Escrito por Redacción en Martes, 16/09/2014 - 12:04
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En la región persisten gravísimos índices de criminalidad e impunidad por violaciones a Derechos Humanos, los niveles alarmantes de violencia, militarización y prácticas represivas principalmente en Honduras, El Salvador y Guatemala son temas de especial preocupación para las organizaciones defensoras de derechos humanos.• La actuación de las instituciones responsables de la seguridad pública sigue siendo ineficaz y vinculada cada vez más en actos de corrupción y abusos.
Así
lo señaló esta semana el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de
Derechos Humanos en Centroamérica quien se reunió en la ciudad de
Tegucigalpa, Honduras, para analizar la situación actual de algunos
Derechos Humanos en la región.
El
Equipo integrado por: el Centro de Desarrollo Humano –CDH- (Honduras);
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
–CIPRODEH-(Honduras); Centro Nicaragüense de Derechos Humanos –CENIDH-;
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá –CONADEHUPA-; Fundación
de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD-; Fundación Fútbol
por la Vida –FFV-(Costa Rica); Grupo de Apoyo Mutuo –GAM- (Guatemala);
Iglesia Luterana Costarricense –ILCO-
De
acuerdo con el análisis de los expertos en derechos humanos de la
región, “el índice de homicidios continúa en niveles alarmantes,
principalmente en Honduras, El Salvador y Guatemala”, sin embargo, “los
responsables de la mayoría de asesinatos y otros hechos violentos pocas
veces son llevados ante la justicia, y menos aún son condenados”.
¿Pacto Social o política represiva?
Para
el Equipo de analistas, “los Estados que conforman la región
centroamericana buscan maneras para justificar la participación del
ejército en acciones de seguridad pública, así como la implantación de
políticas represivas que criminalizan la pobreza, con lo que cada vez
más se aumentan las condiciones de hacinamiento en los centros
penitenciarios”.
De
acuerdo al comunicado público emitido, lejos de facilitar un pacto
social “muy poco se persiguen los delitos cometidos por el crimen
organizado o aquellos que son cometidos por personas que poseen poder
económico, político o social”.
La
persecución en contra de defensores y defensoras de derechos humanos
continúa en Honduras especialmente para los defensores que denuncian
actos de corrupción. Muestra de ello se registra el reciente asesinato
de la líder comunitaria Margarita Murillo, así como la persecución y
criminalización judicializada contra las dirigentes indígenas, Berta
Cáceres y Mirian Miranda, quienes se han preocupado por la defensa a los
territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Migraciones forzadas
De
acuerdo con los defensores de derechos humanos en Centroamérica “las
condiciones de violencia, crimen organizado, familias desintegradas,
pobreza, entre otras, siguen expulsando personas hacia otros países más
allá de la región, principalmente hacia los Estados Unidos”.
Para
mayo de 2014, se calculaba que 47,017 niños y niñas en su mayoría
centroamericanos cruzaron la frontera entre México y EE UU, duplicando
la cifra registrada para el año 2013 durante el mismo período.
Actividad minera
Igualmente,
las actividades mineras en la región continúan afectando a los pueblos:
el pasado dos de julio, once pobladores que se dedicaban a la
extracción de oro de forma artesanal, en el Municipio de El Corpus,
Choluteca, quedaron soterrados por un alud de tierra y piedras. Dos
sobrevivieron y 9 cuerpos aún no han sido rescatados.
Otro
caso, se dio en agosto pasado, cuando 20 mineros artesanales que
permanecían atrapados fueron rescatados, otros 7 siguen siendo buscados,
tras un derrumbe en una vieja mina situada en el municipio de Bonanza,
en el Caribe norte de Nicaragua. Por su parte, El Salvador está por
conocer el resultado de una demanda por 301 millones de dólares
promovida por la empresa minera Pacific Rim / Oceana Gold ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones –CIADI-.
En
ese sentido, el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos
Humanos en Centroamérica urgió por el respeto del cumplimiento de los
instrumentos de Derechos Humanos que han sido ratificados incorporándose
a los ordenamientos jurídicos de cada país y la puesta en marcha de los
mecanismos de protección y promoción de los mismos.
Así
mismo, exhortó a los congresos centroamericanos para que diligencien la
inmediata aprobación de una ley que proteja a los defensores y
defensoras de los derechos humanos en la región, que permita la
administración de justicia, sin distingos ni privilegios de ningún tipo,
apegados a los principios de justicia universal como el criterio
fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la razón de ser
de un Estado de Derechos y sin intereses político-partidista o de
cualquier tipo.
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