Tegucigalpa.El relato que hiciera Alba Leticia Ochoa Camacho, una de las sobreviviente de las torturas, detención ilegal y vejámenes aplicados por la policía a más de 20 personas que participaban de una marcha pacífica y otras que como ella pasaban cerca de la represión en el centro de la capital, no valió para nada ante la justicia del Honduras, pues el 17 de noviembre pasado el Juez Víctor Méndez les suspendió la persecución penal con la aplicación del decreto de amnistía aprobado en el Congreso Nacional en enero de 2010.
Ochoa dijo al Juez que por el hecho de pedir que dejaran de torturar a una persona que participaba de la marcha y filmar la acción violatoria de los derechos fundamentales de las víctimas fue el pretexto para que le dieron de inicio un toletazo, le dieron con un tubo en sus manos hasta hacerla sangrar y la colocaran junto a más de 20 personas más bajo el ardiente sol, mientras varios diputados observaban la acción y se reían en vez de intervenir para parar ese acto ilegal.
“El suelo estaba muy caliente después los llevaron a los bajos del legislativo y les gritaba perros, después los subieron a un camión del ejército y los llegaron a los COBRAS donde los colocaron en las gradas, allí los policías nos gritaban perros comunistas los vamos a ahorcar , apareció el Comisionado Elder Madrid y nos dijo revoltosos , cuánto te da Chávez, comunistas bandoleras les vamos a echar gas”, señala el testimonio que es parte de un voluminoso expediente en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán.
El 19 de septiembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia preliminar contra José Ventura Flores Maradiaga, Carlos Isaac Polanco Padilla, Estela Esperanza Ramos Sánchez, Juana María Alvarado Barahona y Suyapa María Elvir Escalante, al principio también estaba Elder Madrid Guerra, cuyo caso fue sobreseído desde un principio aunque la defensa a cargo de la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, presentó dos recursos de apelación, sin resultados.
Las víctimas fueron Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Issac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y Daniel Angel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24, que fueron llevadas ese día 12 de agosto de 2009 al Escuadrón Cobras, un lugar ilegal de detención.
Amnistía para enterrar la justicia
Alba OchoaAunque todas las víctimas estaban seriamente torturadas, incluso con fracturas en sus cuerpos, les mantuvieron por varias horas en una audiencia como victimarios acusadas de Daños, Manifestaciones Ilícitas, Robo y Sedición. La audiencia de imputado se llevó a cabo en la policía Metropolitana Número Uno y no en las instalaciones del Juzgado, como debió haber sido, mientras militares y policías les apuntaban con sus fusiles, el Juez les decretó Auto de Prisión.
Juez trastocó la justicia
El decreto excluye el delito de vejámenes y otras violaciones a derechos humanos el juez procedió a aplicarlo, lo que para la abogada Cárdenas es un caso típico de impunidad pues queda claro que los agentes del Estado bajo quienes las víctimas estaban en custodia cometieron estas arbitrariedades.
El 12 de agosto de 2009 fue un día más de protestas contra el golpe de Estado, con un movimiento de resistencia que se mantiene hasta ahora vigente. Pero al igual de en otras manifestaciones pacíficas, las fuerzas represivas del Estado emboscaron a los participantes, pero con el objetivo de criminalizar su lucha.
Los defensores de los policías que fueron acusados, solicitaron la aplicación de dicho decreto en una audiencia donde el Juez no les permitió el uso de la palabra a la defensora de las víctimas la abogada Cárdenas, sino que argumentó que tenía tres días para resolver, lo cual hizo mediante autos y no en audiencia.
Aparte de la aplicación para favorecer a la cúpula castrense, otro caso en el cual se puso en práctica fue en el relacionado con las torturas contra la profesora Agustina Flores quien fue capturada el 22 de septiembre de 2009, después de una represión violenta contra miles de manifestantes que llegaron a la Embajada de Brasil en la capital, donde llegó en forma clandestina el presidente Manuel Zelaya, allí se refugió durante varios meses.
El Ministerio Público emitió un comunicado el 29 de junio de 2010 donde informa que procederá a archivar todos los expedientes que tienen relación con el decreto.
El
decreto dice: “conceder amnistía de carácter general para aquellos
ciudadanos que hayan intentado o consumado las acciones típicas
referentes al delito de traición a la patria, delitos contra la forma de
gobierno, terrorismo, sedición y todas del Código Penal calificadas
como delitos políticos Desobediencia y Abuso de Autoridad y Violación a
los Deberes de los Funcionarios”.Agrega que “no están contemplados aquellos delitos relacionados con actos de corrupción, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho, de lesa humanidad y violación a derechos humanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, externó preocupación con el decreto de amnistía y señaló que “La Comisión ha señalado reiteradamente que la aplicación de leyes de amnistía que impiden el acceso a la justicia en casos de serias violaciones a los derechos humanos contraviene la obligación de los Estados partes de la Convención Americana de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación de ninguna clase”.
“Igualmente, la Corte Interamericana ha sentado una doctrina clara en el sentido de que una ley de amnistía no puede servir de justificación para no cumplir el deber de investigar y de asegurar acceso a la justicia”. Vea comunicado de la CIDH.
En la práctica, la aplicación de leyes de amnistía ha obstruido el esclarecimiento, enjuiciamiento y sanción de los responsables por graves violaciones a los derechos humanos, dejándolas en la impunidad. En consecuencia, con base en las obligaciones del sistema interamericano, varios Estados de la región han tenido que revisar y dejar sin efecto leyes de amnistía”, expresa esa instancia de justicia interamericana. Vea comunicado completo en:
Defensa de las víctimas apelará
Por tratarse de una resolución no apegada a derecho y que favorece la impunidad, la abogada Cárdenas dijo que el COFADEH apelará en esta semana.
Mientras tanto las víctimas vieron que el acceso a la justicia les fue denegado, las secuelas físicas se mantienen en sus cuerpos y las sicológicas les acompañarán por el resto de su vida si el Estado de Honduras no procede a cumplir con su responsabilidad de castigar a los responsables, que continúan en sus cargos y muy probablemente haciendo lo mismo a otros detenidos.
Desde el golpe de Estado las instituciones de justicia dejaron de funcionar para la sociedad hondureña, su accionar se centra en perseguir a la disidencia política contra el golpe de Estado y proteger a los que violan los derechos fundamentales de estas personas.
Vea decreto de Amnistía
Vea comunicado del Ministerio Público
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