Lunes 24 de Marzo 2014-14:43 Marvin Palacios / Tegucigalpa.
Pese a que existe la percepción de que el próximo titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) será impuesto por el gobierno de Juan Orlando Hernández, la sociedad civil valora el trabajo de incidencia que ha producido en las últimas semanas.
El proceso de audiencias públicas con la comparecencia de los candidatos y candidatas ante una comisión nombrada en el Congreso Nacional y dominada por diputados oficialistas, no fue del todo transparente al denunciarse que hubo preguntas arregladas para que no se abordara el tema de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del golpe de estado de 2009.
Hubo llamados de atención para las diputadas Doris Gutiérrez del partido de Innovación y Unidad Nacional (PINU) y hacia Claudia Garmendia del partido Libertad y Refundación (LIBRE) precisamente por hacer interrogantes al actual titular del CONADEH, Ramón Custodio, relacionadas a la brutal represión y a la persecución política desatada durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti que dejó más de 100 muertes violentas, muchas de las cuales han sido consideradas tanto por el movimiento social hondureño, como por organismos de derechos humanos, como crímenes políticos.
Estos llamados de atención que fueron vertidos por el diputado Mario Pérez (nacionalista) presidente de la comisión multipartidaria que evalúa a los candidatos a ombusman y que fueron dirigidos hacia sus compañeras diputadas arriba descritas, fueron calificados como acciones de censura.
Para añadir más obstáculos a la libertad de expresión, en el último día de audiencias públicas (el jueves 20 de marzo) la señal del canal del Congreso Nacional y que retransmitía el canal 8 (estatal) fue interrumpida durante la intervención del doctor Joaquín Mejía, cuando éste candidato se refería a los crimines de lesa humanidad, cometidos durante el golpe de Estado de 2009.
En declaraciones a los medios de comunicación, Mejía afirmó que la apreciación del diputado nacionalista por Santa Bárbara, Rolando Dubón Bueso en torno a que la Corte Penal Internacional (CPI) consideró que no hubo crímenes de lesa humanidad en Honduras, después del golpe de Estado, había sido incorrecta.
“La Fiscalía de la Corte Penal internacional (CPI) está aún recabando información sobre la situación en Honduras, porque recordemos que el informe anual del año 2013 plantea que mantiene abierto el examen preliminar y que va a seguir recibiendo información para determinar, ya no solo en el golpe de estado, sino que también durante las elecciones pasadas si ha habido o no, crímenes de lesa humanidad en Honduras”, explicó Mejía.
Pese a que existe la percepción de que el próximo titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) será impuesto por el gobierno de Juan Orlando Hernández, la sociedad civil valora el trabajo de incidencia que ha producido en las últimas semanas.
El proceso de audiencias públicas con la comparecencia de los candidatos y candidatas ante una comisión nombrada en el Congreso Nacional y dominada por diputados oficialistas, no fue del todo transparente al denunciarse que hubo preguntas arregladas para que no se abordara el tema de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del golpe de estado de 2009.
Hubo llamados de atención para las diputadas Doris Gutiérrez del partido de Innovación y Unidad Nacional (PINU) y hacia Claudia Garmendia del partido Libertad y Refundación (LIBRE) precisamente por hacer interrogantes al actual titular del CONADEH, Ramón Custodio, relacionadas a la brutal represión y a la persecución política desatada durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti que dejó más de 100 muertes violentas, muchas de las cuales han sido consideradas tanto por el movimiento social hondureño, como por organismos de derechos humanos, como crímenes políticos.
Estos llamados de atención que fueron vertidos por el diputado Mario Pérez (nacionalista) presidente de la comisión multipartidaria que evalúa a los candidatos a ombusman y que fueron dirigidos hacia sus compañeras diputadas arriba descritas, fueron calificados como acciones de censura.
Para añadir más obstáculos a la libertad de expresión, en el último día de audiencias públicas (el jueves 20 de marzo) la señal del canal del Congreso Nacional y que retransmitía el canal 8 (estatal) fue interrumpida durante la intervención del doctor Joaquín Mejía, cuando éste candidato se refería a los crimines de lesa humanidad, cometidos durante el golpe de Estado de 2009.
En declaraciones a los medios de comunicación, Mejía afirmó que la apreciación del diputado nacionalista por Santa Bárbara, Rolando Dubón Bueso en torno a que la Corte Penal Internacional (CPI) consideró que no hubo crímenes de lesa humanidad en Honduras, después del golpe de Estado, había sido incorrecta.
“La Fiscalía de la Corte Penal internacional (CPI) está aún recabando información sobre la situación en Honduras, porque recordemos que el informe anual del año 2013 plantea que mantiene abierto el examen preliminar y que va a seguir recibiendo información para determinar, ya no solo en el golpe de estado, sino que también durante las elecciones pasadas si ha habido o no, crímenes de lesa humanidad en Honduras”, explicó Mejía.
A
la pregunta de que el propio Ramón Custodio aseguró que la CPI descartó que hubo
graves violaciones a los derechos humanos, Mejía respondió que “yo creo que en
este caso Custodio mintió, yo no sé si por ignorancia y con intención, pero como
yo dije en la audiencia pública a pesar de que me censuraron, que no es una
resolución de la CPI, es un informe de la Fiscalía del año 2013 de la
CPI”.
El doctor Joaquín Mejía añadió que “lo que dijo la CPI son tres cosas, uno, en Honduras han existido graves violaciones a los derechos humanos atribuidos al gobierno de facto, dos, con la información que tenemos hasta el momento no podemos decir que hay base razonable para considerar que hay crímenes de lesa humanidad, y tres, mantenemos el examen preliminar abierto para seguir recibiendo información y determinar en un futuro, si son crímenes de lesa humanidad o no”, detalló el entrevistado.
Mejía dijo que posterior a su comparecencia se enteró que su participación fue cortada por los canales 20 y 8 (canales de televisión oficiales del estado de Honduras), lo que consideró como una censura frente a sus argumentos expuestos ante la comisión inter-partidaria.
En torno a la incidencia que h tenido la sociedad civil para nominar a personas con perfiles de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la abogada Reyna Rivera postulada al cargo por la Coalición Contra la Impunidad dijo a defensoresenlinea.com que está claro que en aquellos procesos de audiencias públicas, que son muy pocos, por ejemplo la elección de magistrados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), los magistrados a la Corte Suprema de Justicia o los procesos de Fiscal General del año pasado, “por regla general se han dado las audiencias pero no de manera pública, que es la diferencia en este caso, para la del Fiscal General, las audiencias fueron cerradas”.
“Otro dato importante es que se logró presionar para que hubiese una comisión multipartidaria, que es ganancioso en términos de práctica democrática en el país. Sin embargo concluyeron las audiencias con lamentables hechos de actos de censura y en mi caso particular, parte de mi intervención no fue publicitada y uno acepta estas nominaciones para que la población tenga la oportunidad de hacer un balance de los conocimientos de las personas, del compromiso de la persona, uno esperaría que igual que los otros candidatos tuvieron la oportunidad de ser publicitados en los medios de comunicación, pues que uno también pudiese obtener esa igualdad de oportunidades”, denunció Rivera.
Al final del proceso uno piensa que por lo menos la sociedad civil demostró que en su seno hay personas muy competentes, muy preparadas y que posiblemente los candidatos de sociedad civil junto a una o dos personas más que comparecieron en las audiencias, demostraron más soltura, más conocimiento y principalmente más compromiso.
“No nos mueve ostentar los cargos públicos, nos mueve hacer un trabajo por la defensa de los derechos humanos en Honduras como lo hemos hecho siempre y como lo hemos seguido haciendo”, aseguró la profesional del derecho.
Trascendió que de los 21 postulantes al cargo, la comisión inter- partidaria seleccionaría una terna de 7 candidatos y candidatas para que los diputados y diputadas en sesión del pleno, elijan al próximo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), de la cual aún no se precisa la fecha de la elección.
La Coalición contra la Impunidad integrada por unas 40 organizaciones de sociedad civil propuso para la elección del próximo titular del CONADEH al doctor Joaquín Mejía del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús con sede en El Progreso, Yoro, a la reconocida profesional del derecho, ex jueza y ex fiscal, Reyna Rivera Joya y al destacado defensor director del Centro de Investigación y Promoción de los derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), Wilfredo Méndez.
El sector oficialista está promoviendo al ex diputado Orle Solís, la ex fiscal de derechos humanos Sandra Ponce, el ex diputado Donaldo Reyes, la ex jueza Linda Rivera, la actual fiscal de la Niñez, Nora Urbina, la abogada Delmi Banegas, Miguel Ángel Ortíz, German Enamorado, ex Fiscal de Derechos Humanos, María Fernanda Castro, Mario Roberto Ríos Amador, Julia Eva Vásquez Zavala, Efraín Díaz Arrivillaga, Héctor Roberto Herrera Cáceres, Mario Morazán Aguilera, Luis Alonso Discua Cerrato, Gilberto Enrique Lagos Reyes, Norman Rolando Ruíz , Heriberto Baquedano Membreño y la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda quien se auto propuso para el cargo.
También en la lista de auto propuestos figuraron el director Ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Dr. Juan Almendáres Bonilla y Andrés Pavón presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), quienes depusieron sus aspiraciones antes de la comparecencia para las audiencias públicas.
El doctor Joaquín Mejía añadió que “lo que dijo la CPI son tres cosas, uno, en Honduras han existido graves violaciones a los derechos humanos atribuidos al gobierno de facto, dos, con la información que tenemos hasta el momento no podemos decir que hay base razonable para considerar que hay crímenes de lesa humanidad, y tres, mantenemos el examen preliminar abierto para seguir recibiendo información y determinar en un futuro, si son crímenes de lesa humanidad o no”, detalló el entrevistado.
Mejía dijo que posterior a su comparecencia se enteró que su participación fue cortada por los canales 20 y 8 (canales de televisión oficiales del estado de Honduras), lo que consideró como una censura frente a sus argumentos expuestos ante la comisión inter-partidaria.
En torno a la incidencia que h tenido la sociedad civil para nominar a personas con perfiles de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la abogada Reyna Rivera postulada al cargo por la Coalición Contra la Impunidad dijo a defensoresenlinea.com que está claro que en aquellos procesos de audiencias públicas, que son muy pocos, por ejemplo la elección de magistrados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), los magistrados a la Corte Suprema de Justicia o los procesos de Fiscal General del año pasado, “por regla general se han dado las audiencias pero no de manera pública, que es la diferencia en este caso, para la del Fiscal General, las audiencias fueron cerradas”.
“Otro dato importante es que se logró presionar para que hubiese una comisión multipartidaria, que es ganancioso en términos de práctica democrática en el país. Sin embargo concluyeron las audiencias con lamentables hechos de actos de censura y en mi caso particular, parte de mi intervención no fue publicitada y uno acepta estas nominaciones para que la población tenga la oportunidad de hacer un balance de los conocimientos de las personas, del compromiso de la persona, uno esperaría que igual que los otros candidatos tuvieron la oportunidad de ser publicitados en los medios de comunicación, pues que uno también pudiese obtener esa igualdad de oportunidades”, denunció Rivera.
Al final del proceso uno piensa que por lo menos la sociedad civil demostró que en su seno hay personas muy competentes, muy preparadas y que posiblemente los candidatos de sociedad civil junto a una o dos personas más que comparecieron en las audiencias, demostraron más soltura, más conocimiento y principalmente más compromiso.
“No nos mueve ostentar los cargos públicos, nos mueve hacer un trabajo por la defensa de los derechos humanos en Honduras como lo hemos hecho siempre y como lo hemos seguido haciendo”, aseguró la profesional del derecho.
Trascendió que de los 21 postulantes al cargo, la comisión inter- partidaria seleccionaría una terna de 7 candidatos y candidatas para que los diputados y diputadas en sesión del pleno, elijan al próximo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), de la cual aún no se precisa la fecha de la elección.
La Coalición contra la Impunidad integrada por unas 40 organizaciones de sociedad civil propuso para la elección del próximo titular del CONADEH al doctor Joaquín Mejía del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús con sede en El Progreso, Yoro, a la reconocida profesional del derecho, ex jueza y ex fiscal, Reyna Rivera Joya y al destacado defensor director del Centro de Investigación y Promoción de los derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), Wilfredo Méndez.
El sector oficialista está promoviendo al ex diputado Orle Solís, la ex fiscal de derechos humanos Sandra Ponce, el ex diputado Donaldo Reyes, la ex jueza Linda Rivera, la actual fiscal de la Niñez, Nora Urbina, la abogada Delmi Banegas, Miguel Ángel Ortíz, German Enamorado, ex Fiscal de Derechos Humanos, María Fernanda Castro, Mario Roberto Ríos Amador, Julia Eva Vásquez Zavala, Efraín Díaz Arrivillaga, Héctor Roberto Herrera Cáceres, Mario Morazán Aguilera, Luis Alonso Discua Cerrato, Gilberto Enrique Lagos Reyes, Norman Rolando Ruíz , Heriberto Baquedano Membreño y la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda quien se auto propuso para el cargo.
También en la lista de auto propuestos figuraron el director Ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Dr. Juan Almendáres Bonilla y Andrés Pavón presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), quienes depusieron sus aspiraciones antes de la comparecencia para las audiencias públicas.
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