martes, 19 de mayo de 2015

Honduras: Indignacion y Cinismo‏

Por Edmundo Orellana
Solo los corruptos no están indignados por los últimos hallazgos en el latrocinio de que fue objeto el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS). Se comprobó lo que se sospechaba desde el inicio de este escándalo: que pesos pesados del partido de gobierno están involucrados en esa estafa. Se descubrió, además, que desde hace un año el Ministerio Público (MP) tenía conocimiento de estos hechos sin hacer nada al respecto.
La falta de escrúpulos de nuestros políticos cuando de malversar fondos públicos se trata, es proverbial. Es tanto así, que el pueblo en su imaginario asocia al político con la corrupción y coloquialmente califica de “vivo” al que malversa fondos públicos y de “tonto” al que no se aprovecha personalmente del erario nacional. 
Esa visión tiene raíces tan profundas que forma parte de nuestra cotidianeidad. Es, pues, cultural.
Esa actitud nuestra es la causa del colapso del IHSS. Las mortales consecuencias del latrocinio son visibles en los gestos de desesperación de los pacientes desatendidos y en los rostros de dolor y de resignación de los que lloran, por la misma causa, la desaparición física de sus parientes, cuyas aportaciones fueron impúdicamente sustraídas por esos criminales.
Ante la denuncia formulada por el valiente periodista David Romero Elhner , en su programa “Interpretando la Noticia”, los políticos del partido gobernante, siguiendo el guión de la eminencia gris que los asesora, responden, al mejor estilo “chavista”, acusando de conspiración contra el gobierno constituido, las denuncias del periodista Romero y las manifestaciones de indignación de los hondureños. ¡Denunciar la corrupción constituye un delito contra la seguridad interior del Estado! Es la advertencia de que comenzará la represión judicial contra los indignados, preámbulo de la represión mediante el uso de los cuerpos armados. ¡Estamos advertidos, entonces!
La primera impresión es que están defendiendo a los políticos corruptos que participaron en ese latrocinio, porque los documentos encontrados hasta ahora no comprometen directamente al gobernante ni podrían comprometer al Partido Nacional, que solamente puede ser cuestionado por su ideología y programas de acción política. El propósito es otro, obviamente. Llevar el tema al terreno movedizo de la política partidista. Invocan sentimientos partidarios para, supuestamente, defender al partido de sus enemigos. Con ello, pretenden, cínicamente, que todo se esfume rápidamente, como ocurre con todos los escándalos. Si la estrategia no resulta, además de ejecutar la advertencia, no dudarán en entregar una víctima propiciatoria de entre quienes participaron en el latrocinio; la que, seguramente, ya tienen identificada convenientemente.
Parece, sin embargo, que no habrá necesidad de ese sacrificio, porque hubo quienes ya cayeron en la trampa. Sin saberlo le están siguiendo el juego al gobierno los políticos que se van a las calles a insultar al partido gobernante y quemarle su bandera, pretendiendo sacar provecho partidario de ello, porque colocan en el foco de la atención, ya no a los políticos corruptos, sino al partido al que estos pertenecen. Los nacionalistas, aun los más indignados, reaccionarán cerrando filas alrededor de su partido, como pretende el gobierno, porque creerán que el agravio va contra su partido, no contra los corruptos.
La institución que con su silencio ha provocado todo este descalabro, es el MP. En los laberintos de su burocracia están empantanados los expedientes que supuestamente exhiben la rapacidad de los políticos del gobierno involucrados en este crimen; similares comportamientos provocaron en el pasado que los jóvenes fiscales se rebelaran contra sus autoridades. ¡Pero eso pertenece al pasado! Es al MP, entonces, al que debe exigírsele respuestas. Para eso está el mecanismo de la interpelación en el Congreso Nacional. No para que se revelen detalles de la investigación, como algunos -quizá por ignorancia- alegan para cuestionar la iniciativa, sino para determinar si ha habido negligencia en el manejo de este caso, supuesto previsto para determinar la procedencia del juicio político.
Ese es el camino que debe tomar la oposición para demostrar que efectivamente pretende el castigo para los criminales involucrados. De aprobarse la interpelación, la oposición debe prepararse debidamente, porque si los exaltados monopolizan la palabra vomitando estupideces, abundando en divagaciones o exigiendo revelación de detalles de la investigación, el fiscal bajará de la tribuna acompañado de los aplausos que le tributarán los diputados. Aquí se medirá la talla de la oposición.
En caso de que la junta directiva del Congreso Nacional, arbitrariamente, impida la interpelación, entonces quedará demostrado palmariamente que la defensa del gobierno no es al Partido Nacional, sino a los corruptos de su partido. En este supuesto, perderá la precaria legitimidad que ostenta y, en adelante, el enemigo del pueblo lo será el gobierno, no los corruptos, al que hasta los mismos nacionalistas despreciarán ante la vergüenza que, seguramente, les provocará comprobar que su gobierno, por defender a los políticos corruptos, es capaz de destruir el partido mismo.
Tomado de Red FIAN-Honduras / 19 de  mayo 2015



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