Hoy se libró orden de captura contra tres defensores de la Educación Pública, que participan en las protestas sociales en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) situado en la ciudad de Choluteca, al sur del país.
Las nuevas víctimas de las autoridades universitarias, el Ministerio Público y fuerzas represoras que levantan perfiles de los líderes estudiantiles son, Adonis Jordiel Álvarez Soriano, Henry Orlando Rodríguez D’Vicente y Josué Nahún Gutiérrez Yánez.
Integrantes de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), apoyados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), han dado acompañamiento como observadores a los y las estudiantes en ese centro de educación superior, con el objetivo que no se violenten los derechos de los jóvenes, en este proceso que válido como parte del Libertad de Expresión.
Allan Torres, Ethels Corea, Marlon García, Diana Ruedas y Jareth Portillo han brindado ese apoyo y solidaridad a los universitarios del Sur, quienes al igual que los demás compañeros en los diferentes centros educativos solicitan la presencia de organizaciones defensoras de DDHH, ante las rondas de policías, militares y demás agentes represores que se dedican a intimidar y levantar perfiles de los manifestantes, para luego requerirlos.
De hecho, manifiesta la REDEHSUR, tras reunirse con los estudiantes, el vocero (que por seguridad se omite el nombre), les confió que fueron visitados por agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), lo que en vez de seguridad les provoca desconfianza.
En el CURLP, los estudiantes entregaron un documento en torno a sus demandas por una Educación Pública de calidad, a las autoridades universitarias el 23 de marzo pasado, pero hasta en eso violentan la Ley, ya que incumplen el artículo 80 de la Constitución de la República pues no se les ha dado una pronta respuesta a su petición.
La protesta en el sur, también es porque algunos estudiantes y docentes sufren de persecución por parte de autoridades universitarias y policiales, exigen un cese a la criminalización. El 18 de junio del 2015, fue asesinado el catedrático universitario Héctor Orlando Martínez Motiño, después de terminar su jornada de clases a las nueve de la noche. Un mes antes había denunciado amenazas a muerte, y días previos le habían notificado que era beneficiario de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado de Honduras fue incapaz de protegerlo, y su muerte sigue en la impunidad.
Entre las solicitudes de los estudiantes es que haya presencia permanente de organizaciones defensoras de derechos humanos de la zona, porque no se sabe si en algún momento un juez ordene desalojo y las autoridades atenten en contra sus vidas.
El lunes anterior seis jóvenes de Comayagua también fueron requeridos judicialmente, Rusbbel Barahona Ordóñez, Óscar González Madrid, Erick Silvestre Ortez, Enrique Barahona, Cristian Maudiel Bonilla, y Darlin Almendares.
En San Pedro Sula, la notificación de parte del Ministerio Público es contra Abner Ariel Santos Cárcamo, Bryan Edil Ochoa Villanueva, Marco Tulio Rubí Callejas y José Daniel Amaya, qquienes tienen medidas sustitutivas a la prisión entre ellas no acercarse a la UNAH-VS mientras sigan las protestas sociales y tienen audiencia inicial el 8 de julio
Y el pasado 7 de junio, fueron criminalizados judicialmente seis estudiantes en Tegucigalpa, tres de ellos mañana jueves tienen audiencia de presentación de imputado, después de dejar sin efecto la orden tras un recurso presentado por su defensa a favor de Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Isael Alonzo.
Quedando aun con la orden de captura pendiente, los estudiantes Josué Velásquez, Sergio Ulloa y Dayanara Castillo, que desde hace un año se fue del país por la misma persecución.
En el caso de los criminalizados en Tegucigalpa, cuatro de ellos tienen un proceso pendiente desde julio del 2015, por lo que son re victimizados acusándolos del mismo delito, y sin comprobar su presencia y en la Universidad hace dos semanas.
Según la orden judicial, todos son considerados responsables de Usurpación de un Derecho Real (detención de suelo o espacio de uso o dominio público propiedad del Estado)- en la UNAH, el cual tiene una pena de dos a cinco años de prisión.
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