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Redacción en
Martes, 21/10/2014 - 15:17
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La
medida cautelar 457-13 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), otorgada en favor a la Asociación para una Vida Mejor
(APUVIMEH), registra desde el 2009 cómo los miembros de la comunidad
LGTBI han sido objeto de asesinatos, amenazas, actos de agresión y
hostigamientos, como consecuencia de su actividad en defensa de la
comunidad.Sandra
Zambrano, directora ejecutiva de APUVIMEH (Asociación Para Una Vida
Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras)
destaca que la citada medida cautelar de la CIDH incluye, entre otros
casos, el asesinato del ex secretario general de esa asociación, Walter
Orlando Trochez, que tuvo lugar 13 de diciembre de 2009.
“Más
recientemente, entre agosto y noviembre de 2013, se intensificó el
acoso a varios miembros de la asociación, y el 15 de diciembre de ese
mismo año, se irrumpió una celebración para extorsionar y amenazar a
muerte a todos los miembros si no se pagaba determinado monto –reseña
Zambrano–. Se presume que la amenaza proviene de miembros del cuerpo de
seguridad del Estado y vale recalcar que hasta ese momento ninguna
autoridad estatal les había otorgado protección”, concluye la activista.
Zambrano
relata que con posterioridad a la medida cautelar de la CIDH, se han
producido más casos de hostigamiento, tales como: el seguimiento, toma
de fotografías y allanamiento habitacional de un miembro por parte de
elementos policiales. También señala el ataque físico y amenaza de
muerte hacia la activista de la Colectiva Lésbica ANAT/APUVIMEH,
Jennifer Artola, ocurrido el 27 de agosto de este año. Finalmente,
menciona el reciente asalto a las instalaciones de APUVIMEH, el pasado
29 de septiembre, del que ya se informara días atrás.
Asimismo,
Alejandro Valladares, activista y defensor de los derechos humanos en
Honduras, reseña el caso de Jonatán Rafael Escobar Cruz, también miembro
activo de APUVIMEH, quien desde hace un par de semanas ha empezado a
recibir amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, a través de
llamadas telefónicas. De acuerdo con la información suministrada por
Valladares, las amenazas comenzaron cuando Escobar Cruz junto al equipo
técnico han empezado a denunciar la impunidad que rodea las muertes de
sus compañeros activistas de los derechos LGBTI al Ministerio Público.
Los
nombres se suceden, la lista de ataques se incrementa. Zambrano también
menciona Arely Gómez, activista trans de su organización. “De manera
conjunta con un grupo de defensores de derechos humanos desde APUVIMEH
asumimos la responsabilidad de dar seguimiento en el Ministerio Público
de los casos de muertes LGBTI”.
La
directora de APUVIMEH suma el caso del presidente de la Junta Directiva
de la asociación, José Zambrano, reconocido activista LGBTI con 30 años
de trabajo, quien dejó el país de manera temporal en marzo por amenazas
a muerte. “Hay amenazas en contra de nuestras vidas (aun cuando
contamos con la medida cautelar de la CIDH). Las denuncias en contra de
la impunidad las venimos realizando desde el año 2010”, señala la
activista y concluye: “Hasta el día de hoy ninguna autoridad ha dado las
muestras de investigar o de importarle nuestra situación”.
Por
su parte, Valladares recuerda que entre 2008 y 2014 suman 185 los
miembros de la comunidad LGBTI asesinados en Honduras, “registrándose
solo en este año 14 asesinatos por crímenes de odio”. /Fuente:
LAC@ILGA.ORG
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/lgtbi/acoso-recurrente-activistas-de-comunidad-lgtbi-en-honduras
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