Criterio.hn/26 mayo, 2016 |
Por: Andrés Molina
Cada vez que hay una protesta en las instalaciones de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) o en sus alrededores, las
autoridades universitarias responden con particular violencia en contra
de los jóvenes, cuyo único delito es demandar el respeto y cumplimiento
de sus derechos.
Es
común que ante el ejercicio del derecho de reunión y de protesta
social, las autoridades, suspendan actividades, cierren las aulas
universitarias y en algunos casos han permitido la ocupación militar y
policial del campus.
Las
autoridades en su visión represiva y autoritaria, no les importa que
la represión afecte la dignidad de las y los jóvenes o que Dios no lo
permita en una represión pueda morir algún joven a manos de los
militares y policías, por la exposición a los gases lacrimógenos.
Aunque
a muchos no les agrada la historia, en el marco del golpe de Estado de
2009 la joven Wendy Ávila falleció después alta exposición a los gases
lanzados por la policía el día 21 de septiembre en la sede de la
embajada de Brasil, donde se refugiaba el presidente Manuel Zelaya
Rosales.
Pero
¿quién ordena la represión en el alma mater?, en donde da la impresión
que no es el debate de ideas lo que prevalece, sino la visión militar,
donde con garrote y gas entran se pretende cambiar las ideas de las y
los jóvenes. Será desde Casa Presidencial o desde las máximas
autoridades que se da la orden criminal de reprimir con brutalidad.
Respecto
al uso desproporcionado de la fuerza que hacen gala los policías en la
Universidad, las Naciones Unidas han establecido que, “cuando la
respuesta policial consiste en el uso de la fuerza de forma
desproporcionada y no focalizada, sin atender a la magnitud de los
desórdenes que se trata de controlar, y sin distinguir a las personas
que provocan estos incidentes de manifestantes pacíficos; se vulneran
los compromisos internacionales asumidos por los Estados en materia de
derechos humanos”.
El
derecho a la protesta es la expresión máxima del ejercicio del derecho a
la libertad de expresión, garantizado en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (artículo 20) y en la Convención Americana de
Derechos Humanos (artículo13).
Los expertos han establecido que se trata de un derecho que nos ayuda a
mantener vivos los otros derechos, por cuanto cuando se amenaza o no se
permite la protesta se pone bajo riesgo o amenaza todos los otros
derechos que ha conquistado la sociedad.
Sobre
el ejercicio de este derecho la Corte Interamericana ha manifestado: “a
libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical
de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la
disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”.
El
Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación ha determinado que la
exposición a los gases que utiliza la policía nacional y el ejército
constituye un acto de tortura en contra de las personas.
*Andrés Molina
Periodista y defensor de los derechos humanos.
http://criterio.hn/quien-ordena-la-represion-alma-mater/
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