Alerta 24-15
3 de marzo, 2015
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El noticiario Lo Toma o Lo
Deja de la Radio Infinita, 95.1 en Frecuencia Modulada, del municipio de
La Paz, dirigido por el periodista Gilberto Gálvez, fue sacado del aire
el 2 de marzo.
En el mismo espacio informativo, transmitido de lunes a viernes, de 6
a 7 de la mañana, trabajaba el comunicador Irán Ángel Padilla.
El viernes 27 de febrero cumplieron un mes, a un costo de 2,000
lempiras, pagaron tres cuartas partes del programa y este lunes
amortizarían 500 lempiras restantes que quedaron debiendo, sin embargo,
el administrador Boris Suazo les notificó que estaban fuera del aire,
explicó Padilla.
A Juicio de Padilla, la falta de pago fue solo una justificación
porque en el fondo se sienten perseguidos por la alcaldesa de La Paz,
Gilma Ondina Castillo Rodríguez. “Siento que nuestras vidas corren
peligro porque hay actitudes hostiles”, denunció el comunicador.
Reveló, además, que el martes 24 de febrero estaba platicando con el
jefe regional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Javier Suazo
Cáceres, cuando la alcaldesa increpó al funcionario y le advirtió, de
manera prepotente, que a esos dos periodistas (Gálvez y Padilla) no les
diera entrevista porque habían dicho que el mercado de La Paz tiene
riesgo de incendio.
El periodista, con 17 años de ejercicio profesional, dijo que sienten
que les están cerrando espacios y que en La Paz nunca se había vivido
una época de tanta intolerancia contra la prensa independiente.
Padilla y Gálvez son integrantes de la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos).
Gálvez enfrenta un proceso judicial por injurias y difamación,
promovida por la jefa edilicia de La Paz, en el departamento del mismo
nombre, en la zona central del país.
Se trató de conocer la versión de la alcaldesa de La Paz y se le
llamó 11 veces por vía telefónica, la primera vez, al teléfono fijo de
la oficina de la municipalidad e informaron que no estaba. Luego el
equipo de C-Libre marcó su número celular, respondió una vez, replicó
que no escuchaba muy bien, cortó la comunicación y no volvió a responder
su portable.
El numeral 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de
Expresión establece que la utilización del poder del Estado y los
recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias;
la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y
créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y
televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de
comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la
libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley.
Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en
forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a
silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son
incompatibles con la libertad de expresión.
http://clibrehonduras.com/main/noticias/suspenden-programa-de-periodista-querellado-por-alcaldesa
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