Autor del articulo: Proceso Digital / 4.08.2013
Tegucigalpa – La Fiscalía entabló una
acusación formal ante los tribunales de justicia en contra de dirigentes
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(Copinh) a quienes se les responsabiliza de incitar a pobladores del
occidente de Honduras a causar daños contra una empresa que desarrolla
un proyecto hidroeléctrico en esa zona del país, conocida como Río
Blanco.
Los
dirigentes del Copinh, son acusados de incitar a la población a causar
daños continuados contra la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad
Anónima (DESA), que realiza el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Río
Blanco, Intibucá, así como los cargos de usurpación, coacción y daños
continuados.
La
petición judicial la presentó el fiscal Henry Alexander Pineda contra
los dirigentes del Copinh, Berta Isabel Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano
Molina, considerados como los autores intelectuales de inducir a
pobladores de la zona a provocar daños materiales a la empresa DESA que
ascienden a tres millones 359 mil 263 dólares, unos 67 millones de
lempiras, según las evidencias presentadas por los afectados.
Según
la petición del Ministerio Público, si los imputados no atienden el
requerimiento fiscal, pide que se les emita orden de captura
considerando que están identificados como los autores por inducción de
destrucción de la infraestructura del plantel del proyecto destruyendo
las instalaciones habitacionales, bodegas, quemando generadores y
maquinaria, hasta impedir el ingreso del personal donde se incluye hasta
asesores extranjeros.
Como
medio de prueba, el Ministerio Público presentó una denuncia
interpuesta por el alcalde municipal Martiniano Domínguez, otra
presentada por la apoderada legal de la empresa DESA, Carolina Castillo,
quienes adjuntaron videos y fotografías de los daños causados en el
plantel donde se realiza el proyecto hidroeléctrico.
Por
su parte, el Copinh, ha emitido un comunicado donde asevera que el
miércoles 31 de julio, el Proyecto Agua Zarca retiró sus maquinarias del
lugar, como parte de una reformulación de su estrategia de ingreso a la
zona, y que está en el marco de un incremento de la represión contra
esa organización.
“Denunciamos,
que como parte de la estrategia de criminalización, se han desarrollado
reuniones de alto nivel en diferentes poderes del Estado junto con
altos mandos militares de las Fuerzas Armadas, en las que se incluye
asesores de inteligencia militar del Ejército hondureño, más los dueños y
ejecutivos de las empresas, donde han definido estratégicas para
despedazar nuestra organización histórica y digna, entre estas
decisiones perversas, está la de sacarnos vivos o muertos de Río Blanco,
como dicen ellos, sobre todo después de las elecciones generales de
noviembre, sin soltar la presión y hostigamiento contra el Copinh
durante los meses previos”, señala el comunicado.
En
ese sentido, el Copinh denuncia que el Poder Judicial y Ministerio
Publico, han incrementado la persecución contra la coordinadora general,
Berta Cáceres, concretizándose en la revocatoria que emitió la Corte de
Apelaciones de Santa Barbará del sobreseimiento provisional que había
resuelto el Juzgado Primero de Letras de esa ciudad; dándole total
credibilidad a un antojadizo y malintencionado informe militar, y
sumando nuevas acusaciones, en una acción persecutoria agresiva. “Esta
decisión fue la consecuencia al recurso de apelación presentado por la
Fiscalía, y a las presiones ejercidas por sectores del poder político,
económico y militar producidas por DESA” acotó el comunicado.
Asevera
que esa organización ha sido informada también sobre nuevas causas
criminales planificadas contra los líderes comunitarios Aureliano
Molina, Tomás Membreño y otros dirigentes de las comunidades del sector
de Río Blanco.
“Dejamos
claro que la criminalización y judicialización de las acciones de
defensa de derechos territoriales de las comunidades lencas del Copinh,
la militarización de la región, las amenazas de muerte a líderes de
nuestra organización, a integrantes de base de las comunidades, a sus
consejos indígenas, incluso contra niños y niñas Lencas, no van a lograr
frenar este proceso de descolonización de nuestros territorios y de
nuestras vidas. Tampoco nos detuvieron con las balas que asesinaron al
compañero Tomás García e hirieron a su hijo Allan, casos por los que
exigimos justicia”, advierte.
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