Tegucigalpa - El ex director de la
Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Humberto Palacios
Moya, le preguntó a las autoridades hondureñas ¿qué hacen con el dinero
que se les incauta a los extorsionadores?
- Millones de lempiras
han sido incautados a grupos de extorsionadores durante los últimos años, sin
embargo no se conocer el destino de estos recursos.
El ex
funcionario manifestó que “yo siempre me he preguntado, ¿Cómo se regulan estos
dineros que se incautan?”.
Señaló que
la Ley de Lavado de Activos y la Ley de Bienes de Origen Ilícito, mencionan que
esos fondos, así como todos los dineros que maneja el crimen organizado, deben llegar
a las arcas de la OABI.
No obstante,
reveló que durante su gestión como director de la OABI, indagó sobre el tema, pero
“realmente nadie supo contestarme”.
“Ahora me
pregunto otra vez: ¿Y estos dineros que cada día son más y más las capturas qué hace el siempre bien ponderado jefe de esa
división Antiextorsión, dónde están?”, insistió.
Palacios
Moya enfatizó que “nadie sabe para dónde van, es posible que el Consejo de
Seguridad, sepa donde se queda ese dinero, pero por lo menos a la OABI, no han
llegado”.
Reiteró que
“nunca jamás” recibió dinero de esta naturaleza en calidad de bien incautado,
durante su gestión como titular de la OABI.
En ese
sentido, subrayó que “sería interesante que el Ministerio de Seguridad o la
Oficina Antiextorsión, dieran una explicación al pueblo hondureño”.
Explicó que
en una acción de incautación, “el dinero modernamente en el proceso penal lo
que se hace es fotografiarlo si se puede fotografiar o si se debe fotografiar
en el criterio de juez, se hace el peritaje y además darle toda la seguridad
como pieza de convicción y luego mandarlo a la Oficina (Bienes Incautados) para
que sirva al Estado de Honduras”.
Por su
parte, el fiscal de Delitos Comunes, Ricardo Antonio Castro, dijo que “el
dinero de la extorsión es una evidencia, luego hay que analizar cada caso
independiente porque si es una evidencia, quiere decir que vino de una persona
que pagó esa extorsión”.
Al mismo
tiempo, dijo que “si esa persona pagó esa extorsión, pues lógicamente el
proceso que sigue, después de terminado en los juzgados, es la devolución de
ese dinero”.
Pese a las
declaraciones de Palacios Moya, el fiscal Castro también mencionó que en el
caso que no aparece la persona extorsionada o que no se reporta como afectada,
el tribunal lo dictaría en la sentencia para que ese dinero pase a las arcas
del Estado.
Datos
oficiales dan cuenta que en los últimos dos meses, las autoridades han impedido
que se paguen unos 48 millones de lempiras a grupos criminales.
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