5…Los coroneles no tienen quien los audite…
Escrito por Redacción | Marzo 9 del 2015 Secciones: Investigaciones
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Para medir el honor, lealtad y sacrificio; para conocer la
transparencia institucional; para escrutar cómo reaccionan las Fuerzas
Armadas cuando uno de sus miembros es sospechoso de un delito; se
solicitó información de altos mandos castrenses investigados
criminalmente por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos porque
habrían encubierto el homicidio contra el adolescente Ebed Yaassiel
Yanes Cáceres, de 15 años, cometido por sus subalternos.
La
solicitud se hizo el 2 de febrero de 2015 y fue negada por las Fuerzas
Armadas porque, según sus funcionarios, es información clasificada.
El
5 de febrero de 2015, la secretaria general de las Fuerzas Armadas, la
abogada Olga Suyapa Irías, mediante Memorándum S. G. No.016-2015,
recomendó declarar sin lugar la solicitud de información pública “en
virtud de que la información requerida en su totalidad cuenta con
restricción del acceso por ser clasificada como reservada”.
Irías envió el Memorándum S. G. No.016-2015 con instrucciones del titular de la Secretaría de Defensa, Samuel Reyes.
La
denegatoria es acompañada por una resolución de reserva de información
del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que únicamente
clasificó como reservada información que pueda poner en riesgo la
defensa nacional.
6
Condenaron al sargento y liberaron a los coroneles
El
cansancio de la sed de justicia de parte de Wilfredo Yánes se nota en
las arrugas debajo de sus ojos. Desde que mataron a su hijo, inició el
camino para conocer qué pasó esa madrugada. La mañana siguiente después
de la muerte de Ebed Yassiel Yanes Cáceres, habló con los vecinos, unos
tenían miedo y no querían hablar, otros, en cambio, recogieron
casquillos enredados en la maleza, que los militares no detectaron
cuando limpiaron la escena del crimen.
Uno
de los vecinos, que después se convirtió en Testigo Protegido, le
entregó a Yanes los casquillos que serían determinantes para comprobar
científicamente que la bala salió de un fusil militar.
Este
crimen ocurrió el 27 de mayo de 2012 y casi tres años después, el
proceso sigue abierto en Juicio Oral y Público. El 6 de febrero pasado
la Fiscalía pidió 20 años de cárcel para el sargento homicida, Eleazar
Abimael Rodríguez.
Los
demás imputados salieron libres porque aunque participaron en el
homicidio, la Fiscalía sólo los acusó por abuso de autoridad y
encubrimiento y al tipificar mal el delito cometieron un error.
El
Tribunal de Sentencia aún no define la pena concreta para el único
condenado, mientras tanto, en otro juicio, por este mismo crimen, los
altos mandos de las Fuerzas Armadas recibieron carta de libertad.
Desde
abril de 2013, la Fiscalía enjuició a altos mandos castrenses. Sin
embargo, el 2 de febrero de 2015, el Juzgado de Letras de lo Penal dio a
conocer que la Corte Primera de Apelaciones ordenó revocar el auto de
prisión, dictado en el juzgado de primera instancia.
Los
altos mandos de las Fuerzas Armadas fueron acusados por encubrimiento,
abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios porque
obstruyeron la investigación criminal para encontrar a los homicidas
del adolescente, sostiene la Fiscalía.
El
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh),
como observador en el juicio contra los coroneles y oficiales militares,
anunció que la Fiscalía impugnó para que la Corte Suprema de Justicia
revoque la libertad de los coroneles, tenientes coroneles y demás
oficiales enjuiciados criminalmente.
Durante
estos juicios, ha habido dificultades en el acceso a la información,
posposición de audiencias judiciales, numerosos recursos e impugnaciones
que dilataron el proceso penal.
Como
muestra, el 25 de junio de 2014, mediante una cedula de notificación la
Corte Primera de Apelaciones le pidió a la defensa de los militares ser
leal con la justicia: “la defensa debe actuar con absoluta lealtad ante
la justica pues su función no es la de lograr a toda costa y a
cualquier precio que los asuntos a ellos encomendados se resuelvan de
acuerdo con sus intereses, actuar de esta manera equivale a un acto de
deslealtad para la administración de justicia y ello lo prohíbe el
Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho, en el artículo
11”, advirtió la Corte de Apelaciones.
Esta
apelación fue realizada por el abogado Jacobo Salandía contra una
decisión del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de
Tegucigalpa del 25 de febrero de 2014 con el fin de anular una parte de
las actuaciones judiciales. El tribunal de alzada declaró sin lugar la
petición.
A
juicio del defensor Salandía, en este caso hay preferencia de la
justicia porque se enjuició a los militares, mientras en otros procesos
se ha investigado a policías y se les ha dejado en libertad con una
resolución de sede administrativa del Ministerio Público.
7
Alto comisionado de los DD.HH. conoce crimen contra adolescente
El
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
conoce las supuestas irregularidades denunciadas en el proceso de
enjuiciamiento de militares implicados en la muerte del adolescente
Yanes Cáceres.
La
Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o
Arbitrarias de la oficina del alto comisionado conoció del caso luego de
diligencias del Cofadeh.
El
fiscal de derechos humanos, Luis Fernando Padilla, reconoció que hubo
un error de la Fiscalía de Derechos Humanos al acusar únicamente a
Eleazar Abimael Rodríguez por homicidio y aunque el Tribunal de
Sentencia falló que los tres son homicidas no se les puede volver a
enjuiciar.
La
única salida es que mediante el recurso de casación, que promoverá la
Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia acepte realizar un nuevo juicio.
Desde
la audiencia preliminar, que elevó este caso a juicio oral, pedimos
acusar a los tres acusados por homicidios, pero la jueza Elvia Matamoros
lo declaró sin lugar.
También
Cofadeh, que actuó en el juicio oral como parte acusadora privada,
pidió ampliar la acusación por homicidio, interpusieron un amparo y éste
fue negado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
eso indica que se debió acusar por homicidio desde el inicio, explicó el
fiscal.
Según
el Libro de Novedades del Comando de Operaciones Especiales (COES) el
arma homicida estaba asignada a Eleazar Abimael Rodríguez Martínez. Las
pruebas de balística determinaron que con esa arma le causaron la
muerte, pero no pudieron determinar quiénes dispararon y de qué fusiles
militares salieron las demás balas que ocasionaron una segunda herida
accidental en el costado del adolescente y dañaron la motocicleta.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/investigaciones/%C2%A1mataste-un-ni%C3%B1o-ii-parte
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