Escrito por Redacción | Septiembre 3 del 2015 Secciones: Libertad de Expresión
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Víctimas
y sus representantes, expusieron ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el incumplimiento de 6 sentencias
dictadas contra Honduras. Las presentaciones se realizaron en el marco
de la audiencia conjunta de supervisión de cumplimiento efectuada el
pasado viernes 28 de agosto en Tegucigalpa, en la que también
participaron representantes del Estado.
Los
casos supervisados por la Corte IDH fueron: Juan Humberto Sánchez,
Alfredo López Álvarez, Servellón García y otros, Jeannette Kawas
Fernández, Pacheco Teruel y otros y Carlos Luna López. Los peticionarios
presentaron información sobre las obligaciones pendientes referidas a:
situación carcelaria, protección a defensores y defensoras de derechos
humanos e investigación de los casos.
Los
afectados y sus abogados expusieron que, a pesar de que la Corte ha
establecido que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir
en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, el
Estado hondureño continúa incumpliendo con sus obligaciones
internacionales en esta materia. Según datos de la Secretaría de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en el 2012
el hacinamiento alcanzaba el 44%, pero actualmente la población
carcelaria alcanza las 16,000 personas y los niveles de hacinamiento
llegan al 68%.
La
situación se agrava con la reforma al artículo 184 del Código Procesal
Penal que amplía a 21 los delitos para los cuales no se admite el
otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que
impacta directamente en el aumento del hacinamiento. También se denunció
la militarización del sistema penitenciario, la deficiente alimentación
que reciben las personas privadas de libertad (que tiene un presupuesto
diario de USD$ 1.36 por persona), y la inexistencia de un registro
adecuado de personas detenidas.
Por
otra parte, ante la obligación de Honduras de implementar una política
pública para la protección de las personas defensoras de derechos
humanos, se informó que la recientemente aprobada Ley de Protección para
las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de Justicia, presenta diversas debilidades tales
como: un diseño institucional carente de garantías para su
funcionamiento autónomo, falta de claridad sobre los recursos que le
serán asignados, omisión del perfil de las personas que integrarán el
comité técnico encargado de realizar los análisis de riesgo, así como la
ausencia de metodología y criterios para abordar dichos análisis, entre
otros. Para los peticionarios, estas falencias deben ser solventadas a
través de la reglamentación de la ley y la creación de otras normas
secundarias que deben construirse en procesos participativos y
transparentes que involucren a los grupos beneficiarios.
Asimismo,
los representantes de las víctimas llamaron la atención de la Corte
sobre el desacato de Honduras ante el mandato de investigar e
identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
Se resaltó la falta de voluntad política, evidenciada en las escasas
diligencias que se han llevado a cabo luego de muchos años de ocurridos
los hechos. Además se expresó preocupación por los insuficientes
recursos humanos y económicos con que cuenta la Fiscalía Especial de
Derechos Humanos, por ejemplo, este año el presupuesto de
la Fiscalía apenas sobrepasa los 600.000 dólares y sólo en Tegucigalpa tienen a su cargo más de 5.000 casos.
Para
ponerle fin al patrón de impunidad imperante, las víctimas y sus
representantes consideraron que se debe crear una unidad de
investigación dentro de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y
dotarla de recursos suficientes para que asuma el seguimiento a los
casos. Además solicitaron que las organizaciones representantes
participen del proceso de selección de quienes integrarán dicha unidad,
así como el establecimiento de un mecanismo de seguimiento que permita a
representantes, víctimas y familiares, conocer en forma periódica los
avances que realice. Por último consideran vital la creación de una
Secretaría Ejecutiva para dar seguimiento permanente a los casos que se
estén tramitando ante los órganos del Sistema Interamericano.
El
Estado por su parte presentó información sobre los temas planteados,
pero la misma resultó insuficiente para satisfacer los requerimientos de
la Corte IDH. Las organizaciones reiteraron su disposición para
continuar apoyando al Estado de Honduras a asumir los retos pendientes
pero, a la vez, solicitaron a la Corte que ordene al Estado establecer
un plan de cumplimiento con metas concretas para el abordaje de cada uno
de los incumplimientos señalados. Esta es la primera ocasión en que la
Corte realiza una audiencia de cumplimiento en el país condenado.
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-rinde-cuentas-ante-la-corte-idh
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