Ya he visto las tres primeras acciones. A las acciones de desprestigio contra los partidos y bancadas de la oposición política se ha unido UN SECTOR de la IGLESIA CATÓLICA Y EVANGÉLICA, aunado a la campaña de odio de ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Hago un llamado para que EL DEBATE se dé alrededor de como tener una CORTE de JUSTICIA, porque si algo le pasara a un familiar o al Congresista de la oposición sería trágico para la nación y ya sabríamos de donde provienen.
Wilfredo Mendez
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Galel Cárdenas
OSCURAS
ELECCIONES DE LA
CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
Y
LAS DECISIONES DEL PARTIDO
“LIBERTAD
Y REFUNDACIÓN”
Galel Cárdenas
La elección de una nueva Corte Suprema de
Justicia ha sido manipulada con el fin
de proseguir con el estado de impunidad frente a los casos de corrupción
desmedida del gobierno nacionalista, en el que se incluye el visto bueno del
poder judicial para la re elección. Se propone así un sistema judicial
prevaricado, donde deberá imperar el interés partidario de los partidos
tradicionales como reflejo de otros intereses pertenecientes al poder fático y
mediático.
De
este modo se proseguirá con un sistema de justicia completamente desnaturalizado y además eminentemente
politizado a favor de los intereses ya descritos y que corresponden a las
motivaciones originales que catapultaron el golpe de Estado. Así en esta
dirección existe una relación directa entre Golpe de Estado y Corte Suprema de
Justicia, organismo supremo judicial que durante los días previos al Golpe jugó
un papel activo para enjuiciar al presidente y legitimar después el artero
zarpazo a la Constitución de la República, desde ese momento histórico, la
Corte se coinvirtió en el sustento
jurídico de la impunidad nacional.
Fue
con este Poder del Estado con el cual
los diferentes gobiernos derivados de aquel acto inconstitucional gobernaron a
la entera satisfacción inmoral de las
fuerzas mediáticas y fácticas imperantes. Al enfrentar el mandato de la
Constitución referida a la elección oscura de un nuevo cuerpo de magistrados en
este Poder Estatal, el actual Presidente de la República pretende seguir
administrando la cosa pública con las garantías judiciales correspondientes a
sus desmanes y ambiciones políticas re reeleccionistas.
El
Congreso Nacional de la República en donde están representados los partidos
tradicionales, los nuevos partidos emergentes y los partidos denominados “dependientes”,
ha desplegado toda una gama de mecanismos de control de los votos para la
elección de los magistrados que habrán de integrar la nueva Corte Suprema de
Justicia hondureña.
Desde
tiempos
inveterados, los directivos del Congreso Nacional en complicidad con
los partidos tradicionales y demás otros pequeñas organizaciones
partidarias, han implementado el mecanismo de compra de conciencias y
voluntades políticas para emitir leyes contrarias a los intereses del
pueblo,
como además para aprobar, desde su potestad constitucional, todo aquello
que
asegure el sistema de impunidad y prevaricato que se ha desarrollado en
el Poder Judicial, actualmente dirigido por el
Partido Nacional, el Partido Liberal, la Unión Democrática y la
Democracia
Cristiana.
En
este ámbito de tenebrosos intereses proclives a la corrupción y la impunidad
correspondiente se ha institucionalizado un sistema de justicia prevaricado en
todas sus dimensiones.
El
Partido Libertad y Refundación (LIBRE) a través de su representación popular en
el Congreso Nacional, ha luchado insistentemente para cambiar la coyuntura de las fuerzas
dominantes.
Los
enemigos del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), concentrados en la cúpula
de la directiva del Congreso en contubernio con los otros partidos cómplices de
los intereses del Poder Ejecutivo actual, han desplegado los más sucios
mecanismos de soborno y cohecho mediante transacciones financieras a las
cuentas de los diputados convertidos en mercenarios políticos, todo ello con el
propósito de comprar los votos que de
pronto se transforman en mercancía política, con los cuales los procesos
electorales internos del Congreso Nacional se vuelven sucias maniobras de
maquiavélicas acciones de compraventa de las decisiones políticas.
Por
medio de esta estrategia, el Partido Nacional
ha sonsacado del seno de la bancada del partido LIBRE, al menos, hasta
ahora, siete diputados electos por la
soberanía popular electoral, comprados con dinero de las arcas nacionales.
Estos
diputados se han proclamado vergonzosamente como “bancada independiente”, y su
rol ha consistido en plegarse constantemente a los designios y líneas
políticas del Partido Nacional.
El
Partido LIBRE ha sido la organización partidaria que más ha sufrido el soborno
y la compra de sus representantes ante el Congreso Nacional. Ningún otro
Partido ha sido víctima de tan deleznable y asquerosa maniobra política.
El
Partido Libertad y Refundación basado en estos hechos irrefutables ha debido expulsar
a tales militantes convertidos en diputados del Congreso Nacional por la
voluntad de los electores hondureños simpatizantes de la enseña partidaria de
LIBRE, prohibiéndoles, a partir de tales momentos, el uso y representación del
nombre del Partido, y además la no
postulación a cargos de elección en los próximos comicios eleccionarios
generales en nombre del Partido LIBRE.
Es
necesario para proseguir en esta exposición revisar los conceptos básicos de
conducta ética que contienen los estatutos del Partido.
Por
ejemplo, en la declaración de Principios del LIBRE se muestra como norma fundamental la “honestidad y la
transparencia” y al respecto dice el articulado que LIBRE “velará porque sus dirigente y
miembros actúen con honestidad. De la misma manera plantea la organización de
un estado con manejo eficiente y transparente de los recursos, en el que una de
sus tareas prioritarias es el combate a la corrupción”.
Esta
base ética es fundamental para su
observación entre los militantes del Partido LIBRE ya que dispone velar porque
se cumplan tales conductas como una obligación de toda la membrecía que
corresponde, y sobre todo, además, actuar
con la transparencia necesaria para que todo recurso nacional financiero o partidario
no sea desviado para el enriquecimiento ilícito. El Partido LIBRE tiene sus
propios mecanismos para orientar y
evitar que tales hechos deleznables sucedan en su vida interior.
En
otro
de los objetivos establecidos en el Programa de Acción Política, en el
número cuatro, expresa lo siguiente: “Instaurar un estado de derecho
democrático, participativo, sólido y un aparato de gobierno moderno y
transparente; así como un sistema de administración de justicia
responsable,
imparcial, apegado al cumplimiento estricto de las leyes de la
República, sin
ataduras de ninguna índole a los intereses económicos particulares o de
grupos
específicos”.
Tales
preceptos implican lo que ha pregonado la Coordinación General del Partido, y es
erigir un sistema de justicia que sea imparcial, que siga el sendero
constitucional y el espíritu de las leyes con apego a la igualdad y a la
justicia, esencialmente. Esta discusión es precisamente el pivote que impulsa a
toda la organización partidaria representada en los diputados al Congreso
Nacional para elegir los magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
En
el artículo 13 de los estatutos se
establecen los deberes correspondientes a la militancia activa del Partido,
pero, en algunos de los incisos, hace énfasis en el comportamiento ético de sus
afiliados, por ejemplo el apartado g, manifiesta a continuación: “Combatir y denunciar toda
clase de corrupción, sin importar la esfera, fuerza política o económica en que
se realice”.
Este
inciso de orden moral plantea que todo miembro del Partido LIBRE debe observar
una conducta que sea proclive a luchar contra toda clase de corrupción en la
instancia donde se encuentre el miembro activo de la organización partidaria.
Si
los partidos tradicionales y demás otras estructuras partidarias que integran
las diputaciones del Congreso Nacional, proponen elegir magistrados a la Corte
Suprema de Justicia, con el afán de mantener el sistema prevaricado de justicia
nacional, todos aquellos militantes de la organización deben conducir sus
comportamientos políticos en derredor del cumplimiento imperativo de la norma
que proclama el combate y la denuncia contra la corrupción en cualquiera de sus
facetas públicas o privadas.
En
tal
sentido apoyar una nómina de magistrados que pertenecen a las filas de
los
partidos traspasados por el virus corrosivo de la corrupción es ya un
acto alienado
moralmente que el Partido LIBRE ha declarado denunciar y desenmascarar
en todas aquellas maniobras propensas a reafirmar
un grupo de magistrados comprometidos con el gobierno descompuesto y
putrefacto acusado de los más escandalosos actos de corrupción.
Y
es que los estatutos de LIBRE son más claros todavía en el inciso “m” del artículo
13 que acá se comenta, el cual dice a la
letra lo siguiente:” “Actuar con base en los valores y principios de la ética
revolucionaria, diferenciándose de la
práctica oportunista y manipuladora de los políticos tradicionales”.
Se
debe entender por ética revolucionaria a las prácticas militantes de carácter humanista donde los protagonistas
de la acción política estén comprometidos con la justicia social, que rechaza
toda conducta mercenaria de compra y venta de voluntades y decisiones
personales tendientes a enriquecer el oportunismo monetario de tipo personal,
olvidando los valores de la honradez, la honestidad, la solidaridad, la
colectividad y el supremo bien para todos los ciudadanos en menos cabo de sus
derechos esencialmente humanos.
Es
de hacer notar que la ética revolucionaria es concomitante con los valores de
honestidad y honradez de la colectividad que siempre anhela practicar el idealismo moral, la lucha por cambiar y
combatir el mundo de la injusticia y desigualdad. La colectividad ética
propone un mandato comunitario de
altísimo grado moral.
Se
habrá de entender por moral al conjunto
de normas sociales que se transmiten de una generación a otra, y la ética por
su parte habrá de ser el grupo de principios
que procuran el bien colectivo y no personal, en el que prevalece la justicia,
la equidad y la solidaridad a favor de la mayoría del tejido social.
Aristóteles
expresaba con relación a estas dimensiones valorativas que no existe
conocimiento ni voluntad que tenga por objeto el mal.
Por
ello, el bien habrá de ser uno de los objetivos del ser humano, en tal caso es
una conducta que se caracteriza
porque procura el bien excelso, mientras
tanto que los comportamientos tendientes a implementar la perversión, la
malignidad, o el valor venal que consiste en convertir toda conducta en un valor de cambio,
es decir, en un valor que se puede comprar o vender, las cosas tienen una valor
enajenado o alienado porque no valen por sí mismas (valor de uso) si no porque
se intercambian como mercancías valoradas por el importe del dinero, el
favoritismo, los privilegios, la traición y la deslealtad. En este caso, las conductas o los
comportamientos políticos, se convierten
en objetos fetichizados por la asignación del valor venal.
Marx
dice al respeto: el valor venal pide el que le ofrece y ofrece al que le pide. Este
concepto marxista que se desarrolla en el texto “Miseria de la Filosofía” es un
poco denso, pero la frase “pide el que le ofrece” significa que ante la oferta
venal pide la recompensa correspondiente.
Así mismo la expresión “ofrece al que
le pide”, significa que el mismo sujeto
ofrece su venalidad a cambio de la solicitud
que le compra su conducta.
Por
esa razón el inciso “m” del artículo 13 atraviesa de algún modo todo el
andamiaje normativo de los estatutos de LIBRE.:”actuar con base en los valores
y principios de la ética revolucionaria” y para mayor claridad recalca el
inciso en que las conductas éticas revolucionarias se diferenciarán de la
práctica oportunista y manipuladora de los políticos tradicionales.
En
relación con tales principios deontológicos (la Deontología es la ciencia que
estudia lo conveniente, lo debido de acuerdo con los imperativos categóricos,
vistos estos como mandamientos de la razón que procura el bien), son
expresiones de la filosofía de la práctica del bien, que reflexiona sobre las
acciones morales de los hombres. Los seres humanos poseen un código moral
colectivo cuyas aplicaciones se practican entre los miembros de la comunidad.
De
algún modo y con la sabiduría que caracteriza a Aristóteles, el filósofo dice
que la moral sólo puede formar parte de la política. Así que sentencia lo que
sigue: “En Política no es posible practicar cosa alguna sin estar dotado de
ciertas cualidades, quiero decir, sin ser hombre de bien. Pero ser hombre de
bien equivale a tener virtudes; y por tanto, si en política se quiere hacer
algo, es preciso ser moralmente virtuoso. Esto hace que parezca el estudio de
la moral, como una parte y aún como el principio de la política, y por
consiguiente sostengo que al conjunto de este estudio debe dársele el nombre de
política más bien que el de la moral” (Etica, La Gran Moral, en Aristóteles,
obras selectas, Edimat Libros, España, 2012, pp. 325 y ss).
También
el
artículo 13 de los estatutos de LIBRE, referido a los deberes de los
miembros de LIBRE, establece en su inciso k, el siguiente
mandato: “Cumplir los acuerdos y resoluciones que conforme a estos
estatutos
adopten los organismos y autoridades de Libertad y Refundación (LIBRE)”.
Teniendo
el
antecedente ético que se ha descrito anteriormente, todos quienes gozan
de
la membrecía de LIBRE están obligados a satisfacer las demandas del
espíritu de
este inciso k. Así que lo ciudadanos que están inscritos en el censo de
LIBRE y
esencialmente, aquellos que por el Partido asumieron cargos electorales
a raíz de los comicios pertinentes, tienen una doble obligación de
observar toda la normativa moral y ética que en los Estatutos se
prescriben.
El
artículo 14 y 15 en relación con los deberes de la membrecía, señala que las
habilidades y prohibiciones se aplicarán de acuerdo con las leyes que
corresponden, y ante las contravenciones de los miembros, se aplicarán sanciones por parte del organismo
denominado Tribunal de Honor. Seguidamente el Partido LIBRE legisla sobre la
pérdida de la membrecía cuando se presenten los casos de muerte, renuncia o
falta grave comprobada por el Tribunal de Honor.
El
Título IV, De la estructura Organizativa, capítulo VIII, páginas 84-85, pertenece
a la descripción y funciones del Tribunal de Honor. Este
capítulo VIII contiene siete artículos que van desde el número 50 hasta el 56.
Refiere
el artículo 50 que el TH es un órgano colegiado
que es responsable de conocer la conducta ética y el comportamiento
político de las y los miembros de Libertad y refundación.
Así mismo establece
que este órgano observará la disciplina
y aplicará sanciones contra aquellos miembros que violenten sus Estatutos, la
declaración de los Principios, Reglamentos y demás disposiciones que hayan
emanado de los órganos gubernativos de LIBRE.
El
artículo 51 establece que el TH es
independiente de la demás órganos directivos del Partido, también refiere que
deberá actuar de oficio cuando los integrantes de este órgano tengan
conocimiento de los hechos irregulares, o al menos por medio de la petición de
cualquiera de las instancias de LIBRE, y hasta de cualquier medio, hombre o
mujer que formulase la denuncia.
Según
el artículo 52 el TH estará integrado por siete miembros, que serán electos en
Asamblea Nacional Ordinaria, por un período de cuatro años.
Se
desprende entonces de los artículos referidos que los miembros del TH deberán
observar las conductas de los miembros para enmarcarlas en los parámetros de la
ética, y a la vez deberán observar los comportamientos políticos a fin de
deducir responsabilidades cuando el caso así lo requiera.
Es
de hacer notar que este órgano colegiado e independiente de las estructuras
directivas de LIBRE, puede actuar de oficio cuando así lo requiera el caso
anómalo de la membrecía. Pero a la vez
el TH impondrá sanciones contra aquellos que violenten las normas partidarias.
Así,
bajando de lo general a lo concreto, el caso de la elección de la Corte Suprema
de Justicia, ante cuyo evento jurídico electoral legislativo, el Partido LIBRE
ha tomado la decisión de no votar por las nóminas propuestas por las comisiones
nominadoras correspondientes, por considerar que todo el proceso está
trasuntado de corrupción; la propuesta
de LIBRE es que se transforme todo el sistema de elección del órgano esencial
del Poder Judicial.
Por
ello, la dirigencia de LIBRE junto a su bancada tomaron la disposición de votar
con un no en el proceso electoral interno del Congreso Nacional.
De
la bancada de LIBRE que hasta cierto momento sumaban 31 diputados, surgió
sospechosamente la disidencia de dos congresistas, Esdras Amado López y Denis
Sánchez, quienes ante los medios de comunicación expresaron que eran
independientes en sus decisiones políticas y que no iban a seguir la línea acordada por las
autoridades y los diputados de LIBRE.
Inmediatamente
entraron en desacato al articulado número 13, inciso k de los estatutos
partidarios que mandan cumplir con los acuerdos y resoluciones que adopten los
organismos y autoridades de LIBRE. Con lo cual violaron las disposiciones
imperativas estatutarias. Al tiempo que
desconocieron el contenido del mismo artículo mencionado, en el inciso g, que
manda a combatir y denunciar la
corrupción sin importar el contexto en
que se desarrolle.
Tanto
por la televisión como por la radiodifusión se han publicado los hechos de financiamiento sombrío de los partidos
tradicionales, que usando los recursos monetarios de las arcas nacionales, han
depositado en cuentas particulares de diputados, en bancos ya denunciados, el precio de sus
conductas políticas anti éticas.
Ninguno
de los diputados que han salido de las filas de LIBRE, incluyendo a Esdras Amado
López (que ha expresado públicamente su
aspiración de formar otro partido), han denunciado los procesos de enajenación de las
normas éticas que desde el mismo gobierno se han incentivado.
El
TH del Partido no ha tenido otro recurso que conocer los actos anti éticos de
los diputados ya conocidos y proceder a la aplicación de los estatutos contra
aquellos representantes de LIBRE y del pueblo hondureño que violentaron los
parámetros morales que detenta esta
organización partidaria, que propone la refundación del país, combatiendo todas
las formas y contenidos de la corrupción generalizada que impera en la nación y
que protagonizan el Partido Nacional, el Partido Liberal, la Democracia
Cristiana y la Unión Democrática, contribuyendo con tales acciones a
profundizar los grados de impunidad sistematizada que la Corte Suprema de
Justicia de Honduras pasa por alto y promueve por omisión y acción la más
degradante conducta corrupta que en la historia contemporánea haya
experimentado el pueblo hondureño.
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