Escrito por Redacción en Jueves, 26/09/2013 - 16:50 Tegucigalpa,Honduras. (Conexihon).- Más
de 40 organizaciones de sociedad civil denunciaron este jueves una
fuerte campaña de criminalización en contra de los defensores de
derechos humanos en Honduras, y manifestaron su preocupación por la
“situación de riesgo” que se vive en nuestro país.
La
acción se produce luego de que el Juzgado Primero de Letras en el
departamento de Intibucá, dictara la medida de prisión preventiva en
contra de la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares (Copinh), Berta Cáceres.
A Cáceres se le acusa de cometer los
delitos de usurpación, coacción y daños continuados en contra de la
empresa DESA (Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V.) y Sinohydro, de
capital hondureño y chino respectivamente, quienes pretenden ejecutar un
proyecto hidroeléctrico en el Río Gualcarque, sector de Agua Zarca.
En un comunicado los firmantes
aseguraron que existe una “estrategia de criminalización o uso abusivo
del poder penal del Estado” como arma para silenciar y entorpecer la
labor de los defensores de derechos humanos.
Campaña usurpación
Durante el evento también se denunció
también la puesta en línea de un falso blog y página de Facebook con el
que se busca desacreditar la lucha del Copinh. En la página abierta
desde el pasado 19 de septiembre, un día antes del juicio contra Berta,
se divulgan videos de incendios que son adjudicados a los miembros del
Copinh, mientras que cataloga como “agitadora” a la dirigente indígena.
El Copinh sostiene que la única forma de comunicación oficial es a través de su blog: http://copinhonduras.blogspot.com/,
en el cual se han pronunciado decenas de manifestaciones de solidaridad
a la causa. Igualmente llamaron a denunciar esta usurpación tecnológica
creada con el objetivo de atacar la percepción de la lucha por la
defensa de las territorialidades indígenas.
Manifestación de ex empleados y afines a la empresa
En una acción paralela, unos 30 ex
empleados y personas afines a la empresa se manifestaron frente al hotel
donde se llevó a cabo la conferencia de prensa. Al respecto Aquilino
Madrid, uno de los participantes explicó que desde tempranas horas salió
de su comunidad en El Barrial, Río Blanco, Intibucá para plantarse
frente a los medios de comunicación y decir “su verdad”.
Madrid, gritaba frente a los medios de
comunicación presentes que Berta Cáceres es una de las “promotoras” de
la violencia en la zona. “Ella con la nombrada organización Copinh llegó
a manifestarse y desde ahí han venido desgracias y muertos. Ahora están
contra ellos mismos y hasta se han querido matar”, sostuvo mientras
levantaba una pancarta que uniformemente y con la misma letra de sus
acompañantes decía “necesitamos calles buenas, apoyamos a DESA”.
Al ser consultado sobre porque
realizaron esta manifestación precisamente frente al hotel donde se
realiza la conferencia, Madrid sostuvo que “la moción sale por parte de
una licenciada -a quien no identificó- ella nos habló de un plan de
trabajo, pero los Copines no quieren ni atenderla a ella. Lo que
queremos es que se pacifique esto”.
De
su lado, José Héctor Mejía García, aseguró que como representante de la
Junta de Agua del sector de Valle de Ángeles “desde el momento que
llegó Berta Cáceres se ha sembrado el caos en nuestra comunidad”.
Mejía García reconoció que hace unos
meses trabajó para la empresa hidroeléctrica Sinohydro, “pero desde que
llegó Berta Cáceres no tiene trabajo”. “Nosotros tenemos pendientes por
la vía de contratos, el contrato está fijo hasta que nuevamente seamos
recontratados”, subrayó.
Antecedentes del conflicto
Desde hace seis meses la comunidad de
Río Blanco en el departamento de Intibucá inició una protesta pacífica
en contra de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, lo que afectaría
el cauce del Río Gualcarque y el acceso de los pobladores a ese recurso
hídrico.
En el conflicto, las autoridades
fiscales acusaron a Berta, así como a los defensores Aureliano Molina y
Tomas Gómez Membreño, de haber incitado a los pobladores de cometer los
delitos.
De acuerdo con el documento divulgado a
la prensa es urgente que “cesen los actos de criminalización en contra
de los defensores de derechos en el país por manifestarse” y piden a los
órganos del Estado investigar las amenazas y asesinatos.
Igualmente piden al Poder Ejecutivo
que apoye la labor de defensa de los derechos mediante el
establecimiento de campañas públicas que legitimen a los defensores y su
rol en la vida democrática”.
Del mismo modo, la sociedad civil
organizada solicitaron a la comunidad internacional que se mantenga
vigilante ante la situación que aqueja Honduras, y que se condene todo
acto que atente contra el derecho”.
Otros casos de criminalización
Otros casos de criminalización
• Entre
los casos reportados recientemente en Honduras, en contra de los
defensores también se encuentra la detención de la líder de la Central
Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Magdalena Morales, acusada de
usurpación en perjuicio de la Compañía Azucarera del Norte S.A.
(Azunosa), en el marco del proceso de recuperación de tierras.
• La
denuncia en contra de los abogados Víctor Fernández y Martín Fernández
miembros del Patronato de la comunidad de Nueva Esperanza, por su
oposición al proyecto hidroeléctrico “Buena Vista I”.
• El
asesinato de tres indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Ricardo
Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, el 25 de agosto en la tribu de San
Francisco de Locomapa, Yoro. Por su lucha en defensa de los bienes
naturales.
• El
asesinato de Tomás García, miembro de Copinh, ocurrido en julio del
2013 y las heridas propinadas a su hijo Allan García de 17 años.
• Amenazas a muerte contra los líderes tolupanes José María Pineda, Consuelo Soto y Ramón Matute.
• Un
grupo de empleados de la empresa Minerales Victoria, propiedad de Lenir
Pérez, secuestraron temporalmente en la comunidad de Nueva Esperanza en
el departamento de Atlántida, a dos Defensores de Derechos Humanos del
Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH).
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