Escrito por Redacción en Miércoles,/30/10/2013 - 10:02
- Fiscal Rosa Seaman: “La decisión de los Fiscales Generales, que implica un estrangulamiento y desarticulación de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
- Fiscal Edy Tabora: “Me están mandando a Tocoa, Colón para que me maten, porque los estoy incomodando”.
- Fiscal Jhon Cesar Mejía: “Fiscal de Derechos Humanos que no tiene conciencia social, no debe ser Fiscal de Derechos humanos”.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “Me
están mandando a Tocoa, Colón para que me maten, porque los estoy
incomodando” denunció esta mañana el Fiscal de Derechos Humanos, Edy
Tábora, trasladado por las autoridades del Ministerio Público a ese
municipio, como Fiscal Ad-Hoc para que atienda, los casos relacionados
con la problemática agraria de la región del Bajo Aguán, que ya ha
cobrado la vida de más de un centenar de campesinos en los últimos años.
El traslado se produce en medio de una
escalada iniciada por los nuevos Fiscales General y Adjunto, Oscar
Chinchilla y Rigoberto Cuellar, con el propósito de desarticular la
Fiscalía de Derechos Humanos, en un contexto de altos índices de
violencia y la cercanía de un proceso electoral, en el que puntea las
intenciones de voto, Xiomara Castro, víctima junto a su esposo, Manuel
Zelaya Rosales y al pueblo hondureño, del Golpe de Estado de junio del
2009.
La decisión del Ministerio Público
estimula fuertes suspicacias sobre las verdaderas motivaciones de los
cambios, que abarcan mayoritariamente al equipo de la Fiscalía de
Derechos Humanos, que lideró las últimas semanas, una protesta por los
bajos salarios que devengan muchos fiscales, incluyendo al mismo Tábora,
cuyo salario es de 21 mil lempiras mensuales, pero sólo percibe un poco
más de 9 mil, porque se autofinanció la Maestría en Derechos Humanos,
que hoy lo acredita como un experto en la materia, y está pagando la
deuda.
Me atrevo a afirmar, que estas
acciones de las nuevas autoridades del Ministerio Público buscan reducir
al mínimo la capacidad de respuesta de la Fiscalía de Derechos Humanos
frente a posibles casos de violaciones masivas de derechos humanos, y
debilitar a la Fiscalía contra la Corrupción, para impedir que
investigaciones sobre sonados y millonarios casos de corrupción, como
los del ex alcalde de la capital, Miguel Pastor y el ex Ministro de
Salud Pública, Arturo (Tuky) Bendaña, terminen en requerimientos
fiscales en medio del proceso electoral.
Esa y no otra, es la razón por la que
el viernes anterior fueron removidos de sus cargos y trasladados a otras
fiscalías, la Fiscal Especial y el coordinador de la Fiscalía Contra la
Corrupción, Patricia Domínguez y Luis Javier Santos, quienes al parecer
incomodan con su trabajo responsable, a las más altas autoridades del
Ministerio Público, que están allí a servir a los grupos de poder
fáctico, que promueven y protagonizan actos de corrupción, y además
aseguran impunidad.
Santos, profesional íntegro y uno de
los mejores fiscales que ha tenido esa Fiscalía, protagonizó en el 2008
una histórica huelga de hambre que se prolongó por 38 días, exigiendo
que se desengavetaran muchos casos de corrupción que involucraban a
prominentes políticos y empresarios del país, y aunque ello no sucedió,
si se disparó exponencialmente la conciencia ciudadana sobre la
necesidad de combatir y perseguir ese flagelo.
Unos meses después, santos fue víctima
junto a su pequeño hijo, de un atentado criminal que lo puso al borde
de la muerte. Se vio obligado a salir del país para recuperar su salud
física y emocional, pero aprovechó el tiempo haciendo estudios
superiores para afinar su trabajo de perseguir a los corruptos de toda
ralea.
Los requerimientos por corrupción que
ambos fiscales tienen muy avanzados, resultarían inconvenientes,
incomodísimos, al candidato presidencial del partido en el gobierno y
Presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, ya que los dos
personajes investigados son miembros de su partido. Una
acusación tan cercana a las elecciones del 24 de noviembre,
resquebrajaría la posibilidad de acuerdos internos en el partido de
gobierno, que pudieran derivar en un mayor respaldo de las bases
nacionalistas a sus aspiraciones presidenciales, debilitadas por la
falta de unidad partidaria.
En ese propósito, y bajo la
“coartada”de un supuesto control de calidad, para mejorar la eficacia
del Ministerio Público, la semana anterior circuló por todas las
fiscalías, menos la de Derechos Humanos, un oficio instruyendo la
remisión de requerimientos fiscales contra altos funcionarios, a la
Fiscalía General, la Adjunta y la Dirección de Fiscales, antes de ser
presentados en los tribunales.
Justificación trivial, insulsa, si se
toma en cuenta que desde que llegaron al Ministerio Público, las
actuales autoridades han separados de sus cargos a seis fiscales con
Maestría en Derechos Humanos, ocasionando un grave impacto, en la
capacidad institucional de asegurar la protección de los derechos de la
sociedad hondureña.
No hay duda que el verdadero propósito
de las destituciones y traslados, es cerrar el círculo de poder que ha
impuesto el Presidente del Congreso Nacional sobre el sistema de
justicia del país, para garantizar impunidad para él y sus cercanos, que
comenzó con la destitución de cuatro magistrados de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, continuó con la creación
de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y siguió con la
destitución abrupta de los anteriores Fiscales Generales y el
nombramiento ilegal de los actuales.
Ahora está tratando de quitarse las
piedras del zapato que encarnan fiscales de derechos humanos y fiscales
contra la corrupción, profesionales e independientes. De lograrlo, sólo
le quedaría pendiente nombrar anticipadamente un Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas a su gusto y, agárrense.
“Fiscal de Derechos Humanos que no tiene conciencia social, no debe ser Fiscal de Derechos humanos”. John
César Mejía, Fiscal Especial de Derechos Humanos, con catorce años de
servicio en el Ministerio Público, especialista en Derechos Humanos,
nombrado por méritos propios hace menos de cinco meses, fue removido hoy
del en el cargo y enviado nuevamente al departamento Intibucá.
Él está molesto y con toda razón,
apenas estaba acomodándose a la nueva responsabilidad que le asignaron
sin buscarla, cuando a sus nuevos jefes, Chinchilla y Cuellar, se les
ocurrió destituirlo sin que hasta ahora le hayan informado las razones,
ni siquiera verbalmente.
Y está más molesto, porque desde el
Ministerio Público se ha hecho correr el rumor de que estarían
destituyéndolo por supuesto enriquecimiento ilícito, en un afán de
desprestigiarlo, y que su destitución no produzca el repudio de la
sociedad hacia quienes lo expulsan del cargo para poner un incondicional
en su lugar y en los de sus compañeros Edy Tábora y Rosa Seaman.
Por eso este día, dijo en conferencia
de prensa manifestar que no tiene ningún problema con que lo
investiguen, que puede comprobar el origen de los dos únicos bienes que
posee, que son la casa que está pagando todavía al banco y el vehículo
que usa, y exigió que públicamente se aclaren las causas de su
separación y la de sus compañeros, para que se sepa la verdad.
Durante los cinco meses que John César
Mejía condujo la Fiscalía de Derechos, se presentaron más de 60
acusaciones en contra de agentes del estado, se obtuvieron 16 sentencias
condenatorias y se participó en más de 20 juicios por violaciones a
derechos humanos contra agentes del estado.
Mejía ponderó asimismo, las cualidades
de sus compañeros rotados a otras fiscalías y dijo que además de
capacidades profesionales tienen el compromiso de retribuir a la
sociedad, las oportunidades de prepararse en el extranjero.
“Fiscal de Derechos Humanos que no
tiene conciencia social, no debe ser Fiscal de Derechos humanos”,
respondió contundentemente, cuando la prensa insistió en que su
destitución podría obedecer a su participación en los plantones de
protesta en demanda de incremento salarial, persecución a los
responsables de manejos irregulares del presupuesto del Ministerio
Público y la aprobación de un manual de puestos y salarios.
“Me están enviado a que me maten”
Más grave es la situación que
enfrentará el Fiscal Edy Tábora, víctima reciente de amenazas, golpes y
detención ilegal por parte de agentes policiales de la ciudad de Santa
Rosa de Copán. Como la mayoría de los fiscales de Derechos Humanos, ha
estado investigando denuncias de delitos que involucran a agentes el
estado, mayoritariamente militares y policías.
Hoy se le trasladó, inconsultamente y
sin ningún tipo de protección, a la ciudad de Tocoa, Colón, atestada de
policías y militares (Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch), que actúan con
total impunidad, bajo prácticas propias de la Doctrina de Seguridad
Nacional y en apoyo a los ejércitos privados de Miguel Facussé, René
Morales, Reynaldo Canales y otros grandes terratenientes de la zona.
Hasta allá se le envió, como Fiscal
AD-HOC para que atienda y resuelva los conflictos de tierras del Bajo
Aguán, que el propio gobierno no ha podido resolver, en un gravísimo
acto de irresponsabilidad y a la vez de represión, por su independencia y
profesionalismo.
“Aquí hay una clara sanción, sobre
todo a la compañera Rosa Seaman y a mi persona, porque hemos venido a la
Fiscalía de Derechos Humanos a evolucionar la protección de los
derechos humanos, como el caso del amparo que presentamos ante la Sala
Constitucional, para la protección del derecho colectivo a la salud, lo
que ha incomodado a las autoridades, porque develamos lo que ha sucedido
con la reducción del presupuesto de salud”, expresó.
“Ellos dicen que no tenemos derecho a
exigir que se acuse a las personas que dilapidaron los bienes del
Ministerio Público… quieren allí a una persona que les ayude a manipular
los casos de derechos humanos, quieren manipular los casos contra la
corrupción”, dijo Tabora.
Se le manda a la boca del lobo y él
tiene plena conciencia de lo que ello implica. “Me están mandando a
Tocoa, Colón para que me maten, porque los estoy incomodando” dijo, y
luego agregó, "Me están condenando a muerte, al enviarme sin ningún
mecanismo de protección, ya que en ese sector hay una fuerte presencia
de policías y militares de quienes existen antecedentes por violaciones
de Derechos Humanos debidamente registradas", denunció.
Y seguidamente responsabilizó a sus
jefes por lo que le suceda en aquel lugar, pero informó que ya han
acudido a poner la denuncia a instancias internacionales de protección
de los derechos humanos, así como a la oficina de las Naciones Unidas en
Honduras.
Varias maestrías, postgrados, pero igual la removieron
La fiscal Rosa Seaman, una de las
profesionales más capacitadas del Ministerio Público, con varias
maestrías y postgrados en universidades europeas, no se siente apreciada
por sus jefes, que dicen querer que el trabajo del Ministerio Público
sea más efectivo, pero la removieron de su cargo. Ella
denunció, que sus despidos, obedecen a la falta de voluntad política
para perseguir las violaciones a los derechos humanos, por parte de las
más altas autoridades de la institución.
“Lamentamos la decisión de los
Fiscales Generales, que implica un estrangulamiento y desarticulación de
la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (…) Hemos venido acá con la
única finalidad de promover y proteger a las personas más desprotegidas,
hemos venido acá con la intención de devolverle al pueblo hondureño lo
que se nos ha dado, la oportunidad de estudiar afuera. Hoy estamos
evidentemente haciendo bien nuestra buena labor y sentimos que nuestra
salida, es nada más una muestra de que efectivamente estamos haciendo un
buen trabajo”, expresó.
Y continuó, “hemos denunciado en foros
públicos la falta de voluntad del estado de investigar casos de
violaciones de derechos humanos y esta es una clara evidencia. Vemos que
la agenda de este gobierno no es esa, no es proteger los derechos
humanos y sentimos que nos están violando nuestros derechos… Sentimos
que hoy nos quitan la trinchera para seguir defendiendo a la sociedad
hondureña”.
Seaman que cuenta con un excelente
desempeño en la Fiscalía de Derechos Humanos, pero fue trasladada hoy a
la Fiscalía de la Niñez, informó que han acudido ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, a denunciar lo ocurrido y solicitar
las medidas de protección que corresponden. Tanto
ella como el fiscal Edy Tábora, estaban conociendo de las denuncias
presentadas ante el sistema interamericano por defensoras y defensores
de derechos humanos, ahora tendrá que hacerse cargo, alguien más.
Entre casos más recientes presentados
por ella ante los tribunales de justicia están los requerimientos
fiscales contra el pastor Evelio Reyes, el Jefe de la Policía
Metropolitana #1, el Ex Director General de Servicios Especiales
Preventivos y la Ex Directora del Patronato Nacional de la Infancia, por
discriminación antisindical. La
fiscal dijo que como fiscales tienen un compromiso claro con los
derechos humanos pero no les ha quedado otra opción que salir a la
protesta, a la palestra pública, para decirle a la sociedad hondureña
que los fiscales tienen un compromiso, pero no les dan las herramientas
necesarias para seguir haciendo su labor.
“Si la protesta ha molestado, no
importa, si nos han removido y sino podemos obtener el reintegro… quiero
decirle a la sociedad hondureña que como fiscales seguimos con el
compromiso de seguir defendiendo los derechos humanos desde el lugar que
se nos asigne, que ese es nuestro compromiso ”, concluyó las fiscal
Seaman. ¿Voy bien, Camilo? Vas bien, Fidel!
No hay comentarios :
Publicar un comentario