“Hemos identificado cuatro patrones que
caracterizan esta problemática: el uso de marcos jurídicos que favorecen la
apropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos, la apropiación del
recurso que favorece su empleo para proyectos extractivos por encima del uso y
consumo humano, la contaminación y deterioro de las fuentes hídricas, y la
ausencia de consulta y consentimiento previos, libres e informados en la
implementación de esos proyectos”, explicó al iniciar la audiencia María José
Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del
Ambiente (AIDA).
Las organizaciones
presentaron casos de apropiación, contaminación y daño irreversible de fuentes
hídricas a causa de la implementación de proyectos extractivos. Esta situación
además de afectar el derecho al agua, vulnera otros derechos como la salud, la
vida digna, la integridad, el medio ambiente sano, la alimentación y la
cultura, tanto de personas y comunidades que se encuentran en el área de influencia
directa de los proyectos y que no fueron consultadas, como de aquellas que se
encuentran distantes y que dependen de dichas fuentes para su subsistencia. Dichos
casos han sido documentados extensamente en un informe que fue entregado a la
Comisión.
“En Argentina, la
explotación de la mina Alumbrera ha causado la filtración de desechos tóxicos
en tres ríos y, aunque hay una causa judicial abierta por contaminación, aún se
han adoptado medidas efectivas para remediar el daño. Nos preocupa que en ninguno
de nuestros países se estén implementado medidas de prevención para nuevos
daños, ni medidas de remediación ante el cúmulo de daños derivados de la
contaminación”, señaló Johana Rocha, del Centro de Estudios para la Justicia
Social “Tierra Digna” de Colombia.
En la audiencia,
se informó a la Comisión sobre la ausencia de medidas efectivas para que los Estados
de la región garanticen el derecho al agua y por el contrario sobre la
existencia de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del agua para
proyectos extractivos sobre el uso y consumo humano. Las organizaciones
ejemplificaron la insuficiencia de los mecanismos nacionales para controlar y
supervisar la actuación de las empresas a cargo de proyectos extractivos, situación de la que derivan
graves violaciones de derechos humanos.
“Hemos constatado
la contradicción de los Estados en su obligación de proteger y garantizar el
derecho al agua, el cual ha sido incorporado en sus Constituciones y
legislación. Sin embargo, entregan preferentemente ese recurso a las empresas,
negándole el derecho al agua a las comunidades”, afirmó Pedro Landa, del Equipo
de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) de
Honduras.
Por su lado, Raphaela
Lopes, de Justiça Global, se refirió en la audiencia a la flexibilización de
marcos jurídicos, la cual vulnera derechos humanos. “Con la reforma energética
aprobada en México, por ejemplo, el derecho al agua es menoscabado en favor de
los hidrocarburos y la energía eléctrica”.
Finalmente, las
organizaciones solicitaron a la Comisión, entre otros, que: reafirme a nivel
regional el reconocimiento del agua como un derecho humano; considere la
importancia del agua como elemento fundamental del derecho al ambiente sano,
reconocido en los instrumentos interamericanos; recuerde la obligaciones de los
Estados de proteger los derechos al agua y a un ambiente sano ante cualquier
actividad extractiva o de infraestructura, resalte la obligación de los Estados
de controlar efectivamente las actividades que puedan afectar el derecho al
agua, incluyendo las de empresas que operan dentro de su territorio y las de
empresas nacionales que operan en el extranjero, y recuerde a los Estados la
importancia de la consulta y consentimiento previo, libre e informado ante la
implementación de cualquier proyecto.
[i] Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCIÓN) – Perú, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Regional, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú, Bienaventurados los Pobres (BePe) - Colectivo SumajKawsay – Argentina, Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Guatemala, Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño A.C.” (BARCA-DH) – México, Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’ – Colombia, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) – Panamá, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) – El Salvador, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente a Mineração – Brasil; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) – Honduras, Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – Regional, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) – Regional, Justiça Global – Brasil, Observatorio Ciudadano – Chile, Pensamiento y Acción Social (PAS) – Colombia, y Pax Christi – Internacional.
23 de octubre de 2015
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