La cámara legislativa estrenó hoy un debate para hablar del juicio político. Foto Archivo
Tegucigalpa –
La cámara legislativa hondureña conoció hoy la presentación de una
iniciativa para practicarle el juicio político al fiscal adjunto,
Rigoberto Cuellar. La moción, primera de este tipo, fue improbada por 78
votos de las bancadas nacionalista, liberal y tres del resto de las
fuerza políticas representadas en el Parlamento.
El
resto de los votos se dividieron en 43 en favor de aplicar la figura a
Cuellar mientras que siete legisladores se abstuvieron sufragar.
Fue
el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Castro,
quien presentó la solitud para que se abriera una investigación a fin
de someter a un juicio político al fiscal adjunto de la República.
La
figura del juicio político fue creada en el Congreso anterior y abre la
puerta para otros escenarios en el ámbito del orden institucional en
Honduras.
Argumentos
presentados en la cámara fueron sustentados por los diputados Oswaldo
Ramos Soto y Darío Banegas, quienes coincidieron en indicar que la base
de la petición está más relacionada con el desempeño de Cuellar como
Secretario de Recursos Naturales y Ambiente y no a sus funciones como
fiscal.
La
diputada del partido Anticorrupción (PAC), Fátima Mena, recordó que su
instituto político se opuso a la elección del fiscal titular y su
adjunto, aún antes de estar el PAC represnetado en la cámara legislativa
y ser sólo una expresión política.
Luego
de escuchar argumentos, el presidente del Congreso Mauricio Oliva, hizo
énfasis en que todo lo expuesto se concentraría y quedaría palpable al
momento de la votación y adelantó que eso ya se sabía cómo iba a
resultar.
Los
argumentos de quienes favorecían la aplicación del juicio político en
contra de Cuellar, dijeron que éste ha cometido delito al mantener
vínculos con un bufete legal donde se defienden a personas que son
acusadas por el Ministerio Público por diferentes delitos.
La
figura del juicio político fue aprobada a inicios de 2013 y es
aplicable a los titulares de los tres poderes del Estado así como a
otros altos cargos, señalados de cometer abusos de autoridad en el
desempeño de sus funciones.
La
Comisión de la Verdad creada por el anterior presidente Porfirio Lobo,
recomendó la puesta en marcha de tal figura, tras la crisis política que
sacudió a Honduras y que tuvo su peor momento en junio de 2009.
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