Por Edmundo Orellana
Solo
los corruptos no están indignados por los últimos hallazgos en el
latrocinio de que fue objeto el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS). Se comprobó lo que se sospechaba
desde el inicio de este escándalo: que pesos pesados del partido de
gobierno están involucrados en esa estafa. Se descubrió, además, que
desde hace un año el Ministerio Público (MP) tenía conocimiento de estos hechos sin hacer
nada al respecto.
La
falta de escrúpulos de nuestros políticos cuando de malversar fondos
públicos se trata, es proverbial. Es tanto así, que el pueblo en su
imaginario asocia al político con la corrupción y coloquialmente
califica de “vivo” al que malversa fondos públicos y de “tonto” al que
no se aprovecha personalmente del erario nacional.
Esa visión tiene
raíces tan profundas que forma parte de nuestra cotidianeidad. Es, pues,
cultural.
Esa
actitud nuestra es la causa del colapso del IHSS. Las mortales
consecuencias del latrocinio son visibles en los gestos de desesperación
de los pacientes desatendidos y en los rostros de dolor y de
resignación de los que lloran, por la misma causa, la desaparición
física de sus parientes, cuyas aportaciones fueron impúdicamente
sustraídas por esos criminales.
Ante
la denuncia formulada por el valiente periodista David Romero Elhner ,
en su programa “Interpretando la Noticia”, los políticos del partido
gobernante, siguiendo el guión de la eminencia gris que los asesora,
responden, al mejor estilo “chavista”, acusando de conspiración contra
el gobierno constituido, las denuncias del periodista Romero y las
manifestaciones de indignación de los hondureños. ¡Denunciar la
corrupción constituye un delito contra la seguridad interior del Estado!
Es la advertencia de que comenzará la represión judicial contra los
indignados, preámbulo de la represión mediante el uso de los cuerpos
armados. ¡Estamos advertidos, entonces!
La
primera impresión es que están defendiendo a los políticos corruptos
que participaron en ese latrocinio, porque los documentos encontrados
hasta ahora no comprometen directamente al gobernante ni podrían
comprometer al Partido Nacional, que solamente puede ser cuestionado por
su ideología y programas de acción política. El propósito es otro,
obviamente. Llevar el tema al terreno movedizo de la política
partidista. Invocan sentimientos partidarios para, supuestamente,
defender al partido de sus enemigos. Con ello, pretenden, cínicamente,
que todo se esfume rápidamente, como ocurre con todos los escándalos. Si
la estrategia no resulta, además de ejecutar la advertencia, no dudarán
en entregar una víctima propiciatoria de entre quienes participaron en
el latrocinio; la que, seguramente, ya tienen identificada
convenientemente.
Parece,
sin embargo, que no habrá necesidad de ese sacrificio, porque hubo
quienes ya cayeron en la trampa. Sin saberlo le están siguiendo el juego
al gobierno los políticos que se van a las calles a insultar al partido
gobernante y quemarle su bandera, pretendiendo sacar provecho
partidario de ello, porque colocan en el foco de la atención, ya no a
los políticos corruptos, sino al partido al que estos pertenecen. Los
nacionalistas, aun los más indignados, reaccionarán cerrando filas
alrededor de su partido, como pretende el gobierno, porque creerán que
el agravio va contra su partido, no contra los corruptos.
La
institución que con su silencio ha provocado todo este descalabro, es
el MP. En los laberintos de su burocracia están empantanados los
expedientes que supuestamente exhiben la rapacidad de los políticos del
gobierno involucrados en este crimen; similares comportamientos
provocaron en el pasado que los jóvenes fiscales se rebelaran contra sus
autoridades. ¡Pero eso pertenece al pasado! Es al MP, entonces, al que
debe exigírsele respuestas. Para eso está el mecanismo de la
interpelación en el Congreso Nacional. No para que se revelen detalles
de la investigación, como algunos -quizá por ignorancia- alegan para
cuestionar la iniciativa, sino para determinar si ha habido negligencia
en el manejo de este caso, supuesto previsto para determinar la
procedencia del juicio político.
Ese
es el camino que debe tomar la oposición para demostrar que
efectivamente pretende el castigo para los criminales involucrados. De
aprobarse la interpelación, la oposición debe prepararse debidamente,
porque si los exaltados monopolizan la palabra vomitando estupideces,
abundando en divagaciones o exigiendo revelación de detalles de la
investigación, el fiscal bajará de la tribuna acompañado de los aplausos
que le tributarán los diputados. Aquí se medirá la talla de la
oposición.
En
caso de que la junta directiva del Congreso Nacional, arbitrariamente,
impida la interpelación, entonces quedará demostrado palmariamente que
la defensa del gobierno no es al Partido Nacional, sino a los corruptos
de su partido. En este supuesto, perderá la precaria legitimidad que
ostenta y, en adelante, el enemigo del pueblo lo será el gobierno, no
los corruptos, al que hasta los mismos nacionalistas despreciarán ante
la vergüenza que, seguramente, les provocará comprobar que su gobierno,
por defender a los políticos corruptos, es capaz de destruir el partido
mismo.
Tomado de Red FIAN-Honduras / 19 de mayo 2015
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