Estas violaciones, basadas en testimonios
personales de las víctimas, incluyeron un desalojo violento de la
comunidad de La Panamá por las fuerzas armadas hondureñas el 3 de julio
de 2014, con gases lacrimógenos, balas, y agresión física en espacios
públicos cerca de casas y escuelas.
Artículo |
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Una delegación internacional de once personas,
incluyendo observadores de derechos humanos de Estados Unidos y Canadá y
un periodista del diario The Nation, tomaron testimonios de violaciones
a la vida.
Asimismo, visitaron varias comunidades campesinas en el Bajo Aguán y documentó violaciones a derechos humanos atribuidas a las fuerzas estatales hondureñas y la corporación Dinant.
Estas violaciones, basadas en testimonios personales de las víctimas, incluyeron un desalojo violento de la comunidad de La Panamá por las fuerzas armadas hondureñas el 3 de julio de 2014, con gases lacrimógenos, balas, y agresión física en espacios públicos cerca de casas y escuelas.
Un hombre murió, dos fueron gravemente heridos, varios fueron golpeados, y siete fueron detenidos dentro de sus casas, acusados, y luego fueron puestos en libertad.
Varios testimonios hicieron hincapié al rol directo de las fuerzas militares hondureñas en propiedad privada de Dinant, borrando las líneas entre el papel del estado hondureño y guardias privadas de seguridad.
Al día siguiente de la visita al Bajo Aguán, la delegación fue acusada por el Coronel Germán Alfaro de Fusina de “alientan a los campesinos lanzar ataques” y “causar dispensión” en la región.
También dijo que la representación estaba siendo investigada por estar en “un área prácticamente restrictiva del país.”
Estas acusaciones son similares a las que se hicieron en contra la defensora de derechos humanos Annie Bird de Rights Action en diciembre de 2013 y julio de 2014 cuando Roger Pineda de Dinant y el Coronel Alfaro acusaron a Bird de “causar caos,” intentar “desestablizar” la región del Aguán, y la acusaron de estar involucrada en “actividades ilícitas” en un canal local de televisión en Tocoa, Colón.
Por esa razón, lamentan que se den estas acusaciones y difamación en la prensa como parte de un plan estratégico sistemático para amenazar, criminalizar, y silenciar la documentación de violaciones de derechos humanos de observadores nacionales e internacionales y periodistas.
La necesidad de exponer las violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán –prosiguieron– es urgente y las violaciones que nosotros escuchamos en La Panamá y en el Aguán son similares a otros que han sido ampliamente documentados por organizaciones de derechos humanos como Rights Action, Human Rights Watch, y el Grupo de Trabajo sobre el uso de Mercenarios de las Naciones Unidas.
Más de cien campesinos han sido asesinados en el Bajo Aguán desde 2009 y muy pocos casos han sido investigados o juzgados. Acusaciones sobre abusos y violaciones cometidas por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant contra comunidades campesinas en el Aguán motivaron a la IFC, el brazo privado del Banco Mundial, a iniciar una auditoría interna de su préstamo de 30 millones de dólares a Dinant.
Además, durante la visita a finca Panamá el 15 de agosto de 2014, los observadores escucharon tiros de bala cerca del área donde se tomaron los testimonios, y después descubrieron que cuatro miembros de la comunidad habían sido detenidos por las fuerzas militares hondureñas.
En ese momento, añadieron, notificaron a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa sobre la localización y preocupación por la población de La Panamá.
Hubo preocupación por la seguridad dado que otras delegaciones internacionales habían sufrido intimidación por parte de las guardias privadas de Dinant quienes dispararon cerca de los delegados y comunidad campesina.
La difamación y los ataques contra observadores internacionales, defensores de derechos humanos y periodistas que investigan abusos de derechos humanos en el Bajo Aguán es un intento de encubrir las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant en el Bajo Aguán.
http://www.ellibertador.hn/?q=article/militares-hondure%C3%B1os-reprimen-defensores-de-derechos-humanos-en-el-agu%C3%A1n
Asimismo, visitaron varias comunidades campesinas en el Bajo Aguán y documentó violaciones a derechos humanos atribuidas a las fuerzas estatales hondureñas y la corporación Dinant.
Estas violaciones, basadas en testimonios personales de las víctimas, incluyeron un desalojo violento de la comunidad de La Panamá por las fuerzas armadas hondureñas el 3 de julio de 2014, con gases lacrimógenos, balas, y agresión física en espacios públicos cerca de casas y escuelas.
Un hombre murió, dos fueron gravemente heridos, varios fueron golpeados, y siete fueron detenidos dentro de sus casas, acusados, y luego fueron puestos en libertad.
Varios testimonios hicieron hincapié al rol directo de las fuerzas militares hondureñas en propiedad privada de Dinant, borrando las líneas entre el papel del estado hondureño y guardias privadas de seguridad.
Al día siguiente de la visita al Bajo Aguán, la delegación fue acusada por el Coronel Germán Alfaro de Fusina de “alientan a los campesinos lanzar ataques” y “causar dispensión” en la región.
También dijo que la representación estaba siendo investigada por estar en “un área prácticamente restrictiva del país.”
Estas acusaciones son similares a las que se hicieron en contra la defensora de derechos humanos Annie Bird de Rights Action en diciembre de 2013 y julio de 2014 cuando Roger Pineda de Dinant y el Coronel Alfaro acusaron a Bird de “causar caos,” intentar “desestablizar” la región del Aguán, y la acusaron de estar involucrada en “actividades ilícitas” en un canal local de televisión en Tocoa, Colón.
Por esa razón, lamentan que se den estas acusaciones y difamación en la prensa como parte de un plan estratégico sistemático para amenazar, criminalizar, y silenciar la documentación de violaciones de derechos humanos de observadores nacionales e internacionales y periodistas.
La necesidad de exponer las violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán –prosiguieron– es urgente y las violaciones que nosotros escuchamos en La Panamá y en el Aguán son similares a otros que han sido ampliamente documentados por organizaciones de derechos humanos como Rights Action, Human Rights Watch, y el Grupo de Trabajo sobre el uso de Mercenarios de las Naciones Unidas.
Más de cien campesinos han sido asesinados en el Bajo Aguán desde 2009 y muy pocos casos han sido investigados o juzgados. Acusaciones sobre abusos y violaciones cometidas por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant contra comunidades campesinas en el Aguán motivaron a la IFC, el brazo privado del Banco Mundial, a iniciar una auditoría interna de su préstamo de 30 millones de dólares a Dinant.
Además, durante la visita a finca Panamá el 15 de agosto de 2014, los observadores escucharon tiros de bala cerca del área donde se tomaron los testimonios, y después descubrieron que cuatro miembros de la comunidad habían sido detenidos por las fuerzas militares hondureñas.
En ese momento, añadieron, notificaron a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa sobre la localización y preocupación por la población de La Panamá.
Hubo preocupación por la seguridad dado que otras delegaciones internacionales habían sufrido intimidación por parte de las guardias privadas de Dinant quienes dispararon cerca de los delegados y comunidad campesina.
La difamación y los ataques contra observadores internacionales, defensores de derechos humanos y periodistas que investigan abusos de derechos humanos en el Bajo Aguán es un intento de encubrir las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant en el Bajo Aguán.
http://www.ellibertador.hn/?q=article/militares-hondure%C3%B1os-reprimen-defensores-de-derechos-humanos-en-el-agu%C3%A1n
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