Desde Quito, Luz de América: Nueva ley de comunicación rige ya en Ecuador // Ley de Víctimas propone devolver la dignidad a los violentados por los gobiernos de derecha en Ecuador

 

25 junio 2013  

 La Ley Orgánica de Comunicación entrará en vigor este martes en Ecuador, tras su aprobación parlamentaria y la ratificación del presidente Rafael Correa.

La Asamblea Legislativa dio su visto bueno a esa propuesta de ley el pasado 14 de junio, con un promedio de más de 108 de los 137 parlamentarios en las votaciones de los siete títulos de ese cuerpo legal.
La mayoría legislativa del gobernante Movimiento PAIS y aliados, cumplió así el mandato derivado de la Constitución de 2008 que ordenó a la Legislatura aprobar en un plazo máximo de 365 días varias leyes, entre ellas la de Comunicación.

La entrada en vigencia de esa ley pondrá fin al abuso mediático de los medios de comunicación privados, cuyos fines de lucro se consideran aquí el mayor atentado a la libertad de expresión popular.
El Presidente Correa envió el lunes mediante oficio esta Ley para su publicación inmediata en el Registro Oficial, lo cual pone en vigencia este cuerpo legal que deroga la ley promulgada en 1975 durante la dictadura militar en el país.
Toca ahora conformar el Consejo de Regulación, el cual integran cinco personas: por la Función Ejecutiva, que lo preside; de los Consejos de Igualdad; Participación Ciudadana y Control Social; Gobiernos Autónomos Descentralizados, y el Defensor del Pueblo.
La próxima designación del Superintendente de Información y Comunicación saldrá de una terna que envíe el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana, cuyo plazo no está fijada en el cuerpo legal.
La ley tiene 119 artículos y 22 disposiciones transitorias; plantea revertir las frecuencias ilegalmente conseguidas y redistribuir las mismas, establece el principio de responsabilidad ulterior, prohíbe la censura previa y sanciona el linchamiento mediático.
La democratización de las frecuencias, acumuladas en la actualidad en más de un 90 por ciento en manos privadas, establece que un 34 por ciento serán asignadas a medios comunitarios, un 33 por ciento a medios públicos y un 33 por ciento a medios privados.
(Con información de PL)

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  Ley de Víctimas propone devolver la dignidad a los violentados por los gobiernos de derecha en Ecuador

  Enviado por Gabriela Lizarzaburo en Miércoles, 26/06/2013 - 00:56
  

  El 26 de octubre de 1986, Arturo Jarrín, militante de Alfaro Vive Carajo (AVC), fue asesinado.
  Quito, 26 junio (Andes).-  El 26 de octubre de 1986, Arturo Jarrín, militante de Alfaro Vive Carajo, murió –según las autoridades- con 8 tiros en la cabeza durante un enfrentamiento armado con policías en el sector de Carcelén.
  El mismo día de su muerte, su madre ofreció una rueda de prensa censurada por el gobierno de aquel entonces. “Quiero denunciar el asesinato de mi hijo por haber pensado diferente. El parte policial dice que fue acribillado con 8 tiros, pero olvidaron narrar los incontables agujeros que tiene en todo el cuerpo. Eso solo lo sabe quién cobardemente cumplió la orden de acabar con su vida”, sostuvo en aquel entonces. 
  Soledad Buendía, asambleísta de Alianza País, señaló que así como este, existen muchos casos que terminaron con la persecución y muerte de jóvenes idealistas a manos del gobierno represivo del socialcristiano León Febres Cordero (1984-1988) y otros que siguieron con esa práctica.
  En este sentido, afirmó que es necesario impulsar el debate y la socialización de la Ley de Reparación de Víctimas y Judicialización de los Delitos de Lesa Humanidad, en este nuevo periodo.
  La asambleísta explicó que este Proyecto de Ley nace del proceso de investigación ejecutado por la Comisión de la Verdad y tiene como objetivo devolver la dignidad que le fue arrebatada a las víctimas y sus familiares entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008.
  Asimismo, explicó que dentro de las observaciones planteadas para el segundo debate de esta ley proyectan eliminar los articulados que proponen subsanar la degradación con remediaciones monetarias. “Creemos que la vida no tiene precio, estos articulados tergiversan el fondo y el sentido de la ley. La dignificación no pasa por un tema económico”, sostuvo.
  Otro de los enunciados solicita eliminar a nivel nacional los nombres de calles, monumentos o referentes que recuerdena perpetradores o autores intelectuales de la tortura, desaparición y muerte. De igual forma, el proyecto propone la creación de un centro de memoria histórica en las antiguas instalaciones del SIC-10 como un icono de lo que nunca más debe ocurrir en el país.
  Buendía indicó que delitos como la desaparición están incorporándose en el Código Integral Penal. A su criterio estas acciones permitirán fortalecer los temas de violación de Derechos Humanos y en un futuro la  Ley de Víctimas.
  “Falta mucho por hacer, hacemos un llamado a la Fiscalía para que exista la voluntad política de encontrar la justicia tan anhelada. Ecuador tiene que pedir disculpas por los actos degradantes que cometió como Estado, no podemos olvidarnos de nuestros muertos, tenemos que recuperar su nombre y su honra, porque las víctimas no fueron asesinos ni criminales, fueron valientes seres humanos que dieron su vida por un nuevo Ecuador”, sostuvo.