Se
ha enviado al Congreso Nacional un paquete de medidas en materia de
seguridad que incluye una revisión del sistema penitenciario de
Honduras. Más concretamente, lo que se pide es una reforma al artículo
332 del Código penal, conocido como Ley Antimaras debido a que
actualmente no está funcionando y se circunscribe únicamente a las
maras.
Lo
que se pretende es castigar no solamente a quienes pertenecen a las
maras sino a toda persona que participe o colabore en delitos cometidos y
planificados por cualquier organización criminal. Juntamente se
pretende una política de reinserción social donde, inclusive, se obligue
a trabajar a los reos.
Por lo tanto, se busca endurecer la ley
antimaras, establecer el trabajo forzado para los reos y facilitar el
traslado de presos peligrosos.
Lo
que pretende JOH es aplicar una medicina social que tal vez no sea la
adecuada. Sabemos por experiencia que solamente después de un buen
diagnóstico se pude recetar algo orientado al restablecimiento de la
salud del enfermo. Para ello es bueno recordar algunos datos que nos
centren el problema.
En
primer lugar, no se puede tratar el problema de las maras “desde
arriba, de forma vertical y vía decreto” puesto que ha sido el mismo
presidente quien se ha negado a dialogar con ninguno de estos grupos.
Buscaban dialogo y reinserción social y no se les concedió. Señalaban
como causas principales que les empujaron a sus actividades delictivas
la pobreza y la falta de trabajo. Son problemas estructurales del país
que están lejos de resolverse y, por lo tanto, son el caldo de cultivo
que facilita a los jóvenes orientarse por caminos perversos y anti
sociales.
Con
y sin el FMI los presupuestos sociales no dejan de reducirse, aumentan
los impuestos y una militarización creciente que absorbe unos fondos
indispensables que servirían para enfrentar estos problemas
estructurales.
El
contexto geopolítico y nacional no es el mismo en tiempos del
presidente Maduro y del actual. Hoy día Centroamérica ha aceptado, de
una manera u otra, la agenda de seguridad estadounidense, tanto a nivel
interno como externo. La fuerte presión y presión para la captura de
los grandes capos se traduce al interior del país en estas leyes que
pretenden poner orden en casa.
El
gobierno es muy consciente que, contrariamente a lo señalado por la
ciencia política, no posee el “monopolio legítimo de la violencia” en el
país. Tiene que compartirlo con otros poderes que responden a otra
lógica y a otros intereses. Actúan como si fueran “otro gobierno dentro
del gobierno” pues poseen su territorio, sus leyes propias, imponen
impuestos a la sociedad, tienen capacidad de pactar y negociar; y,
además, utilizan la violencia a conveniencia. Van permeando la vida
política e institucional del país y se infiltran en todos los estratos
sociales.
Nuestras
colonias y barrios se convierten en campos de batalla donde hay una
“guerra sin cuartel contra los jóvenes”: el gobierno y la sociedad que
los margina y excluye de todo tipo de trabajo y educación; o, en el
mejor de los casos, son “marca de país” y “producto de exportación”:
jóvenes, pobres y migrantes como mercancía barata. Los grupos
delincuenciales hacen que la vida y convivencia en las periferias sea un
infierno y pesadilla para los pobres pues aparte de tener que
sobrevivir en un sistema social que no cuenta para nada con ellos, se
convierten en “enemigos y no aliados estratégicos”.
En
definitiva, si de verdad JOH quiere resolver el problema de la
violencia, la seguridad y la paz social, debe ir a los problemas y sus
causas. Iniciar un diálogo y pacto social con los actores sociales
implicados y, no tanto con las cúpulas políticas o económicas centradas
en etnocentrismo de clase. Escuchar y descargar Nuestra Palabra
Derechos compartidos, citando la fuente | Contáctenos | Misión | Historia | www.radioprogresohn.net
Si no se ha suscrito Nuestra Palabra, envíe un correo electrónico a multimedia@radioprogreso.net con el mensaje de suscripción.
No hay comentarios :
Publicar un comentario