jefes de bancada y estrechamente con la Comisión de Asuntos Electorales.
Tenemos un borrador de proyecto de ley de más de 70 artículos que tiene una serie de innovaciones para el país.
Honduras viene discutiendo el tema del financiamiento de los partidos hace más de 15 años.
Ustedes
tienen una ley que regula el artículo 82 el tema del financiamiento,
pero no ha tenido eficacia, porque no ha tenido un efecto práctico, las
reglas del financiamiento que están en la ley han tenido cumplimiento
parcial en todo caso, el financiamiento se paga con la llamada deuda
política, pero no ha habido eficacia en la entrega de información,
porque si vemos las obligaciones de transparencia que existen en
partidos, si no me equivoco todos han salido jalados (aplazados) por
parte del Instituto de Información Pública, no están informando de los
balances de sus cuentas.
La
idea de esta ley es que todos los partidos, movimientos y candidatos
informen a una nueva oficina que se llama la Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización, unidad adscrita al TSE.
La gran novedad de esta unidad, es que su titular va a conducir los procesos que va a tener esta oficina.
Esta
unidad va a poder recibir la información, revisar los estados
financieros, revisar la información y poder cotejarla, va poder emitir
sanciones a los partidos, movimientos y candidatos que presenten
informaciones erróneas, equivocadas, falsas o que simplemente no
presenten información.
Las
sanciones van a ir desde multas, multas sucesivas y si permanece en
recurrencia, la no entrega de la información, hasta la cancelación de la
inscripción del partido político.
Por
primera vez se están estableciendo topes a los aportes y topes de gasto
de campaña. Honduras no tenía topes ni en uno ni de otro, por primera
vez se está planteando esto. Por primera vez se está regulando lo que
sucede con los aportes en especies, normalmente se da dinero, pero
también se da al candidato, buses, gasolinas, alimentación, orquestas y a
veces no se contabilizan, bueno ese es un aporte y se va a
contabilizar.
http://www.proceso.hn/component/k2/item/130483-ademas-de-carcel-los-corruptos-deben-indemnizar-al-estado-en-caso-ihss-maccih.html
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