Tocoa, Colón.El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) lanzaron en la ciudad de Tocoa, Colón, el proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras”.
Unas 75 personas asistieron al evento que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Recarte de esta ciudad y en el cual participaron representantes de la Fiscalía, Las Fuerzas Armadas (FFAA), organizaciones populares, sindicales, periodistas, comunicadores sociales y defensores y defensoras de derechos humanos que realizan su trabajo en el Bajo Aguán.
El proyecto respaldado por la Unión Europea tiene el propósito de proporcionar mecanismos de apoyo y protección a defensores y defensoras de derechos humanos quienes afrontan grandes riesgos y restricciones al momento de realizar su trabajo en medio de un contexto de conflictos de tierras en la zona del Aguán, y por los efectos de las explotaciones mineras en el Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán.
Durante su intervención ante los medios de comunicación que cubrieron el evento, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva destacó que “el comité no viene a competir con nadie, nosotras venimos con el propósito de ver cómo servimos al fortalecimiento del estado de derecho y cómo contribuimos en la reducción de las violaciones a los derechos humanos, la discriminación y la estigmatización que se producen contra los que defienden la tierra y los que promueven la justicia”.
Oliva resaltó que mientras no se haga una investigación con un alto grado de profesionalismo e independencia, mientras no tengamos la certeza que esos resultados van a hacer canalizados ante las instancias de la aplicación de justicia con la brevedad posible y en el tiempo y forma, la situación de solución del conflicto en el Aguán, va para largo.
“Mientras no haya voluntad política de parte de los operadores de justicia y mientras no actúen con independencia y sigan totalmente polarizados, lógicamente el conflicto en el Aguán va a seguir; pero nuestra intención es apoyar, la intención es contribuir y ayudar a los campesinos y campesinas y a los defensores y defensoras de derechos humanos a hacer procesos de documentación, haciendo las denuncias necesarias ante los medios de comunicación nacionales e internacionales y brindarles acompañamiento y herramientas que fortalezcan su trabajo”, anunció la reconocida defensora de derechos humanos.
En
representación de la Fuerza de Tarea Xatruch III, el Teniente Coronel,
Jorge Muñóz, expresó que es muy valiosa la participación de estas
organizaciones, especialmente de Bertha Oliva y Gilberto Ríos, que lo
único que andan buscando es que se respeten los derechos fundamentales
de todos los hondureños.Pese a que se han registrado violentos desalojos de las fincas de palma africana en el Bajo Aguán en los últimos años y que han sido ejecutados por militares de la Fuerza de Tarea Xatruch y agentes policiales, que han dejado a varios campesinos heridos de bala y decenas de heridos y con golpes de consideración, el militar aseguró que las Fuerzas Armadas operan enmarcadas en la ley y en el respeto a los derechos humanos.
“Las Fuerzas Armadas conocen claramente quiénes son los que nos apoyan en la defensa de los derechos humanos y nosotros estamos muy agradecidos con la labor que hacen estas personas, entendemos que algunas veces hay conflictos entre las organizaciones, algunas veces los medios y organismos de derechos humanos faltan a la verdad, pero como dijo doña Bertha, la verdad no se debe ocultar, debemos separar los problemas de los campesinos con la delincuencia común y con otros tipos de delitos, como los privados o de otra índole, y eso no hay que confundirlo con lo que son las verdaderas reivindicaciones de los campesinos, porque son cosas separadas, el campesino es uno y el delincuente común es otro, no podemos confundir”, aseguró Muñóz.
La solución en el Aguán pasa por una voluntad política
En torno a la presencia de la observadora de derechos humanos de la organización Derechos en Acción, Any Bird, el oficial militar dijo que “yo estoy aquí que vengan personas a visitarnos, y que puedan ser observadores objetivos, fuera de todo sesgo, que puedan observar objetivamente el problema del Aguán, porque si no se observa objetivamente desde afuera, nunca vamos a tener las soluciones que ocupamos.
“Las soluciones que ocupamos en el Aguán, no son las tradicionales, no nos han funcionado las soluciones tradicionales, esto no pasa por una solución militar, por una solución policial, por desalojos, por violaciones, por represión, debemos de buscar soluciones pacíficas donde todos los actores, debemos de poner una parte, los derechos humanos, los campesinos, las Fuerzas Armadas, los fiscales, la voluntad política como bien mencionaba doña Bertha Oliva; o sea que esta solución debe salir a partir de un consenso entre todos y de forma pacífica”, explicó Muñóz.
Por su parte la Coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDDHHA), Marta Arnold comentó que la jornada fue muy buena y se ha dado a conocer el trabajo de los defensores y defensoras tanto locales como nacionales que operan en El Aguán.
Bertha Oliva, coordinadora general del CofadehArnold criticó el trato que reciben del comandante de la Fuerza de Tarea xatruch III, coronel Jovel Martínez a quien calificó de ser una persona “repugnante que deja mucho que desear como autoridad, será por ignorancia que actúa de esa manera o será porque su criterio es así”.
“Esperamos que esa actitud cambie por el bien de todos, porque sabemos que defender los derechos humanos es algo que toda persona puede hacer y espero que este señor (Jovel Martínez) actúe de otra manera y que ese carácter lo dulcifique”, solicitó Arnold.
La defensora de derechos humanos añadió que dadas las circunstancias de cómo han tratado a algunas compañeras en desalojos que se han producido como Glenda Chávez y de Idalia Perdomo, algunos compañeras del Observatorio han sentido temor por la violencia y la agresividad que se producen y temen por sus vidas al desempeñar esta labor de defensoría, sin embargo “nos sentimos respaldadas cuando sabemos que habrá presencia de FIAN y COFADEH.
Apoyo y protección para los defensores y defensoras
El proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” contará con un acompañamiento para más de 80 defensores y defensoras que desarrollan el trabajo de protección de los derechos humanos.
La labor se desarrollará en cuatro comunidades rurales en situación de conflicto, siendo el sector del Aguán una de las áreas focalizadas, tomando en cuenta los altos niveles de violencia, persecución, hostigamientos, criminalización y muertes registradas en los últimos años.
Se ha identificado que en los conflictos agrarios y las disputas sobre concesiones de los recursos naturales, los defensores y defensoras de derechos humanos sufren ataques y amenazas en forma sistemática.
Cabe señalar que frente a esta realidad el Estado de Honduras ha sido inefectivo en la aplicación de justicia y la protección de los derechos humanos, generando de esta manera una atmósfera de impunidad en la zona.
A la fecha las organizaciones han documentado la muerte violenta de 4 defensores de derechos humanos y más de un centenar de campesinos, entre ellos, un porcentaje menor de guardias de seguridad que trabajan para los agroindustriales de palma africana en el Bajo Aguán.
Los defensores y defensoras de derechos humanos recibirán formación en defensoría, protección, acceso a la información, incidencia y comunicación.
Es el deseo de las organizaciones facilitadoras del proyecto, que el Estado genere un clima favorable y condiciones de seguridad para los defensores y defensoras de derechos humanos, así como líderes y lideresas campesinas que luchan por el acceso a la tierra y en contra de los daños ocasionados por la agroindustria y la explotación minera.
Además las organizaciones demandan de las autoridades edilicias, departamentales, militares, policiales y otros operadores de justicia, el reconocimiento al trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos.
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