Redacción: redaccion@laprensa.hn / Jueves 25 de julio de 2013
El Progreso Yoro, Honduras.
“Era una profesional intachable, honesta y rígida al aplicar la ley”, así describió a su compañera de sala Mireya Efigenia Mendoza Peña
(43), jueza del Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, el abogado José Navarro.
“Se
fue minutos antes de las doce del mediodía, lo que hacía normalmente
para ir almorzar, sin imaginar que sería la última vez que la miraríamos
con vida”, expresó el togado.
Las voces de protesta se alzaron ayer una vez más ante el imparable asesinato de profesionales del derecho en Honduras. La jueza Mireya Mendoza fue ultimada el miércoles a balazos por matones que se conducían en moto a inmediaciones de la 7 avenida este, calle que conecta al hospital público con el Obelisco, en el bulevar Helene Kuhlmann, salida a Tela, en El Progreso.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó que con la muerte de Mendoza suman 64 los profesionales del derecho que perdieron la vida en circunstancias violentas en lo que va de la administración del presidente Porfirio Lobo (enero 2010- julio 2013). El 97% de los casos están impunes.
Por su profesión
El clamor de los abogados y operadores de justicia es unánime: exigen mayor seguridad.
El juez progreseño José Navarro dijo que el temor aumenta, por ello solicitarán que se mejore la seguridad en el palacio de justicia, también la integridad de los que aplican la ley. “Desconocemos cuáles pueden ser las razones para que la mataran, tenía varios meses que no llevaba casos peligrosos que pudieron poner en peligro su vida”, agregó.
Se conoció que hace dos años la jueza Mireya Mendoza había sido amenazada, en esa oportunidad las autoridades le dieron resguardo personal, pero tiempo después se lo quitaron.
Una fuente policial de El Progreso reveló que pandilleros participaron en el crimen.
Marlene Banegas, coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, informó que “hay dos equipos de investigadores que están trabajando en el caso desde San Pedro Sula. Las investigaciones van muy bien, van por buen camino”. Manifestó que no se pueden revelar mayores datos por seguridad.
Para los jueces y amigos de la abogada Mireya Mendoza, su muerte no tiene otro motivo más que el oficio de su profesión, pues siempre se distinguió por su honorabilidad y apego a la ley, y aseguran que el gremio es vulnerable ante la delincuencia, pues no hay quien los proteja.
“Tenemos cero seguridad, estoy hablando de los jueces y empleados del Poder Judicial; aunque no tenemos que tener ningún privilegio porque somos iguales que el resto del pueblo, nos sentimos más vulnerables e inseguros. No nos cabe la menor duda que estas muertes tienen que ver con el ejercicio de nuestra profesión”, dijo Mélida Estrada, vicepresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah).
“Exigimos un plan efectivo de seguridad, que podamos comunicarnos en el momento que nos encontremos amenazados y tengamos los recursos de investigación, que sintamos la confianza de llamar a una autoridad competente que esté nombrada específicamente para revisar cualquier amenaza contra los jueces”, dijo.
Jorge Suárez, juez de sentencia de San Pedro Sula, expresó que por ser ellos quienes dan la cara a los delincuentes, deberían contar con mecanismos de seguridad.
“A nosotros quien nos protege solo es la sangre de Cristo, salimos del tribunal en nuestro vehículo como cualquier persona normal, pero necesitamos protección adicional, porque somos la parte de la sociedad que le da el rostro a la delincuencia, y que decide si ellos son responsables de algún delito de acuerdo con las pruebas”.
Suárez aseveró que en los palacios de justicia no hay control, pues entra quien quiere y cuando quiere. “Tenemos un alguacil por sala, pero no es suficiente, hay dos policías preventivos que están afuera, pero eso no basta, tenemos que buscar otras formas para asegurar nuestra seguridad. Los únicos que tienen varios militares y carros blindados son los jueces de jurisdicción nacional; sin embargo, a los que han asesinado son a los de sentencia, porque conocemos casos de toda naturaleza en los que está involucrado también el crimen organizado”. “Lo de la abogada Mireya tiene que verse con tristeza porque murió una amiga y gran persona, pero también es una afrenta al Estado de derecho, es decir, si se asesina a un juez se está asesinando a una persona que en nombre del Estado de Honduras impartía justicia. Nadie puede cuestionar la honorabilidad de Mireya, todos los que la conocimos sabíamos que no tenía siquiera una denuncia por alguna irregularidad. Era intachable”, agregó Suárez.
El juez de sentencia dijo que en Honduras poder combatir la criminalidad es difícil cuando se tienen pocos recursos. “Para que halla una eficiente investigación se ocupa una policía científica, aquí es bastante empírica, no hay protocolos a seguir para una investigación seria, entonces lo que ocupamos son investigadores profesionalizados”, finalizó.
Luto y protestas
Colegas, amigos y familiares participaron ayer en el velatorio.
Samuel Madrid, amigo y colega, dijo que Mendoza “era una jueza honrada, pedimos justicia, tenemos autoridades en el Gobierno que no hacen nada para proteger a la población. “Le hacemos un llamado al Gobierno, que se ha vuelto cobarde, para que haga algo ante la situación que está llenando de luto al pueblo hondureño”.
En Tegucigalpa, jueces en materia penal también condenaron el asesinato y exigieron medidas de seguridad. El juez Iván Castelar aclaró que con asesinar a un juez no se terminan los procesos de acusaciones que conoce, ya que otro será nombrado para evacuarlos. “Exigimos a las autoridades que se nos dé un poco de protección”, dijo.
Propuso que se adopten medidas de control dentro de los juzgados y cuestionó que cualquiera puede llegar hasta sus despachos, cuando evacuan audiencias los familiares de los acusados y otros merodean por los pasillos. “Eso no puede estar ocurriendo porque la seguridad de los jueces está en peligro”, manifestó.
Corte demanda investigación
Esclarecer el asesinato de la coordinadora del Tribunal de Sentencia de El Progreso, Mireya Mendoza Peña, exigió ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
Rivera Avilés emitió un comunicado en el cual expone que el Poder Judicial lamenta la muerte de la jueza.
“Demandamos de la Secretaría de Seguridad, del Ministerio Público y de los cuerpos especializados en la investigación criminal de nuestro país una profunda investigación de estos hechos que terminaron violentamente con la vida de la jueza Mendoza Peña, a fin de que en el menor tiempo posible se envíen al juzgado correspondiente los elementos probatorios necesarios y a los responsables de este abominable acto criminal para que sean juzgados según las leyes de nuestro país”, puntualizó el titular del Poder Judicial.
Analizan programa de protección
Tegucigalpa. El director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, dijo que el asesinato de la jueza Mireya Mendoza obedece a las acciones que han emprendido los operadores de seguridad y justicia en contra del crimen y la delincuencia.
Bonilla dijo que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordenó la formulación de un programa de protección de jueces.
Sostuvo que trabajan en la iniciativa, que también ha sido planteada para proteger periodistas, abogados, fiscales y defensores de derechos humanos.
“Lamentamos el deceso de la profesional del derecho, que hacía una loable labor en El Progreso, sabemos que las amenazas siguen y que tenemos que fortalecer, tenemos que adoptar un programa de protección, que ya es una iniciativa del Presidente”, dijo. “Estamos analizando cómo lo vamos a llevar a cabo para poder implementar ese tipo de medidas.
En corto
Familiares informaron que los actos fúnebres se realizarán esta tarde en el cementerio Amor Eterno, carretera a Tela.
La Asociación de Jueces y Magistrados emitió un pronunciamiento condenando el asesinato de la jueza.
Equipos especiales de la Policía Nacional trabajan en las investigaciones del crimen de la jueza Mireya Mendoza.
Las voces de protesta se alzaron ayer una vez más ante el imparable asesinato de profesionales del derecho en Honduras. La jueza Mireya Mendoza fue ultimada el miércoles a balazos por matones que se conducían en moto a inmediaciones de la 7 avenida este, calle que conecta al hospital público con el Obelisco, en el bulevar Helene Kuhlmann, salida a Tela, en El Progreso.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó que con la muerte de Mendoza suman 64 los profesionales del derecho que perdieron la vida en circunstancias violentas en lo que va de la administración del presidente Porfirio Lobo (enero 2010- julio 2013). El 97% de los casos están impunes.
Por su profesión
El clamor de los abogados y operadores de justicia es unánime: exigen mayor seguridad.
El juez progreseño José Navarro dijo que el temor aumenta, por ello solicitarán que se mejore la seguridad en el palacio de justicia, también la integridad de los que aplican la ley. “Desconocemos cuáles pueden ser las razones para que la mataran, tenía varios meses que no llevaba casos peligrosos que pudieron poner en peligro su vida”, agregó.
Se conoció que hace dos años la jueza Mireya Mendoza había sido amenazada, en esa oportunidad las autoridades le dieron resguardo personal, pero tiempo después se lo quitaron.
Una fuente policial de El Progreso reveló que pandilleros participaron en el crimen.
Marlene Banegas, coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, informó que “hay dos equipos de investigadores que están trabajando en el caso desde San Pedro Sula. Las investigaciones van muy bien, van por buen camino”. Manifestó que no se pueden revelar mayores datos por seguridad.
Para los jueces y amigos de la abogada Mireya Mendoza, su muerte no tiene otro motivo más que el oficio de su profesión, pues siempre se distinguió por su honorabilidad y apego a la ley, y aseguran que el gremio es vulnerable ante la delincuencia, pues no hay quien los proteja.
“Tenemos cero seguridad, estoy hablando de los jueces y empleados del Poder Judicial; aunque no tenemos que tener ningún privilegio porque somos iguales que el resto del pueblo, nos sentimos más vulnerables e inseguros. No nos cabe la menor duda que estas muertes tienen que ver con el ejercicio de nuestra profesión”, dijo Mélida Estrada, vicepresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah).
“Exigimos un plan efectivo de seguridad, que podamos comunicarnos en el momento que nos encontremos amenazados y tengamos los recursos de investigación, que sintamos la confianza de llamar a una autoridad competente que esté nombrada específicamente para revisar cualquier amenaza contra los jueces”, dijo.
Jorge Suárez, juez de sentencia de San Pedro Sula, expresó que por ser ellos quienes dan la cara a los delincuentes, deberían contar con mecanismos de seguridad.
“A nosotros quien nos protege solo es la sangre de Cristo, salimos del tribunal en nuestro vehículo como cualquier persona normal, pero necesitamos protección adicional, porque somos la parte de la sociedad que le da el rostro a la delincuencia, y que decide si ellos son responsables de algún delito de acuerdo con las pruebas”.
Suárez aseveró que en los palacios de justicia no hay control, pues entra quien quiere y cuando quiere. “Tenemos un alguacil por sala, pero no es suficiente, hay dos policías preventivos que están afuera, pero eso no basta, tenemos que buscar otras formas para asegurar nuestra seguridad. Los únicos que tienen varios militares y carros blindados son los jueces de jurisdicción nacional; sin embargo, a los que han asesinado son a los de sentencia, porque conocemos casos de toda naturaleza en los que está involucrado también el crimen organizado”. “Lo de la abogada Mireya tiene que verse con tristeza porque murió una amiga y gran persona, pero también es una afrenta al Estado de derecho, es decir, si se asesina a un juez se está asesinando a una persona que en nombre del Estado de Honduras impartía justicia. Nadie puede cuestionar la honorabilidad de Mireya, todos los que la conocimos sabíamos que no tenía siquiera una denuncia por alguna irregularidad. Era intachable”, agregó Suárez.
El juez de sentencia dijo que en Honduras poder combatir la criminalidad es difícil cuando se tienen pocos recursos. “Para que halla una eficiente investigación se ocupa una policía científica, aquí es bastante empírica, no hay protocolos a seguir para una investigación seria, entonces lo que ocupamos son investigadores profesionalizados”, finalizó.
Luto y protestas
Samuel Madrid, amigo y colega, dijo que Mendoza “era una jueza honrada, pedimos justicia, tenemos autoridades en el Gobierno que no hacen nada para proteger a la población. “Le hacemos un llamado al Gobierno, que se ha vuelto cobarde, para que haga algo ante la situación que está llenando de luto al pueblo hondureño”.
En Tegucigalpa, jueces en materia penal también condenaron el asesinato y exigieron medidas de seguridad. El juez Iván Castelar aclaró que con asesinar a un juez no se terminan los procesos de acusaciones que conoce, ya que otro será nombrado para evacuarlos. “Exigimos a las autoridades que se nos dé un poco de protección”, dijo.
Propuso que se adopten medidas de control dentro de los juzgados y cuestionó que cualquiera puede llegar hasta sus despachos, cuando evacuan audiencias los familiares de los acusados y otros merodean por los pasillos. “Eso no puede estar ocurriendo porque la seguridad de los jueces está en peligro”, manifestó.
Corte demanda investigación
Esclarecer el asesinato de la coordinadora del Tribunal de Sentencia de El Progreso, Mireya Mendoza Peña, exigió ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
Rivera Avilés emitió un comunicado en el cual expone que el Poder Judicial lamenta la muerte de la jueza.
“Demandamos de la Secretaría de Seguridad, del Ministerio Público y de los cuerpos especializados en la investigación criminal de nuestro país una profunda investigación de estos hechos que terminaron violentamente con la vida de la jueza Mendoza Peña, a fin de que en el menor tiempo posible se envíen al juzgado correspondiente los elementos probatorios necesarios y a los responsables de este abominable acto criminal para que sean juzgados según las leyes de nuestro país”, puntualizó el titular del Poder Judicial.
Analizan programa de protección
Tegucigalpa. El director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, dijo que el asesinato de la jueza Mireya Mendoza obedece a las acciones que han emprendido los operadores de seguridad y justicia en contra del crimen y la delincuencia.
Bonilla dijo que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordenó la formulación de un programa de protección de jueces.
Sostuvo que trabajan en la iniciativa, que también ha sido planteada para proteger periodistas, abogados, fiscales y defensores de derechos humanos.
“Lamentamos el deceso de la profesional del derecho, que hacía una loable labor en El Progreso, sabemos que las amenazas siguen y que tenemos que fortalecer, tenemos que adoptar un programa de protección, que ya es una iniciativa del Presidente”, dijo. “Estamos analizando cómo lo vamos a llevar a cabo para poder implementar ese tipo de medidas.
En corto
Familiares informaron que los actos fúnebres se realizarán esta tarde en el cementerio Amor Eterno, carretera a Tela.
La Asociación de Jueces y Magistrados emitió un pronunciamiento condenando el asesinato de la jueza.
Equipos especiales de la Policía Nacional trabajan en las investigaciones del crimen de la jueza Mireya Mendoza.
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