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Por: Redacción CRITERIO 20 de Diciembre 2015
Tegucigalpa.-Estados
Unidos condiciona la entrega de los fondos que le corresponden a
Honduras, en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad, a la
instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI).
La
condicionante está plasmada como una “sugerencia“en la Ley de
Presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense el pasado viernes 18
de diciembre cuando se aprobó el otorgamiento de 750 millones de
dólares para el Triángulo Norte de Centro América.
CRITERIO
tuvo acceso al documento y constató que en el numeral 6 de la página
229, se establece que en Honduras se debe promover y reforzar la
democracia, incluyendo la implementación de reformas para mejorar el
profesionalismo judicial en cooperación con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la
Comisión Internacional Contra la Impunidad, “como es apropiado”, reza el
texto.vi) protect and promote democracy, including implementing reforms to protect the independence and improve the profes- sionalism of the judiciary, and cooperating with the Inter-American Commission on Human Rights, the InterAmerican Court on Human Rights, and international commissions against impunity, as appropriate;
Aquí puede ver la copia de la Ley de Presupuesto de EE.UU. en su versión inglés: https://www.congress.gov/114/bills/s1725/BILLS-114s1725pcs.pdf
La
condición de Estados Unidos podría considerarse como un camino a
seguir, luego del respaldo brindado al ente investigador en Guatemala a
cargo del comisionado de origen colombiano, Iván Velásquez.
El
decreto también hace la recomendación a El Salvador, a cuyas
autoridades también se les pide que se instale un ente parecido a la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). De ser
adoptada esta medida, sería tomada como un “avance” por las autoridades
del Gobierno estadounidense, especifica el texto que contiene 326
páginas.
El decreto detalla que se le autoriza al Gobierno estadounidense para que haga uso de los fondos destinados para los programas de seguridad regional en Centro América, y que sean invertidos para apoyar la instalación de comisiones internacionales contra la impunidad en El Salvador y Honduras. Los congresistas indican que estos entes deben tener “investigación, independencia y autoridades parecidas a las de la CICIG”.
En el caso de Guatemala, la sugerencia está enfocada en la continuidad y
fortalecimientos de la CICIG, ya que los congresistas ampliaron su
cooperación con este ente, pues para 2016 se les asignó US$7 millones
500 mil, US$2 millones 500 mil más que este año. Además aportarán US$4
millones para implementar tecnología forense en casos de investigación
criminal.
Según
la Ley de Presupuesto, las autoridades estadounidenses podrán detener
hasta un 75 por ciento la asistencia financiera, en caso que los países
no cumplan con los avances establecidos. Esto debido a que la donación
de fondos también es parte del Plan Alianza para la Prosperidad, el cual
tiene como principal objetivo disminuir la pobreza y aumentar las
oportunidades de empleo. Este plan es una estrategia para reducir la
migración de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños hacia Estados
Unidos.
El
ministro coordinador General de Gobierno de Honduras, Jorge Ramón
Hernández Alcerro, detalló que parte de los recursos serán destinados y
desglosados para programas de asistencia al desarrollo, de los cuales 93
millones serán para Honduras, Guatemala tendrá 112 millones; El
Salvador 65 millones y Nicaragua 10 millones.
Asimismo, informó que para el Fondo de Apoyo Económico se asignaron 183.5 millones de dólares, y 222 millones son para control internacional de narcóticos y aplicación de la ley, entre otros programas, hasta totalizar 750 millones de dólares.
Condicionamiento sutil
El analista político de Guatemala, Phillip Chicola, en una publicación del periodico.com.gt, consideró que lo establecido por los representantes estadounidenses en la Ley de Presupuesto, es una forma de “diplomacia blanda… o condicionamiento sutil”.
Asimismo, informó que para el Fondo de Apoyo Económico se asignaron 183.5 millones de dólares, y 222 millones son para control internacional de narcóticos y aplicación de la ley, entre otros programas, hasta totalizar 750 millones de dólares.
Condicionamiento sutil
El analista político de Guatemala, Phillip Chicola, en una publicación del periodico.com.gt, consideró que lo establecido por los representantes estadounidenses en la Ley de Presupuesto, es una forma de “diplomacia blanda… o condicionamiento sutil”.
Phillip Chicola
Según el analista, que además ha sido asesor del Partido Republicano de
Estados Unidos, la sugerencia de implementar un ente como la CICIG en
los tres países del Triángulo Norte era algo que ya se esperaba por el
apoyo que la embajada de la nación del norte le ha mostrado a la
Comisión, después de las investigaciones que señalan al expresidente
Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti como los
líderes de la estructura de defraudación aduanera La Línea.
Este último caso permitió que fuera más fácil la prórroga de la CICIG en Guatemala, explicó Chicola y añadió que en el caso de Honduras el instalar una Comisión sería más fácil, por las presiones que el presidente Juan Hernández tiene, tras ser involucrado en casos de corrupción.
Este último caso permitió que fuera más fácil la prórroga de la CICIG en Guatemala, explicó Chicola y añadió que en el caso de Honduras el instalar una Comisión sería más fácil, por las presiones que el presidente Juan Hernández tiene, tras ser involucrado en casos de corrupción.
La
instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad-Honduras
(CICIH) ha sido exigida en las calles desde mayo pasado cuando se
descubrió el robo de al menos 350 millones de dólares del Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de los cuales unos 94.000 mil
ingresaron a la campaña del ahora presidente hondureño, según lo
admitió el mismo Hernández, quien además prometió devolver los fondos,
provocando así el furor de los “indignados”, quienes en las
movilizaciones de las antorchas han pedido su destitución.
En
cuanto a El Salvador, el analista consideró que la prueba al presidente
Salvador Sánchez Cerén y su partido, el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMNL) está en la elección del Fiscal General de ese
país, porque autoridades estadounidenses ya han hecho público su
rechazo a la reelección del actual jefe de la Fiscalía General, Luis
Martínez.
http://criterio.hn/condicion-honduras-instalar-cicih-recibir-fondos-ee-uu/
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MACCIH se suspendió porque JOH no quiere una unidad de investigación y juristas internacionales
Por: Redacción CRITERIO/FACTum
redacción@criterio.hn
La
firma del convenio que daría vida a la Misión de Apoyo contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras, la MACCIH se suspendió porque el
Gobierno de Hernández envió, poco antes de la firma del convenio, un
último paquete de observaciones que excluían definitivamente la
posibilidad de crear, dentro de la MACCIH, una unidad independiente de
investigadores y juristas internacionales que apoyarían el Ministerio
Público hondureño en investigaciones de corrupción y dejaban a la misión
como una simple asesoría técnica.
El
Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández suspendió la semana
pasada un evento que había programado en Washington para firmar el
acuerdo con la Organización de Estados Americanos que da vida a una
misión especial anticorrupción.
A
última hora, la embajada hondureña en la capital estadounidense
suspendió el acto “por fuerza mayor”. Fuentes del Gobierno de Estados
Unidos, cuyo Congreso estudia la asignación de fondos de cooperación al
Triángulo Norte de Centroamérica, aseguran que la firma ha quedado en
suspenso porque Tegucigalpa insiste en “quitar los dientes” a la misión.
El Gobierno de JOH lo niega.
Una
misión especial de la Organización de Estados Americanos viajó de
emergencia el domingo 13 de diciembre a Tegucigalpa para volver a hablar
con el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández sobre la
instalación en el país centroamericano de la Misión de Apoyo contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras, la MACCIH.
El presidente Juan Hernández con Luis Almagro y el facilitador John Biehl
De
lo que pase en las próximas horas depende el futuro de una comisión
internacional pensada para combatir la corrupción que agobia al Estado
hondureño, y que quedó de manifiesto a inicios de 2014 tras las
revelaciones sobre desvíos de fondos del Seguro Social a la campaña que
llevó a Hernández a la presidencia. De lo que pase depende también la
asignación de los fondos de cooperación que Washington piensa otorgar a
Honduras, según han confirmado a Factum fuentes legislativas en la
capital estadounidense.
“El Senador Leahy fue fiscal antes de ser elegido para el Senado y él cree firmemente en la importancia de la independencia judicial, y apoya con firmeza a la CICIG en Guatemala. Él cree que para que el Gobierno de los Estados Unidos apoye la MACCIH esta debe de tener la integridad investigativa y de persecución del crimen, y la independencia de las autoridades comparables a la que tienen la CICIG. Dada la prevalencia de la corrupción, la violencia y la impunidad en Honduras, el pueblo hondureño merece esto y nada menos que esto.”-Tim Rieser, asesor de política exterior del Senador Patrick Leahy.
Se suponía que todo estaba listo para que el Presidente Juan Orlando
Hernández y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, firmaran el
pasado jueves 10 de diciembre el convenio que daría vida a la MACCIH.
Sin embargo, 72 horas antes del evento, la cancillería hondureña
suspendió la firma por eventos de “fuerza mayor” que nunca explicó.
Tres fuentes que han participado en las negociaciones para establecer la misión, dos en Washington y una en Tegucigalpa, aseguraron que el evento se suspendió porque el Gobierno de Hernández envió, poco antes de la firma del convenio, un último paquete de observaciones que excluían definitivamente la posibilidad de crear, dentro de la MACCIH, una unidad independiente de investigadores y juristas internacionales que apoyarían el Ministerio Público hondureño en investigaciones de corrupción y dejaban a la misión como una simple asesoría técnica.
Miembros
de Oposición Indignada, el grupo ciudadano que impulsó las marchas
multitudinarias que desde junio pasado, y que ha acusado abiertamente de
corrupción al Gobierno y ha pedido a la comunidad internacional que
presione a Hernández para que permita la instalación de un organismo
independiente, confirmaron el mismo lunes que se reunirían en
Tegucigalpa con la misión de la OEA para insistir en que no permita una
misión “sin dientes”.
Indignados
y otras Instituciones no oficiales que conocen de cerca la propuesta y
las negociaciones ya habían advertido, tanto en Honduras como en Estados
Unidos, sobre la posibilidad de que MACCIH no tuviese la cintura
política necesaria para emplazar a los funcionarios del Gobierno que
resulten embarrados en actos de corrupción.
“Hay
una creencia generalizada en Honduras de que la MACCIH es simplemente
un intento del Gobierno hondureño para evitar la formación de un ente
anticorrupción y anti impunidad similar a la CICIG”, escribieron el mes
pasado Eric Olson y Katherine Hyde del Wilson Center, uno de los tanques
de pensamiento de política exterior más respetados de Washington.
La
CICIG es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un
ente autónomo, financiado por Naciones Unidas, Estados Unidos y otros
países, que tiene capacidades de investigación y que, entre otros, ha
trabajado con la fiscalía guatemalteca los casos de corrupción que
terminaron en la destitución de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y
del expresidente Otto Pérez Molina.
En
un reporte titulado “Nueve preguntas y observaciones sobre el nuevo
mecanismo anticorrupción de Honduras”, Olson y Hyde también destacan el
tema de la independencia que la MACCIH tendrá del Gobierno hondureño,
así como de su credibilidad. “Muchos en el país creen que un cuerpo
investigativo es necesario para lidiar con la corrupción generalizada,
pero el Presidente Hernández prefiere ‘una solución hondureña’
caracterizada por un rol muy limitado de los investigadores
internacionales”.
En
una carta que enviaron a la OEA el 7 de diciembre pasado, tres días
antes del evento programado para la firma del convenio MACCIH, cuatro
miembros de Oposición Indignada expresaron varias “preocupaciones” sobre
la naturaleza de la Misión; entre ellas: “que la propuesta no incluya
un ente independiente de investigación…; el gobierno está solicitando a
la OEA que no haya un coordinador o jefe de misión, (lo que) nos parece
un error grave y una estrategia del gobierno para que no exista un
responsable directo que asuma la responsabilidad del éxito o fracaso de
la misión…”
Los
Indignados dicen haberse reunido ya con fiscales del Ministerio Público
que les han dicho que, tal como está la propuesta, el asunto terminaría
siendo una simple asesoría técnica y, aseguran, “el resultado de las
asesorías es que los casos siguen sin avanzar y que no dan los
resultados esperados…”
La abrupta suspensión
Consultada
respecto a las razones de la suspensión repentina del acuerdo entre la
OEA y el Gobierno hondureño que dará vida a la MACCIH, y a los motivos
que empujaron al ente interamericano a enviar una misión de última hora a
Tegucigalpa, una diplomática hondureña en Washington remitió a un
comunicado de prensa de la cancillería hondureña que intenta quitar
calor al asunto:
“El
Gobierno de la República recibirá en los próximos días un equipo de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para acordar y programar los
detalles de la fecha de suscripción del Convenio, las actividades y
protocolo de los actos de firma y la instalación de la MACCIH, el cual
será suscrito en enero de 2016, en la ciudad de Washington, DC…”, dice
un comunicado de prensa fechado en Tegucigalpa el de diciembre pasado.
Ni esa ni ninguna de las comunicaciones oficiales anteriores explican por qué la firma se suspendió.
El
primer correo electrónico había llegado el 1º. de diciembre. Lo enviaba
Sofía Cerna, primera secretaria de la Embajada de Honduras en
Washington. Como anexo venía la invitación: Arturo Corrales Álvarez, el
Secretario de Estado para Asuntos Externos y Cooperación Internacional,
requería “el placer de su compañía en la firma del acuerdo para
establecer la Misión Anticorrupción y Contra la Impunidad en Honduras
(MACCIH). El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el
Secretario General, Luis Almagro, firmarán el acuerdo”. La cita era el
jueves 10 de diciembre de 2015 de 10 a 10:30 de la mañana en el Salón de
las Américas de la OEA.
El
7 de diciembre, Sofía Cerna envió otro correo; en este venía como anexo
una nota en la que el Gobierno de Honduras, a través de sus embajadores
ante la Casa Blanca y la OEA, comunicaba que la firma del convenio
MACCIH se había suspendido “por motivos de fuerza mayor”, y anunciaban
que programaría un nuevo acto en enero próximo “cuando se convenga una
nueva fecha con todos los actores involucrados”.
No
es raro, en el mundo de la diplomacia, que estas cosas sucedan. Tampoco
es raro que explicaciones tan vagas como “fuerza mayor” o “motivos de
agenda” intenten justificar asuntos mucho más complicados.
Lo
complejo en este caso es, según todas las fuentes consultadas y los
análisis realizados en Washington respecto a la MACCIH por tanques de
pensamiento, la naturaleza misma del mecanismo anticorrupción. La MACCIH
que el Gobierno del Presidente Hernández quiere es una que sirva, solo,
para asesorar, no para investigar y mucho menos para montar casos
específicos contra funcionarios corruptos en los tribunales; mientras
que la MACCIH que pide la sociedad civil representada por Oposición
Indignada y ONG’s en Washington es una que, sin esas capacidades de
investigación, no tiene sentido.
“Los
niveles endémicos de corrupción e impunidad han contribuido a la
incapacidad del Estado de Honduras de satisfacer las necesidades de la
población y de construir instituciones transparentes”, dice, por
ejemplo, Adriana Beltrán, encargada del programa de seguridad ciudadana
en WOLA, otro influyente tanque de pensamiento en Washington. “La MACCIH
requiere que se le otorgue poder, autoridad y un fuerte liderazgo si
quiere tener éxito en generar las reformas profundas necesarias para
combatir la corrupción y la impunidad en el país”, añade.
El dinero en juego
Y
está, además, el asunto de los fondos para financiar el mecanismo
anticorrupción. En el proyecto de presupuesto para operaciones en el
extranjero que el comité de adjudicaciones del Senado aprobó en junio
pasado hay $673.5 millones reservados para financiar la Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte, y, en específico, $2 millones de
dólares reservados para dotar de fondos a la creación de un mecanismo
anticorrupción similar a CICIG.
Esa
adjudicación, cuya aprobación definitiva sigue pendiente en el Congreso
en Washington, está sujeta a que los países del Triángulo Norte cumplan
con algunas condiciones, como mejorar el combate a la corrupción que
es, según el Departamento de Estado, una de las principales causas de
violencia e irrespeto a los derechos humanos en El Salvador, Honduras y
Guatemala. Si los países no cumplen con eso, y si el Secretario de
Estado no certifica ese cumplimiento, el Senado puede congelar los
fondos.
Tim
Rieser, uno de los asesores legislativos del influyente senador
demócrata Patrick Leahy, comparte la visión de que una MACCIH que
merezca el apoyo de Estados Unidos debe parecerse mucho a la CICIG.
“El
Senador Leahy fue fiscal antes de ser elegido para el Senado”, dijo
Rieser, asesor del senador en asuntos política exterior, “y él cree
firmemente en la importancia de la independencia judicial, y apoyo con
firmeza a la CICIG en Guatemala. Él cree que para que el Gobierno de los
Estados Unidos apoye la MACCIH esta debe de tener la integridad
investigativa y de persecución del crimen, y la independencia de las
autoridades comparables a la que tienen la CICIG. Dada la prevalencia de
la corrupción, la violencia y la impunidad en Honduras, el pueblo
hondureño merece esto y nada menos que esto”.
Patrick
Leahy es miembro del comité de adjudicaciones del Senado, que es donde
la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos decide a quién le da
dinero de los contribuyentes estadounidenses y bajo qué condiciones.
Pero
antes de que todo eso pase, por ahora, en el caso de Honduras, la
cooperación depende, en parte, de lo que finalmente firmen el secretario
general Almagro y el Presidente Hernández respecto a MACCIH: para que
el Gobierno de Estados Unidos lo apoye, dijo el Senador Leahy a través
de su asesor, la misión debe ser “independiente” y tener “integridad
investigativa y de persecución del crimen”.
Las marchas de las antorchas siguen exigiendo la instalación de la CICIH
La
respuesta del Gobierno de Juan Orlando Hernández, por ahora, es una:
que la propuesta de creación de MACCIH, tal como existe, representa “la
voluntad política del gobierno en su lucha contra la corrupción y la
impunidad en Honduras”.
La
misión de la OEA regresa el miércoles 16 de diciembre a Washington.
Según el comunicado de la cancillería hondureña del 7 de diciembre, de
la visita a Tegucigalpa saldrá una nueva fecha para la firma del
convenio MACCIH en Washington. Y de acuerdo a quienes siguen las
negociaciones desde Washington, de esa visita depende el futuro mismo de
MACCIH, el prestigio de la OEA y del Gobierno de Juan Orlando
Hernández.(Tomado de la revista Factum)
http://criterio.hn/maccih-se-suspendio-joh-no-quiere-una-unidad-investigacion-juristas-internacionales/
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