Tegucigalpa.La Coalición contra la Impunidad, que converge 25 organizaciones de la Sociedad Civil, manifestó su inconformidad ante la elección del nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, pero vio positivo que el tema estuvo en la opinión pública.
Con la elección del CONADEH, el partido gobernante cierra el círculo de las instituciones sometidas a su voluntad, controlando de manera férrea todas estas instituciones del sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, CONADEH, Policía Nacional, Procuraduría General, Tribunal Superior de Cuentas, etc. De esta forma, el Presidente de la República concentra (de forma absoluta) más poder que ningún otro gobierno lo ha hecho en la historia reciente de Honduras, lo cual constituye una amenaza para los derechos y libertades democráticas en nuestro país.
Es por eso que hoy en conferencia de prensa, expresó sus consideraciones sobre el proceso mediante el cual se eligió al nuevo Ombudsman, que para la mayoría de la población es una persona desconocida, pues su formación es en derecho internacional, y no en derechos humanos, como versa la Ley orgánica del CONADEH, al mencionar los requisitos para aspirar a dicho puesto.
Una de ellas, es que valora de manera destacable que el proceso de elección del CONADEH se haya colocado en la opinión pública como un tema de interés nacional, lo cual es un logro de las organizaciones de sociedad civil que consiguieron que saliera de los salones y los pasillos del Congreso Nacional. Las audiencias públicas que se celebraron y la conformación de una comisión multipartidaria para dirigir el proceso, vinieron como consecuencia de las acciones de incidencia que se desarrollaron.
Esto produjo, que el CONADEH, pasara de ser una institución desconocida para la mayor parte de la sociedad, en buena medida por su débil posicionamiento y su falta de respuesta frente a la población hondureña, a ser visualizada, y se colocó en un plano relevante la discusión de su funcionamiento e importancia, por la persistencia de las organizaciones de sociedad civil que se posicionaron frente a la maquinaria bipartidista representada en el Congreso Nacional, exigiendo un proceso abierto, transparente y participativo, manifiesta parte del comunicado de prensa.
La Coalición Contra la Impunidad estuvo en este proceso de una forma crítica, pues sabía de las limitaciones para conseguir una elección democrática y exenta de las argucias de los partidos tradicionales y de su mayoría mecánica al momento de elegir al titular de tan importante institución.
Por tal motivo, no se sorprendieron ante la falta de transparencia y politización partidaria con que se eligió a Roberto Herrera Cáceres, reflejando una vez el desinterés y la falta de compromiso de la clase política por fortalecer la institucionalidad y la vigencia de los derechos humanos en Honduras.
“Desde la Coalición contra la Impunidad exigimos que se implementara en esta elección un procedimiento confiable como el de las audiencias públicas, pero este dejó de ser un verdadero ejercicio para la ponderación de méritos personales y profesionales y en la etapa final de esta elección lo que prevaleció fue el desconocimiento de estas reglas”.
Fue así que la Comisión Multipartidaria responsable del proceso, concluyó votando los candidatos y candidatas no por su trayectoria y preparación –como establecía el reglamento- sino que por criterios de simpatía personal. Elaborando una lista final de las y los seleccionados al gusto y medida de los partidos tradicionales y sus aliados en la cámara legislativa. Excluyendo de esta lista los perfiles de candidatas y candidatos con reconocida trayectoria, experiencia y estudios en el tema que resultaban incómodos para los intereses de estos partidos políticos.
En este escenario, surge en el listado final la candidatura de Roberto Herrera Cáceres, un profesional del Derecho con experiencia y estudios en derecho internacional, pero sin ninguna trayectoria y formación en el campo de los derechos humanos.
Sobresaliendo en el currículum del hoy Comisionado su antecedente de haber sido asesor en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, representando al Estado en una comisión de alto nivel de la industria extractivista, razón por la cual la organización CEHPRODEC había impugnado formalmente su candidatura. No pudiendo desconocerse también que, Herrara Cáceres fue un vocero a nivel nacional e internacional de la Unión Cívica Democrática en la defensa del golpe de Estado de junio de 2009, avalando de esa forma las violaciones de derechos humanos de ese periodo.
Es de hacer notar, que el CONADEH es un organismo que opera a nivel nacional con un mandato constitucional y legal a través de su Ley Orgánica, creado para garantizar la vigencia de los derechos y libertades establecidas en la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales. Para atender tal responsabilidad, en la Ley Orgánica del CONADEH se establece como un requisito esencial “ser versado en derechos humanos”, lo cual también se establece en los Principios de París y la normativa internacional relacionada, extremo que no ha sido observado por la Comisión Multipartidaria y la clase política hondureña.
También puntea, que al ostentar el nuevo Comisionado las credenciales que antes reseñamos, es claro que el partido de gobierno y sus aliados en el Congreso Nacional, han hecho una apuesta no por fortalecer la causa de la defensa y protección de los derechos humanos, sino que por la mediatización del CONADEH como ha sucedido en los últimos 12 años. Demostrando con esta elección el carácter demagógico del discurso de protección de derechos humanos que intenta posicionar el régimen ante la comunidad nacional e internacional.
Es por eso que, se manifestamos de manera contundente nuestra inconformidad con el procedimiento y la elección que finalmente se hizo del Dr. Roberto Herrera Cáceres imponiéndolo como nuevo Comisionado Nacional de Derechos Humanos, por estar vinculado a la defensa del Golpe de Estado del 2009 y por su papel de defensor de los intereses de las transnacionales petroleras y mineras. En consecuencia, sus actuaciones son contrarias a la defensa de los derechos humanos.
Se anuncia un mecanismo de seguimiento de las acciones del CONADEH
Ante la renuencia de las autoridades estatales por mejorar la institucionalidad de los derechos humanos en el país, anunciamos la creación de un mecanismo de seguimiento de las acciones del CONADEH, el cual consistirá en lo siguiente: a) Observación de las acciones que desarrolle el Comisionado, con énfasis en sus resultados; b) Seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos que se presenten ante al CONADEH; c) Elaboración de informes alternativos a los que realice el Comisionado; d) Exigir el cumplimiento de las recomendaciones hechas por los Estados en el marco del Examen Periódico Universal y de todas las decisiones de órganos internacionales de protección de derechos humanos; y, e) Denunciar a nivel nacional e internacional la ineficacia del CONADEH en casos concretos que se hayan documentado o por acciones contrarias a su mandato como defensor del pueblo.
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