Honduras
mantiene un alto riesgo para el ejercicio del periodismo, con tres
casos de profesionales asesinados por su trabajo en el último semestre,
denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“Los elevadísimos índices de impunidad general se ven acentuados en
los casos de asesinatos, atentados y agresiones de toda índole que
sufren medios de comunicación y periodistas”, señala un informe
elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.El documento, que este domingo se discutió en el marco de la 70
asamblea general, que se celebra en Santiago, Chile, recuerda que el 91%
de los asesinatos de periodistas se encuentra en la impunidad, según
los informes y estadísticas publicadas por el Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos.Durante el último semestre se informó además de la suspensión del ejercicio de la profesión por 16 meses al periodista Julio Ernesto Alvarado.
El fallo derivó de una acción penal por difamación. En una decisión judicial anterior, Alvarado se vio obligado a pagar una multa a cambio de una condena de prisión por el delito de difamación.
La demanda, que data de 2012, se originó después de que el informador vertiera opiniones y realizara entrevistas en su programa “Mi Nación”, en Globo TV, sobre el supuesto nombramiento irregular de la Rectora Julieta Castellanos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
También se presentaron en este tiempo otras acciones del mismo tipo contra varios comunicadores que ponen de manifiesto la urgencia de despenalizar los delitos de injuria, calumnia y difamación, indica la SIP.
En agosto de 2012 el entonces presidente Porfirio Lobo se comprometió, durante una conferencia organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, a impulsar la despenalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación, promesa que todavía no ha sido materializada por el gobierno.
Pero se mantienen vigentes disposiciones y resoluciones de la autoridad pública que limitan el acceso a la información pública, debilitando así los esfuerzos por lograrse un mayor grado de transparencia en los asuntos públicos, sostiene el informe.
Entre los casos más graves ocurridos en el último medio año, la SIP registra el asesinato el pasado 11 de abril de Carlos Hilario Mejía Orellana, responsable de mercadeo y ventas de Radio Progreso, en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro.
Mejía Orellana, de 35 años, trabajaba desde hacía 13 en la emisora de la Compañía de Jesús. Su cadáver fue hallado apuñalado en su vivienda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas de protección desde 2009 a él y a otros integrantes del grupo Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la emisora, después de que denunciaron ser blanco de amenazas de muerte.
Además, el pasado 20 de julio fue encontrado sin vida el periodista Herlyn Espinal, quien trabajaba como reportero de Televicentro y del Noticiero “Hoy Mismo”, en San Pedro Sula.
Autoridades de Seguridad informaron sobre la muerte de una persona que identificaron, con un “97% de certeza”, como el autor material del asesinato.
Asimismo, el 14 de agosto fue asesinado en el municipio de Olanchito el periodista Nery Francisco Soto Torres, de 32 años.
Soto Torres era presentador de un noticiero de Canal 23 y coproductor del programa “Cuarto Poder”, de Radio Full FM. El informador fue atacado por desconocidos que le dispararon cuando regresaba a su casa.
En este período fueron asesinados otros cuatro periodistas, pero en esos casos no existen indicios de que estuvieran relacionados a su labor profesional, subraya el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Por otro lado, la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, continúa en discusión en el Congreso Nacional, reza el documento de la SIP.
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