Escrito por Tomy Morales | Febrero 11 del 2016 Secciones: Libertad de Expresión
Tegucigalpa, Conexihon (C-Libre).- Cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron este miércoles en conferencia de prensa que la Ley de Clasificación de Documentos Oficiales relacionados con Defensa y Seguridad conocida como la “Ley de Secretos” sea declarada inconstitucional.
Tegucigalpa, Conexihon (C-Libre).- Cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron este miércoles en conferencia de prensa que la Ley de Clasificación de Documentos Oficiales relacionados con Defensa y Seguridad conocida como la “Ley de Secretos” sea declarada inconstitucional.
En
conferencia de prensa los directores del Comité por la Libre Expresión
(C-Libre), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de
Víctimas de Tortura (CPTRT), el Centro de Investigación y Promoción de
los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH) y el Observatorio Ecuménico
Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), consideraron que dicha
disposición legal transgrede el derecho de Acceso a la Información
Publica, establecido por la Constitución de la Republica, así como las
normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La
normativa, -indicaron-, violenta el ejercicio de la libertad de
expresión y es urgente remover este obstáculo legal que es utilizado
como censura previa.
“La MACCIH no podrá hacer nada”
Igualmente,
catalogaron que la ley fue puesta en práctica en el proceso de
selección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y
calificaron como falaz el hecho que el gobierno actual firmó el
convenio que crea la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en
Honduras (MACCIH), sin que el Congreso haya derogado entre otras, la
Ley Para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la
Seguridad y Defensa Nacional.
El
director de C-Libre, Edy Tábora, manifestó, en relación a la MACCIH,
que “no sabemos exactamente si van a tener esas facultades de peticionar
información directa porque el convenio dice que acompañaran al
Ministerio Publico”.
Tábora
expresó que el gran problema es que este ente no tendrá funciones
independientes de investigación, por ejemplo la información del
fideicomiso de la tasa de seguridad no podrán hacer nada, ya que no
tienen jurisdicción de la petición, porque de entrada la Ley de
Secretividad incluye restricciones a este organismo.
“La Ley de Secretos no tiene sentido”
“Creemos
que la Ley de Secretividad debe ser declarada inconstitucional en este
momento, porque no tiene sentido para los ciudadanos y ciudadanas que
exista un mecanismo que le genere las garantías constitucionales de
acceso a la información” reiteró el profesional del derecho.
Por
su parte la periodista, Sandra Maribel Sánchez sostuvo que “significa
seguirle apostando a un proyecto que no es nuestro, que lejos de
fortalecer al sistema de justicia por más certificaciones que le hagan
los jueces, los fiscales, el problema es que al final debilita al
sistema”.
Sánchez
afirmó que el problema esencial del sistema judicial hondureño es la
“corrupción y la politización”, quienes están en los puestos de decisión
en las instituciones y “eso no se resuelve con la MACCIH, debe de
reivindicarse la necesidad de derogar la ley, sencillamente por el
ejercicio ciudadano que debemos hacer”.
Su
comunicado cita que más allá de la competencia de la MACCIH el
Ministerio Publico debe investigar con independencia y al Poder Judicial
a sancionar, sin injerencia política, a todas y todos los responsables
de violaciones a derechos humanos, ya sean civiles o funcionarios
públicos, incluyendo los casos por delitos de corrupción.
Sistema penal
Asimismo,
denunciaron el uso del derecho penal para restringir la libre
divulgación de la información, ejemplificaron como se dimensiona de
manera individual y colectiva la violación a la libertad de expresión
como es el caso de Elvin Francisco Molina (33 años) por suponerlo
responsable de atentar contra el sistema financiero del país, quien hizo
uso de su derecho a la libertad de expresión en las redes sociales.
Molina
es ex empleado de Alimentos Continental y compareció ante los medios de
comunicación como vocero de ex trabajadores que protestaron exigiendo
sus derechos de pago de prestaciones; él fue presentado a los juzgados
acusado por el delito de divulgación falsa sobre instituciones
supervisadas, enfrentando una condena de reclusión de tres a seis años y
una multa de hasta 50 mil lempiras según el artículo 295 del Código
Penal.
Manifestaron
que la política de secretividad estatal violenta los principios
fundamentales de legalidad, proporcionalidad, taxatividad, división de
poderes, máxima divulgación y buena fe.
Denunciaron
que a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE) el
Estado de Honduras exhibe una política de secretividad que se extiende a
la información que se extiende a la información de la Corte Suprema de
Justicia, la Secretaria de Seguridad y Policía Nacional, Ministerio
Publico, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Dirección
Nacional de Investigación e Inteligencia, Fuerzas Armadas.
Paralelismo legal
Sostuvieron
que existe un paralelismo entre la Ley de Acceso a la Información
Publica y la Ley Para la Clasificación de Documentos Públicos
relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, la primera garantiza
el pleno acceso a la información pero la segunda restringe el mismo
derecho.
Finalmente,
exigieron a la nueva Corte Suprema de Justicia que sea electa que
decrete la inconstitucionalidad de la Ley Para la Clasificación de
Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/%E2%80%9Cley-de-secretos%E2%80%9D-debe-ser-declarada-inconstitucional-organizaciones
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