Una multitud de hondureños en una de las 'marchas de las antorchas', en Tegucigalpa.
EFE
GUSTAVO PEÑA Actualizado:20/06/2015 - 12:49 horas.Un viernes más, una cantidad sin precedente de hondureños salió a las calle.Ayer, la marcha fue ante la Fiscalía General de la República.
Los días entre viernes y viernes en Honduras han sido de una tensa calma desde que hace tres semanas se encendieran las marchas de las antorchas contra
la corrupción. Primero llamó la atención que unos cuantos miles se
reunieran, fuego en mano, frente al principal hospital público del país
en solidaridad por la crisis sanitaria. La semana siguiente, una
cantidad sin precedente de ciudadanos marchó hacia la sede de Naciones
Unidas pidiendo ayuda externa para combatir la impunidad.
Hace apenas ocho días, decenas de miles de personas se reunieron frente a la embajada de Estados Unidos bajo una lluvia que no apagó el fuego que portaban. Y desde entonces, la gente volvió a sus casas y trabajos, esperando la llegada del atardecer del viernes para volver a tomar las calles en protesta y alumbrarlas a su paso. Ayer marcharon hacia la Fiscalía General de la República en la manifestación más numerosa hasta la fecha.
El plantón anterior frente a la embajada de Estados Unidos, curiosamente, no fue para protestar contra ese país, sino para pedir su respaldo para que la ONU instaure en Honduras un órgano independiente de justicia para verificar y juzgar, entre otros casos, a políticos y empresarios responsables por el desfalco de 300 millones de euros a la seguridad social hondureña. La fuerza de la protesta popular ha marcado la agenda en la vida política hondureña, especialmente en esta última semana.
El ambiente social en Honduras es volátil. Confluye la intensidad del descontento de la ciudadanía con el hasta ahora inquebrantable muro de impunidad favorable a "corruptos y corruptores" por parte de las débiles instituciones de justicia. Todo esto, en el contexto de violencia extrema que vive el país.
En los últimos días el periodista David Romero, que destapó el escándalo de financiación ilícita hacia el partido de gobierno con fondos del desfalco del seguro social, ha denunciado actos de intimidación frente a su casa por parte de hombres armados en un vehículo sin placas. Miembros de Oposición indignada, por otra parte, denuncian despidos y exigencias de renuncias de sus trabajos, por presiones del gobierno a los empleadores.
Previamente, miembros de la sección hondureña de la ONG global Transparencia Internacional han sido objeto de amenazas y hasta atentados. Además, el fiscal asignado al caso del Seguro Social, que había preparado bien documentadas acusaciones contra miembros de la élite política y empresarial, recibió amenazas de muerte contra él y su familia. Tras buscar sin éxito respaldo para continuar con su trabajo y seguir vivo en Tegucigalpa, descontinuó su labor en la fiscalía y tuvo que aceptar un cómodo exilio representando al gobierno ante la UNESCO en Paris.
Shucri Kafie, el empresario acusado, se ha librado hasta ahora de estar tras las rejas gracias a una taquicardia acaecida justo cuando escuchaba la resolución judicial. Hospitalizado en una lujosa suite de un exclusivo centro médico, continúa fuera de prisión.
Sumado a lo anterior, este jueves 18 el presidente Hernández volvió de un inesperado viaje de 24 horas a Washington D.C., e igualmente sorprendente ha sido que hoy mismo la fiscalía presentó requerimiento judicial contra Lena Gutiérrez; acaudalada comerciante y cercana amiga del gobernante, de su mismo partido, que actualmente ocupa el cargo de Vicepresidenta del Congreso. Gutiérrez y tres miembros más de su familia han sido requeridos por la Fiscalía por delitos en contra de la salud pública, falsificación de documentos públicos y fraude.
Todo esto ha fastidiado aún más a la oposición indignada, que de acuerdo con sus organizadores, marchó más numerosa que nunca la tarde de ayer hacia la sede de la Fiscalía General, que durante el último año y medio mostró una exasperante lentitud en su acción fiscal, calificada abiertamente de encubrimiento por los indignados, ya que sólo llevó a juicio a corruptos de mediano y bajo nivel antes de que surgiera el movimiento social.
"Las manifestaciones han sido lo suficientemente claras y el mensaje le ha llegado al presidente Hernández. Hemos hablado con los representantes de la ONU, con el embajador de EEUU y ahora en todos los medios de comunicación. No necesitamos repetírselo en persona. Nos sentaremos a dialogar en el momento en que él dé el primer paso", declaró recientemente el joven abogado Paul Cepeda, también en nombre de Oposición Indignada.
"Todo diálogo pasa por la instauración de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Los miles de hondureños que están en las calles no confían en las instituciones de justicia", expresó Cepeda, quién también mencionó como condición previa para el diálogo la destitución del Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto por considerar que su falta de efectividad hasta ahora refleja que "están coludidos con la corrupción o son incapaces de incoar procesos judiciales contra los corruptos".
El gobierno, por su parte, ha mencionado estar abierto a entrar en diálogo con los jóvenes indignados aunque no ha hecho ninguna convocatoria hasta el momento. Además, se ha mostrado anuente a pedir una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras -CICIH-, por considerarla onerosa, poco efectiva y que su instauración requiere de un proceso muy dilatado en el tiempo.
Sin embargo, reportes periodísticos recientes en Honduras contradicen al gobierno, señalando que el ex Presidente Lobo ya había solicitado una comisión de este tipo a Naciones Unidas para su instauración en enero de 2013. Los reportes periodísticos también revelaron que el costo total de una CICIH para el Estado de Honduras era de sólo 2 millones de euros, y países donantes estuvieron dispuestos a colaborar para que el gobierno pusiera únicamente una contraparte. A pesar de esto, presiones a lo interno del gabinete del presidente Lobo impidieron que la CICIH se instalara.
La posición de Estados Unidos tiene una gran importancia estos días para el Gobierno del presidente Hernández. Su gobierno está pendiente de la aprobación de una masiva colaboración económica por parte de su principal socio comercial, que es también el lugar de residencia de una diáspora 1 millón de hondureños que conforman el 15% de la población nacional.
Tras la crisis generada por la detención en 2014 de 47.000 niños centroamericanos -gran parte de ellos hondureños- que se trasladaron sin compañía hasta la frontera sur de Estados Unidos para reencontrarse con sus padres, la administración Obama ha pedido al Congreso y el Senado la aprobación la Alianza para la Prosperidad, un programa de 1 billón de dólares para fomentar el desarrollo y combatir el narcotráfico en el triángulo norte de Centro América -Guatemala, Honduras y el Salvador-.
Sin embargo, la aprobación a orillas del Potomac de este desembolso se vuelve improbable a causa de las masivas marchas ciudadanas que señalan a los actuales gobiernos en Honduras y Guatemala por corrupción. La percepción de los contribuyentes estadounidense sobre los "gobiernos aliados" en estos países y la adecuación de su ayuda para la crisis humanitaria se ha visto afectada. Ante esta coyuntura, los manifestantes hondureños intentan utilizar la Alianza para la Prosperidad como un punto de presión contra su gobierno.
El presidente Hernández, por su parte, se refirió ante medios internacionales desde Washington sobre la necesidad de que Estados Unidos asuma su "corresponsabilidad" por la situación que vive Honduras por narcotráfico, por estar "en el mejor de interés" de todos los países en la región: "el hecho de que Centro América sea una zona de conflicto y sin oportunidades a consecuencia del tráfico de drogas es un enorme riesgo para el pueblo estadounidense". Expresó también que "esperaría que los líderes en Washington comprendan que una Centro América con oportunidades, próspera y en paz es una gran inversión".
Sin embargo, parece que buena parte de sus conciudadanos están más preocupados en acabar con la impunidad que en recibir un nuevo préstamo por parte de Estados Unidos. Con la caída de la noche de ayer viernes en Honduras, por tercer fin de semana consecutivo, las "marchas de las antorchas" volvieron a encenderse por las distintas ciudades del país.
Hace apenas ocho días, decenas de miles de personas se reunieron frente a la embajada de Estados Unidos bajo una lluvia que no apagó el fuego que portaban. Y desde entonces, la gente volvió a sus casas y trabajos, esperando la llegada del atardecer del viernes para volver a tomar las calles en protesta y alumbrarlas a su paso. Ayer marcharon hacia la Fiscalía General de la República en la manifestación más numerosa hasta la fecha.
El plantón anterior frente a la embajada de Estados Unidos, curiosamente, no fue para protestar contra ese país, sino para pedir su respaldo para que la ONU instaure en Honduras un órgano independiente de justicia para verificar y juzgar, entre otros casos, a políticos y empresarios responsables por el desfalco de 300 millones de euros a la seguridad social hondureña. La fuerza de la protesta popular ha marcado la agenda en la vida política hondureña, especialmente en esta última semana.
El ambiente social en Honduras es volátil. Confluye la intensidad del descontento de la ciudadanía con el hasta ahora inquebrantable muro de impunidad favorable a "corruptos y corruptores" por parte de las débiles instituciones de justicia. Todo esto, en el contexto de violencia extrema que vive el país.
En los últimos días el periodista David Romero, que destapó el escándalo de financiación ilícita hacia el partido de gobierno con fondos del desfalco del seguro social, ha denunciado actos de intimidación frente a su casa por parte de hombres armados en un vehículo sin placas. Miembros de Oposición indignada, por otra parte, denuncian despidos y exigencias de renuncias de sus trabajos, por presiones del gobierno a los empleadores.
Previamente, miembros de la sección hondureña de la ONG global Transparencia Internacional han sido objeto de amenazas y hasta atentados. Además, el fiscal asignado al caso del Seguro Social, que había preparado bien documentadas acusaciones contra miembros de la élite política y empresarial, recibió amenazas de muerte contra él y su familia. Tras buscar sin éxito respaldo para continuar con su trabajo y seguir vivo en Tegucigalpa, descontinuó su labor en la fiscalía y tuvo que aceptar un cómodo exilio representando al gobierno ante la UNESCO en Paris.
La presión de las antorchas
A pesar de los fuertes antecedentes de impunidad en Honduras, la gran presión de las antorchas ya está produciendo resultados. La semana anterior, uno de los más ricos magnates locales, supuesto coautor del mayor fraude en el enorme desfalco al Seguro Social, ha sido acusado y enviado a la cárcel, generando una airada reacción en influyentes miembros del sector privado que controlan una importante facción de la economía hondureña.Shucri Kafie, el empresario acusado, se ha librado hasta ahora de estar tras las rejas gracias a una taquicardia acaecida justo cuando escuchaba la resolución judicial. Hospitalizado en una lujosa suite de un exclusivo centro médico, continúa fuera de prisión.
Sumado a lo anterior, este jueves 18 el presidente Hernández volvió de un inesperado viaje de 24 horas a Washington D.C., e igualmente sorprendente ha sido que hoy mismo la fiscalía presentó requerimiento judicial contra Lena Gutiérrez; acaudalada comerciante y cercana amiga del gobernante, de su mismo partido, que actualmente ocupa el cargo de Vicepresidenta del Congreso. Gutiérrez y tres miembros más de su familia han sido requeridos por la Fiscalía por delitos en contra de la salud pública, falsificación de documentos públicos y fraude.
Todo esto ha fastidiado aún más a la oposición indignada, que de acuerdo con sus organizadores, marchó más numerosa que nunca la tarde de ayer hacia la sede de la Fiscalía General, que durante el último año y medio mostró una exasperante lentitud en su acción fiscal, calificada abiertamente de encubrimiento por los indignados, ya que sólo llevó a juicio a corruptos de mediano y bajo nivel antes de que surgiera el movimiento social.
Petición de diálogo
Ante esta situación, muchos actores de la vida pública hondureña han llamado a un diálogo entre los representantes de las marchas y el gobierno del presidente Hernández sin que ninguna de las partes se haya mostrado especialmente interesada en iniciar las charlas de inmediato. "Si alguien se mete a su casa a robarle y lo amarra, lo golpea y abusa de su familia, ¿usted va ponerse a dialogar con ese ladrón antes de poner la denuncia?", expresó recientemente en una televisora hondureña la joven Gabriela Blen, una de los organizadoras de Oposición indignada."Las manifestaciones han sido lo suficientemente claras y el mensaje le ha llegado al presidente Hernández. Hemos hablado con los representantes de la ONU, con el embajador de EEUU y ahora en todos los medios de comunicación. No necesitamos repetírselo en persona. Nos sentaremos a dialogar en el momento en que él dé el primer paso", declaró recientemente el joven abogado Paul Cepeda, también en nombre de Oposición Indignada.
"Todo diálogo pasa por la instauración de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Los miles de hondureños que están en las calles no confían en las instituciones de justicia", expresó Cepeda, quién también mencionó como condición previa para el diálogo la destitución del Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto por considerar que su falta de efectividad hasta ahora refleja que "están coludidos con la corrupción o son incapaces de incoar procesos judiciales contra los corruptos".
El gobierno, por su parte, ha mencionado estar abierto a entrar en diálogo con los jóvenes indignados aunque no ha hecho ninguna convocatoria hasta el momento. Además, se ha mostrado anuente a pedir una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras -CICIH-, por considerarla onerosa, poco efectiva y que su instauración requiere de un proceso muy dilatado en el tiempo.
Sin embargo, reportes periodísticos recientes en Honduras contradicen al gobierno, señalando que el ex Presidente Lobo ya había solicitado una comisión de este tipo a Naciones Unidas para su instauración en enero de 2013. Los reportes periodísticos también revelaron que el costo total de una CICIH para el Estado de Honduras era de sólo 2 millones de euros, y países donantes estuvieron dispuestos a colaborar para que el gobierno pusiera únicamente una contraparte. A pesar de esto, presiones a lo interno del gabinete del presidente Lobo impidieron que la CICIH se instalara.
Estados Unidos y la política regional como punto de inflexión
La principal medida para hacer frente a la crisis adoptada por el presidente Hernández ha sido la de continuar con su agenda. A finales de la semana pasada vino a Europa para asistir a la cumbre de la CELAC en Bruselas, donde recibió oficialmente un préstamo por 40 millones de euros por parte de la Unión Europea. A inicios de esta semana volvió a Tegucigalpa, para luego hacer un viaje de 24 horas a Washington D.C. y, entre otras reuniones, asistir a una cita personal con el Vicepresidente Joe Biden.La posición de Estados Unidos tiene una gran importancia estos días para el Gobierno del presidente Hernández. Su gobierno está pendiente de la aprobación de una masiva colaboración económica por parte de su principal socio comercial, que es también el lugar de residencia de una diáspora 1 millón de hondureños que conforman el 15% de la población nacional.
Tras la crisis generada por la detención en 2014 de 47.000 niños centroamericanos -gran parte de ellos hondureños- que se trasladaron sin compañía hasta la frontera sur de Estados Unidos para reencontrarse con sus padres, la administración Obama ha pedido al Congreso y el Senado la aprobación la Alianza para la Prosperidad, un programa de 1 billón de dólares para fomentar el desarrollo y combatir el narcotráfico en el triángulo norte de Centro América -Guatemala, Honduras y el Salvador-.
Sin embargo, la aprobación a orillas del Potomac de este desembolso se vuelve improbable a causa de las masivas marchas ciudadanas que señalan a los actuales gobiernos en Honduras y Guatemala por corrupción. La percepción de los contribuyentes estadounidense sobre los "gobiernos aliados" en estos países y la adecuación de su ayuda para la crisis humanitaria se ha visto afectada. Ante esta coyuntura, los manifestantes hondureños intentan utilizar la Alianza para la Prosperidad como un punto de presión contra su gobierno.
El presidente Hernández, por su parte, se refirió ante medios internacionales desde Washington sobre la necesidad de que Estados Unidos asuma su "corresponsabilidad" por la situación que vive Honduras por narcotráfico, por estar "en el mejor de interés" de todos los países en la región: "el hecho de que Centro América sea una zona de conflicto y sin oportunidades a consecuencia del tráfico de drogas es un enorme riesgo para el pueblo estadounidense". Expresó también que "esperaría que los líderes en Washington comprendan que una Centro América con oportunidades, próspera y en paz es una gran inversión".
Sin embargo, parece que buena parte de sus conciudadanos están más preocupados en acabar con la impunidad que en recibir un nuevo préstamo por parte de Estados Unidos. Con la caída de la noche de ayer viernes en Honduras, por tercer fin de semana consecutivo, las "marchas de las antorchas" volvieron a encenderse por las distintas ciudades del país.
http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/20/558543fe46163fb67f8b4573.html
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Alguna muestra de Marcha de la Oposición Indignada sábado 20 de junio San Pedro Sula.
Multitudinaria manifestación del pueblo de San Pedro Sula que exije un alto a la corrupción y #CárcelParaLosCorruptosDelIHSS
Las antorchas Indigadas iluminan el camino a la libertad
Las antorchas que según el Secretario asesor y vocero presidencial Ebal Díaz
son "" IMPORTADAS o llevadas desde el exterior para las actividades de la oposición indignada y entran según él de contrabando y que no pagan impuestos"" buscando con sus ridículas declaraciones criminalizar las protestas de antorchas indignadas.
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Alguna muestra de Marcha de la Oposición Indignada sábado 20 de junio San Pedro Sula.
Multitudinaria manifestación del pueblo de San Pedro Sula que exije un alto a la corrupción y #CárcelParaLosCorruptosDelIHSS
Las antorchas que según el Secretario asesor y vocero presidencial Ebal Díaz
son "" IMPORTADAS o llevadas desde el exterior para las actividades de la oposición indignada y entran según él de contrabando y que no pagan impuestos"" buscando con sus ridículas declaraciones criminalizar las protestas de antorchas indignadas.
Antorcha parte de botella y seguramente el palo de una escoba
En cualquier otro pais civilizado, este funcionario seria expulsado del gobierno por ignorante,mentiroso y poner en ridículo a sus propios jefes del gabinete de gobierno.
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