Un zipizape en el Poder Judicial se originó por el actuar del Consejo de la Judicatura al cuestionar un magistrado sus resultados desde que fue creada.
El magistrado Jacobo Cálix, de la Corte Suprema, cuestionó la entidad dedicada al nombramiento, investigación, evaluación y sanción de funcionarios judiciales.
“A mi juicio todavía falta mucho que hacer y el tema se reduce a algo: mientras el Consejo se siga viendo como tramitador de acciones y de recomendaciones meramente políticas, vamos a seguir teniendo un problema grave dentro de la administración de justicia”. Aseguró que los puestos en el Poder Judicial deberían ser ocupados por personas despolitizadas y que den mayor eficiencia.
“Hay que tener claro que la administración de justicia es un servicio público; como servicio público debe darse de manera eficiente, y para que se pueda dar de manera eficiente tiene que tener el personal idóneo y el personal idóneo es siempre el que ingresa con base en méritos”.
Reacción
Señaló además que se debe tomar en cuenta y respetar la antigüedad de un funcionario para que este pueda ascender a cargos dentro de este poder del Estado.
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, aseguró que los cuestionamientos de Cálix se originan por la falta de información. “Yo le voy a decir al secretario que le instruya la información para que podamos nosotros coincidir y tener la coherencia de que la verdad el Consejo no está actuando a través de influencias políticas, eso no es correcto”. Enfatizó en que “no hay tráfico de influencias políticas ni nombramientos políticos en el Poder Judicial”.
Detalló que hasta el momento han sido destituidos 42 funcionarios del Poder Judicial; 49 han sido suspendidos, pero nueve ya se reintegraron.
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