Se trata de una Ley que el gobierno aprobará 21 años después de que el Estado de Honduras ratificara el Convenio 169 y de que, como nunca en la historia del país, se registraran conflictos territoriales en poblados indígenas, negros y no indígenas (que han dejado líderes y lideresas asesinados), propiciados por el fortalecimiento de una política de concesiones que ha puesto a merced de las grandes corporaciones internacionales y nacionales, los bienes naturales y comunales del país, de forma inconsulta.
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Alerta 29 julio 2016-1.pdf
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