Los hondureños no se dejan sacar de quicio fácilmente. Y no son conocidos históricamente por lanzarse a las calles.
Pero este ha sido un año de marchas de protestas con antorchas y a todo grito en Honduras, y muy justificadas. La empobrecida nación centroamericana está lidiando con el que es quizá el peor escándalo de corrupción gubernamental en su historia.
O sea, como lo expresó el manifestante hondureño Eldan Cruz: “La corrupción a semejante nivel criminal es básicamente una conducta psicopática”.
Cruz ha estado ayudando a organizar manifestaciones en San Pedro Sula, la segunda ciudad en tamaño de Honduras. El no es un radical de izquierda ni mucho menos, sino un consultor de comunicaciones corporativas que estudió en Canadá. Pero no puede contener su ira sobre este ultraje en particular.
“La gente identifica esto como un crimen de lesa humanidad”, afirmó.
Cruz podría no estar exagerando. Desde el 2010, se han saqueado $350 millones de las instituciones estatales de salud y seguridad social de Honduras. Se alega que el pillaje incluyó estratagemas tales como pagar decenas de miles de dólares en exceso por servicios como ambulancias, y luego, lavar el exceso de dinero a través de compañías fachada. Este iba a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos.
El ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya, está acusado de encabezar la conspiración y de gastar ese dinero en mansiones y carros deportivos. Está arrestado en una base militar en la capital, Tegucigalpa, pero niega las acusaciones.
Se dice que otras personas estuvieron involucradas en el saqueo, incluyendo familiares de Zelaya y su amante, una modelo chilena.
Pero lo peor es que médicos hondureños estiman que miles de personas han muerto a consecuencia del robo, porque según ellos el mismo condujo a una aguda escasez de medicinas y equipos. Razón por la cual muchos manifestantes llevan calaveras en las manos durante las marchas.
“Eso ha condenado a personas a sufrir sin recibir tratamiento”, afirma el abogado Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el cual está ayudando a las familias afectadas.
“Este es un sistema que se ríe en tu cara”.
Para colmo de males, resulta que las compañías fachada donaron cientos de miles de dólares a la campaña de elecciones del 2013 del presidente hondureño Juan Orlando Hernández y su conservador Partido Nacional, al que pertenecía Zelaya. Hernández lo admite actualmente, pero insiste que él no tenía idea.
Por lo que no es sorprendente que la mayoría de los manifestantes estén llamando a la renuncia de Hernández. (No parece que tenga mucho efecto.)
Personas que trabajan con inmigrantes hondureños opinan que afrentas tales como la estafa del instituto de salud han tenido un efecto más contundente.
“Están obligando a la gente a irse del país”, dijo Julio Calderón, quien huyó hace una década de Honduras a Estados Unidos cuando era adolescente para escapar a la violencia de las maras.
En la actualidad, Calderón asiste al creciente número de inmigrantes centroamericanos en Miami en la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Cada vez más, afirmó, ellos le dicen que la desesperación causada por escándalos de corrupción como el de Honduras los está forzando a irse, además de la pobreza y la inseguridad.
“Esto se ha vuelto una locura”, dijo Calderón, quien también ha encabezado protestas de hondureñoamericanos en Miami este año contra la corrupción en su país. “Están robándose el dinero del pueblo, y eso dice mucho de sus valores como gobierno”.
En Tegucigalpa, la abogada y activista en contra de la corrupción Natalia Lozano trabaja a menudo con personas pobres a punto de emigrar a Estados Unidos. La corrupción es asimismo uno de los factores clave que ella escucha, y, añade, no son solo los pobres a quienes esto exaspera.
“Sé que soy una privilegiada por ser una mujer joven que tiene trabajo”, dijo Lozano. “Pero tengo 27 años, y he estado pensando mucho en abandonar el país”.
Ella señala que los hondureños de clase media como ella saben lo mucho que el latrocinio del gobierno drena la economía del país –hasta un punto del producto nacional bruto, según algunos cálculos– y, por lo tanto, sus oportunidades económicas.
“Así que”, dijo Lozano, señalando que dos tercios de los hondureños viven en la pobreza, “¿se pueden imaginar lo que esto significa para el resto de la gente? Por eso es que tenemos tanta emigración. Por eso es que nuestros pueblos están llenos de ancianos y no de jóvenes”.
De modo que, si Estados Unidos se plantea en serio reducir la inmigración ilegal de Centroamérica –que alcanzó niveles críticos el año pasado– ¿se planteará con igual seriedad reducir la inmensa corrupción de esa área?
Este verano, James Nealon, embajador de EEUU en Honduras, tomó la importante medida de reunirse con los hondureños jóvenes cuya campaña en los medios sociales de internet provocó las protestas callejeras contra la corrupción.
“Nosotros no vamos a dictar los mecanismos que los hondureños usarán para resolver estos problemas de impunidad y corrupción”, dijo Nealon. “Pero sí vamos a dar nuestro apoyo a sus esfuerzos”.
Gran parte de ese apoyo provendría de la propuesta de asistencia de mil millones de dólares del presidente Obama para América Central. Un cuarto de esta cantidad está separado para promover un gobierno más transparente, incluyendo entrenamiento y tecnología para una mejor supervisión de fondos públicos como el instituto de salud de Honduras.
Lo malo del caso es que los funcionarios hondureños –y la poderosa oligarquía que se beneficia del increíble compadrazgo del país– muestran un interés escaso o nulo en aumentar la transparencia de su gobierno. Manifestantes como Cruz señalan que muchos, tanto dentro como fuera de Honduras, suponían que a estas alturas el presidente Hernández estuviera enfrentando una pesquisa congresual, si no la destitución.
“En cualquier otro país del mundo [sería así]”, dijo Cruz. “Pero no aquí”.
De hecho, en la vecina Guatemala, el presidente Otto Pérez fue obligado a renunciar a su cargo el mes pasado en medio de un tremendo escándalo de corrupción dentro de su propio gobierno.
La diferencia está en que Guatemala usa en la actualidad un procurador especial de la ONU para procesar esos casos. El Congreso de Honduras acaba de rechazar la adopción de un investigador independiente similar, aun cuando un testigo clave en el escándalo del instituto de salud fue asesinado misteriosamente en el 2013 cuando empezaron a salir a la superficie pruebas del delito.
Como resultado, un creciente coro de voces en Honduras y Estados Unidos está advirtiendo a Obama que evite entregar ayuda directamente al gobierno hondureño, y que lo haga a los organismos de vigilancia por una sociedad civil en ese país.
“El pueblo hondureño necesita que el gobierno de EEUU se ponga firme y diga: ‘Escuchen, estamos hartos’ ”, dijo Cruz. “No creo que los contribuyentes estadounidenses quieran ver que su dinero se gasta en apoyar la corrupción”.
Ese es el dilema que enfrenta Washington.
En privado, funcionarios del gobierno federal admiten que entregar cientos de millones de dólares a gobiernos ultracorruptos siempre es riesgoso. Pero precisamente porque son tan corruptos –y porque esa corrupción resulta tan a menudo en más inmigrantes en la frontera de EEUU– es que dicen que es además urgente.
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