La Prensa.hn/ 14 Jun 2015 / 10:43 Pm/ Tegucigalpa,Honduras.
El alto funcionario del Ministerio Público implicado en el cobro de un millonario soborno, pactó un pago de 150 mil dólares para supuestamente beneficiar a personas implicadas en el descomunal desfalco del Instituto Hondureño Seguro Social (IHSS), revelaron fuentes ligadas a la investigación.
De acuerdo a la información recabada por Diario LA PRENSA, el fiscal sigue ejerciendo sus funciones en esa institución y a pesar de que existe una investigación en curso en su contra no se le ha formulado ninguna acción administrativa ni judicial.
En el listado de 13 casos de corrupción indagados por la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional se menciona de forma sucinta que “se abrió una línea de investigación, por supuesto soborno a un funcionario del Ministerio Público, el cual fue entregado por personas investigadas en actos delictivos cometidos en el caso del IHSS”.
Por este caso, en fecha 3 de junio del año en curso se presentó formal requerimiento fiscal en contra del exviceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Darío Roberto Cardona Valle, por el delito de tráfico y ofrecimiento de influencias, ya que este habría sido el enlace para ofrecer las coimas al alto cargo de la Fiscalía General de la República.
El pasado viernes, el juzgado de lo penal de Francisco Morazán dictó medidas sustitutivas a este exfuncionario y le ordenó no salir del país y presentarse dos veces por semana a firmar el libro de control en esa judicatura.
En su informe, la Comisión Multipartidaria estableció que en este caso el Ministerio Público concluyó una línea de investigación, quedando solo pendiente la tramitación del respectivo juicio, además recomendó que “de existir los méritos legales suficientes contra el alto funcionario se proceda a ejecutar las acciones legales correspondientes”.
El nombre de este influyente personero y el rango que ocupa dentro de la estructura de mando del Ministerio Público ha sido manejado por las autoridades de esa institución en el más estricto secreto.
LA PRENSA conoció que a pesar de las pruebas que implican a este funcionario en el supuesto delito de cohecho este ha seguido ejerciendo sus funciones normales en esa institución y ni siquiera se le han aplicado medidas de carácter administrativo, mientras logra dilucidar su presunta participación en este supuesto acto de corrupción.
Los pagos
Doris Gutiérrez, miembro de la Comisión Multipartidaria, dijo a LA PRENSA que en esta línea de investigación el MP informó que la persona implicada pactó preliminarmente un pago de 250 mil dólares, alrededor de 5.5 millones al cambio actual; pero al final solamente se negoció una cantidad de 150 mil dólares, unos 3.3 millones de lempiras, pagaderos en dos partes de 75 mil dólares cada una.
Como parte de las indagaciones realizadas por la Fiscalía se hicieron cruces de las llamadas en los que se pactaban los supuestos pagos y también se realizó una evaluación de medicina forense.
La parlamentaria indicó que este caso partió de una denuncia o declaración de un “testigo de referencia”, pero esta no ha sido planteada ante juez competente porque no se considera una prueba.
“Se iban entregar 75 mil dólares en abril y 75 mil dólares al confirmarse el cierre (del caso); sin embargo, la primera negociación fue de 250 mil dólares, pero después la bajaron a 150 mil dólares”, precisó.
La legisladora indicó que la información que se les proporcionó es que el funcionario de la Fiscalía solamente recibió el primer pago de 75 mil dólares, pero “el último no porque no se confirmó el cierre del caso”.
LA PRENSA consultó a Rolando Argueta, director de fiscales, quien indicó que en esta línea de investigación ya se acusó al señor Roberto Cardona, por el delito que se refiere al ofrecimiento de influencias a alguna autoridad del Estado para beneficiar o perjudicar una investigación o un proceso judicial.
Dijo que las investigaciones establecen que esta persona fue el canal para ofrecer el soborno al alto personero del Ministerio Público. “Él fue una de las personas involucradas”.
Consultado sobre el estatus laboral de este funcionario y las investigaciones que se realizan en su contra, Argueta dijo que este ha seguido laborando en el MP y por ahora no se ha tomado ninguna decisión administrativa, es decir, que no ha sido suspendido de sus funciones.
No obstante, comentó que “las diligencias continúan su curso, no obstante, que ya se judicializó una parte del caso.
Confirmó que la denuncia se abrió en julio del año pasado y desde esa fecha las indagaciones no se han detenido.
“De hecho hay un expediente más o menos voluminoso que contiene diversas actuaciones con el propósito de la recopilación de los distintos elementos de pruebas”.
Argueta no se atrevió a confirmar si se formulará una acusación en contra de este funcionario, porque “no hemos terminado las investigaciones”, pero garantizó que habrá una decisión en ese caso, “ya se judicializando o archivando administrativamente el caso”.
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