Javier Suazo
ALAI
AMLATINA, 19/07/2016.-
Más de 4 meses han
transcurrido desde la fecha (2 de
marzo de 2016) que fue asesinada la líder ambientalista y de
derechos humanos,
Bertha Cáceres. El gobierno de la República dio captura y puso a
la orden de
los tribunales de justicia a los autores materiales del crimen,
no así, y esta
es la percepción de la población hondureña y de organizaciones
defensoras de
derechos humanos, a los autores intelectuales.
El 2 de mayo de 2016, el
periodista defensor de
derechos humanos y miembro del Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP),
Félix Molina, sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. El
periodista
había denunciado que detrás del atentado a la lideresa indígena
podrían estar
involucrados los financiadores y directivos ejecutivos de la
Empresa
Hidroeléctrica “Agua Zarca”.
Y esta es quizá la principal
justificación para
que defensores de derechos humanos y ambientales pidan la
profundización de las
investigaciones sobre el crimen, y a los órganos del Estado la
captura de los
responsables como autores no visibles del mismo.
Los familiares de Bertha
Cáceres han pedido al gobierno
de Honduras permitir una Comisión independiente de la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos para que investigue el caso, ya que dudan de la
buena fe y
efectividad de los órganos del Estado coludidos en su mayor
parte con la
corrupción y el narcotráfico. Igual llamamiento han expresado
altos
funcionarios de la Unión Europea, la Embajada de EEUU, el
Consejo Pontificio
del Vaticano sobre la Paz y la Justicia y connotados actores de
cine y líderes
mundiales. Todavía no se ha recibido una respuesta favorable,
más bien se
denuncia por los familiares la contaminación del caso y la
renuencia a permitir
un conocimiento detallado de las investigaciones por las
organizaciones de
derechos humanos.
El 14 de junio de 2016,
frente a esta renuencia del
gobierno de la Republica, cuatro (4) congresistas demócratas
presentaron a la
Cámara de Representantes en EEUU un proyecto de Ley denominado
Ley Bertha
Cáceres “para suspender la cooperación militar y la ayuda en
materia de
seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las
violaciones de
los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y
hasta que los
responsables de estas violaciones sean llevados ante la
justicia”. Solicitan
que se investigue no solo el asesinato de Bertha Cáceres y el
atentado a Félix
Molina, sino también los asesinatos de Joel Palacios Lino y
Elvis Armando
García ligados a la comunidad garífuna, y el asesinato de más de
100 activistas
campesinos en el Valle del Aguan. La ayuda del gobierno y pueblo
de EEUU será reactivada
solo si el gobierno hondureño enjuicia exitosamente a los
militares y policías
involucrados en estos hechos, igualmente a los autores
intelectuales.
La aprobación de la Ley
Bertha tendría un impacto
directo en el presupuesto de las FFAA y Policía Nacional de
cerca de 25
millones de dólares de ayuda y cooperación directa de EEUU, y
cerca de 60
millones de dólares de la banca multilateral, en especial del
BID, donde EEUU
actúa como aval. Exige que el Ejército se retire de las tareas
que realiza la Policía
Nacional tal como manda la Constitución de la Republica, proteja
los derechos
de periodistas, sindicalistas, campesinos, activistas de
derechos humanos,
afro-indígenas, LGBTI y opositores al gobierno, y el
restablecimiento del
estado de derecho depurando los órganos del Estado responsables
de tanta
corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de derechos
elementales del
ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta
pública.
Es poco probable que esta
Ley tenga la acogida deseada
y sea aprobada, aun cuando las evidencias e informes de
organismos de derechos
humanos demuestran un relación directa y determinante entre el
fortalecimiento
de las FFAA y Policía de Honduras y aumento de las violaciones
de derechos
humanos y ambientales y negocios ilícitos producto del
narcotráfico. También se
demuestra los altos niveles de corrupción e impunidad de los
órganos encargados
de impartir justicia, los que se han visto favorecidos con los
recursos
asignados por EEUU y la banca multilateral a la traída reforma
de la seguridad
publica en Honduras, donde todos los intentos han fracaso con un
creciente
desperdicio de recursos financieros en un país cuyo pueblo sigue
sumido en la
pobreza extrema, ignorancia y el caos político.
En este fracaso destaca la
liquidación de la Comisión
de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y el eventual cierre
de la Dirección
de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que
funciona sin
estructura operativa y presupuesto.
El presidente Hernández
denunció en Washington que
organizaciones de sociedad civil tergiversan información sobre
la situación de
los derechos humanos en Honduras y la entregan a congresistas y
senadores, con
lo cual le hacen mucho daño al país; sin embargo, la evidencia
empírica y los
estudios realizados por instituciones u organizaciones de
derechos humanos
internacionales documentan estas violaciones sistemáticas donde
se involucra a
militares y policías. Aunque la Ley Bertha Cáceres no se mete
con los fondos
asignados al Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) ya que es
una iniciativa de
EEUU con los presidentes del Triángulo Norte (patio trasero) de
Centroamérica:
Honduras, Guatemala y el Salvador, por un monto inicial de 750
millones de
dólares, es evidente que hay una relación directa en los temas
de narcotráfico,
seguridad regional y gobernabilidad democrática. Incluso el
vínculo también
existe en el tema económico, donde se apuesta a la generación de
empleos
productivos siendo una de las intervenciones importantes la
generación de
energía eléctrica de fuentes renovables.
La Ley “Bertha Cáceres”,
aunque difícil de aprobarse
en EEUU, ha prendido las
alarmas en Honduras
donde se habla de una nueva legislación para proteger en forma
efectiva a los
defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas,
garífunas, periodistas,
miembros de la comunidad lésbica –gay y líderes de la oposición
política
hostigados por oponerse a la reelección presidencial, pero
también en los OFIs que
observan como miles de dólares son tirados al cesto de la basura
cuando no se
cumple con los objetivos de la reforma de la seguridad pública y
más bien se
fortalece la corrupción e impunidad dentro y fuera de los
operadores de
justicia.
Las alarmas también se han
prendido en los países que
conforman la UE, ya que la práctica de violaciones sistemáticas
de los derechos
humanos, ambientales, corrupción e impunidad es contraria a sus
principios de
creación y a la ejecución de programas y proyectos orientados a
promover la
gobernabilidad democrática en Honduras. Es por eso que se habla
de una Ley “Bertha
Cáceres” para Europa, que
incluso incorpore un principio de condicionalidad para la ayuda
bilateral
otorgada a Honduras, sujeto a la protección de los derechos
humanos, logros
sustanciales en materia de reducción de la corrupción e
impunidad y juzgamiento
de militares y policías involucrados en estos actos. Implica un
proceso de depuración
acelerada de los órganos del Estado como la Fiscalía, Corte
Suprema de
Justicia, FFAA, Policía y Tribunal de Cuentas.
Tegucigalpa, 19 de julio
de 2016
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de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/178906
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