viernes, 26 de agosto de 2016

Gobierno hondureño admite fracaso en brindar seguridad a la educación nocturna // En seguridad: ¿Dónde quedó la valoración por resultados?

Arabeska Sánchez
Por: Redacción CRITERIO 
redaccion@criterio.hn  
Tegucigalpa.- 
h El gobierno hondureño al cerrar las jornadas nocturnas de los colegios,  está admitiendo su fracaso en brindar seguridad a los estudiantes de esa jornada  y está admitiendo que la estrategia fracasó.
Arabeska Sánchez
Lo anterior lo manifestó la experta en criminología, Arabeska Sánchez,  quien puntualizó que las autoridades del presente gobierno nos están diciendo que toda esa estratagema que se había desarrollado a partir de esos planes cuadrantes que habían estimado para el distrito central, no están dando los frutos que se esperaban.

Para el caso,  haciendo el análisis de la ubicación de los centros educativos cerrados, refleja que en su mayoría corresponden a la zona de Comayaguela en las zonas que corresponden al cuidado de la policía escolar y de la policía comunitaria AUMEP 2, AUMEP 3 y hay también unos centros que corresponden a la AUMEP 4 que están ubicados en la colonia Kennedy en el barrio El Manchen y en el barrio Belén.

“Al final,  aunque se había anunciado que la medida era para la seguridad pública y la seguridad ciudadana, llama la atención que la Kennedy siendo una colonia que tienen la infraestructura de la DPI, de la Policía de Tránsito y varias postas policiales porque es una colonia grande, no se libra del cierre de centros educativos”, analizó Sánchez.
Sánchez,  es del pensamiento que lo peor que podría pasar es que esa medida de cerrar los centros educativos se haga efectiva porque más de 14 mil jóvenes que viven en esas zonas, están quedando sin acceso a la educación.

Otro elemento que hay que verificar es,  cuál es la política de seguridad que está implementando el gobierno porque no está llegando el mensaje directo que prefieren cerrar los centros educativos que establecer una redefinición de una política de seguridad que se ha vendido planteado.
Señaló que se debe poner más énfasis en los temas de prevención que le permitan a toda la población vulnerada de sus derechos, tener acceso a la educación.

Agregó que,  la mayoría de esa población que asiste a las jornadas nocturnas, trabaja y estudia y están quedando sin la oportunidad de estudiar, aduciendo el gobierno que se hace por razones de inseguridad y porque hay problemas de transporte público, pero tampoco logran resolver el problema de las extorsiones al sector transporte.

“Esto, según mi opinión, sería solo el inicio de unas medidas generalizadas que se están comenzando a tomar desde la visión policía de la seguridad por no comenzar arduamente en estratagemas de la prevención”, apuntó finalmente la experta. 
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En seguridad: ¿Dónde quedó la valoración por resultados?

Por: Arabeska Sánchez
redaccion@criterio.hn
arabeska-sanchez1Tegucigalpa.-Haciendo una breve revisión de la inseguridad hacia la niñez y la juventud, inevitablemente encontramos esas cifras que indican que esta violencia no es sólo asunto de percepción, se observa así que entre 2007 y 2015, fueron asesinadas un total de 25,125 personas que no lograron cumplir sus 30 años de edad (2,080 mujeres y 23,045 hombres).
Por otro lado, en el tipo de violencia  sexual, se registran 17,744 víctimas en los últimos ocho años, entre los cuales 15,786 corresponden al sexo femenino, indicando que las niñas entre los 10 y 19 años son las que más sufren este abuso. Además del maltrato de niñas y niños en el interior del ámbito familiar nos encontramos con 4,210 casos.
Tampoco pasa desapercibido el último informe de violencia contra estudiantes del Observatorio de la Violencia, que arroja resultados preocupantes sobre el asesinato de 1,183 estudiantes, que entre el enero del 2010 y el primer semestre del 2016, perdieron su vida; desmitificando por un lado el hecho de que sólo aquellos que tienen un historial delictivo son víctimas de homicidio en el país (mito que no justifica en nada los homicidios ocurridos hasta ahora).
Aquí se trata de estudiantes de niveles primario (124), secundario (624) y superior (160) y otros sin dato preciso en el nivel educativo (275), que han sido víctimas de esa violencia homicida que terminó arrebatando la vida a estas jóvenes promesas del país.
Así  el nivel de inseguridad generalizado comienza a afectar de forma directa el sector de educación; una expresión clara de ello ha sido el anuncio emitido por las autoridades de educación del presente gobierno que desde enero de 2016, se han venido emitiendo sobre el cierre de más de 25 centros educativos en el país; pero ha sido durante la tercera semana de agosto cuando la medida ha sido más contundente para once centros que se ubican en el municipio del Distrito Central, siete en Tegucigalpa y cuatro en Comayagüela.
El gobierno a través de la Secretaría de Educación ha justificado el hecho argumentando razones de inseguridad de los estudiantes y problemas de transporte público, sin embargo  la contradicción con los “logros” que mensualmente publicita el gobierno en temas de seguridad no pasa desapercibida.
Mientras que por otro lado las cifras de la violencia contra la niñez y la juventud son claros indicadores que tiran de cualquier velo publicitario a la hora de medir los resultados concretos de la política de seguridad implementada.
Entre los elementos de análisis se encuentra aquella ruidosa estratagema de seguridad por cuadrantes en donde el Municipio del Distrito Central se dividió en términos de planificación en cuatro cuadrantes y cada uno de ellos tendría su propia UMEP (Unidad Metropolitana Policial), cada una de ellas sería responsable por la seguridad pública del territorio asignado y tendría una evaluación por resultados; también aquella otra estratagema denominada “Policía Escolar” en donde 60 mujeres policías fueron asignadas a 25 centros educativos y sin tener formación clara de lo que seguridad escolar significa, terminaron cuidando de los perímetros de los edificios a la par del vigilante del lugar, sin comprender lo que significa protección y atención de quienes asisten diariamente a esos centros de enseñanza.
Y qué decir de aquellas otras dos  estratagemas sobre “guardianes de la patria”, a cargo de las fuerzas militares y el programa policial antipandillas “Great”, a cargo de la policía, o de la famosa “policía comunitaria”; en fin, podríamos mencionar una serie de artificios publicitarios que no han servido más que para justificar el gasto del mayor presupuesto que este país ha tenido en el rubro de la seguridad para la última década.
En el Presupuesto Nacional, está contemplado el fondo de la tasa de seguridad poblacional (tasa de seguridad), la cooperación externa, las donaciones privadas,, pero nada parece ser suficiente para que la niñez y  juventud puedan desarrollarse de manera integral y haciendo ejercicio efectivo de sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, sobre todo aquellas que invocan los artículos 119 y  123, acerca de la obligación que tiene el Estado de proteger la infancia y velar por sus derechos y de proporcionarles seguridad social y educación.
A juzgar por la manera de resolver la inseguridad en los once centros que serán cerrados, parece que esto solo ha quedado entre las páginas de la olvidada Carta Magna sin que haya podido llegar a la conciencia de los personajes de la política nacional, responsables de llevar estos mandatos sobre “el interés superior de la niñez” a la práctica; bloqueando así el acceso a la educación de más de 14,000 estudiantes de once barrios y colonias, antes que establecer políticas de seguridad más humano centristas. ¡Qué vergüenza señores! 

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