Autor del articulo: Proceso Digital /28.05.2013
Tegucigalpa - El conflicto de tierras En
Honduras parece no encontrar una salida a esa problemática. Este martes,
varios grupos aglutinados en el Movimiento Auténtico Reivindicador
Campesino del Aguán (MARCA), advirtieron de un posible derramamiento de
sangre en caso que sean desalojarlos de sus tierras.
Luego de un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a
través de los juzgados de Trujillo, Colón, que dejó sin valor ni efecto una
resolución que ahora favorece a los empresarios de esa zona caribeña, el grupo
MARCA advirtió de posibles consecuencias en los próximos días.
Dichas declaraciones fueron vertidas durante una conferencia de prensa
en la que participaron representantes de las cooperativas: La Trinidad, San
Isidro y Despertar, las que llegaron desde el Bajo Aguán, Caribe de Honduras.
Rubén Cedillo, del grupo
Despertar, manifestó que el fallo emitido en los juzgados de Trujillo, favoreció
a los empresarios, por lo que en los próximos días varios grupos campesinos serán
objeto de desalojos.
“Estamos bajo amenaza de un
posible desalojo que se puede llevar a cabo en los próximos días en el Bajo Aguán,
en las cooperativas La Trinidad, San Isidro y Despertar”, informó.
En ese sentido, advirtió que
“estamos haciéndoles saber a la comunidad nacional e internacional y a los tres
poderes de Estado, que los responsabilizamos por cualquier derramamiento de
sangre que pueda ocurrir en el Bajo Aguán”.
Añadió que no cederán esas
tierras, porque son de sus propiedades y que están dispuestos a ofrendar sus
vidas.
“Somos los únicos dueños y estamos dispuestos a ofrendar las vidas y
mantenernos en pie de lucha, no vamos a ceder nuestras tierras porque sabemos
que nos pertenecen”, enfatizó.
Recordó que ya son unos 75 campesinos los que han perdido la vida en
conflicto de tierras, pero que 900 familias más están dispuestas a morir por
esa causa.
Por lo que, reiteró: “estamos
dispuestos a enfrentarnos a cualquier problema que se nos venga en el Bajo Aguán,
si es necesario vamos a ofrendar las vidas de nosotros y de muchos compañeros
más para defender la tierra, son dos mil 900 familias que estamos aglutinadas
en el MARCA y no hay ninguna que tenga miedo a las balas”.
Según Cedillo, las órdenes de desalojo ordenan que el siete de julio,
los campesinos sean despojados de las tierras.
Además aseguró que ellos
cuentan con la documentación que los acredita como legítimos dueños de esos
terrenos.
“Tenemos las armas de los documentos”
“Por los momentos tenemos armas, pero son las de la fuerza para defender
nuestras tierras, las armas que tenemos es la documentación que nos acredita
que somos únicos y legítimos dueños”, subrayó.
Según lo informado, el 29 de junio del 2012, los campesinos de MARCA,
lograron tomar posesión de esas tierras con el apoyo del ya fallecido abogado
Antonio Trejo, de acuerdo al fallo adquirido.
Asimismo, el pasado 15 de
febrero del presente año, emitieron un fallo a favor de los campesinos y ocho
días después admitieron un recurso de reposición y por lo que las tierras pasan
a favor de los empresarios.
Por su parte, Rafael Alegría,
hizo un llamado a los organismos de justicia, al gobierno de la Republica y al
Congreso Nacional para que se instale una mesa de debate en relación al tema.
Igualmente se sumó a las
amenazas de los campesinos de MARCA en torno a la existencia de un supuesto
derramamiento de sangre en la zona.
“Ahora lo que está en peligro con estos fallos, son más derramamiento de
sangre en el Aguán”, puntualizó.
Hace unos días, el sector
campesino del norte de Honduras, se declaró en “estado de alerta” tras la muerte de
tres labriegos en la comunidad de San Manuel, Cortés.
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Tegucigalpa, MDC 27 de mayo de 2013
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Tegucigalpa, MDC 27 de mayo de 2013
Coronel
Germán Alfaro Escalante
Comandante Operación SATRUCH III
Tocoa, Colón.
En consideración a la campaña
internacional de compatriotas residentes en los EEUU y otros países sobre la
situación de violencia que se vive en el Bajo Aguan, especialmente la
relacionada con el conflicto agrario en las plantaciones de Palma Africana
entre los integrantes del MUCA, MARCA y otros sectores organizados, con el
empresario Miguel Facusse Barjun, otros productores de Palma en la región y de
conformidad con el alto nivel de conflictividad generado y trasmitido por los
diversos medios de comunicación, me parece que es muy importante llamar la
atención del gobierno central y de las demás autoridades regionales, para
promover un espacio de diálogo entre las
partes y la sociedad civil a efecto de buscar una salida consensuada para
prevenir mayores niveles de confrontación, donde la más afectada es la
institución militar por la responsabilidad operativa asignada en materia de
seguridad, pero sin ningún respaldo de políticas públicas integrales de los
poderes Ejecutivo y Legislativo con programas alternos de carácter social y
económico, como la compra venta de otras propiedades alternas y programas
sociales en materia de salud, vivienda, educación, producción, organización de
cooperativas microempresariales y de servicios.
En ese sentido la prevención de actos
de violencia y de abusos de autoridad constitutivos de violaciones a los
derechos humanos preceptuados en la Constitución de la República por parte de
la autoridad militar regional es fundamental en las relaciones de coordinación
con las otras autoridades y con el liderazgo campesino, para poner fin a la
confrontación existente entre las partes y evitar las denuncias internacionales
contra el Estado de Honduras.
Estimo que la Ministra de Justicia y
Derechos Humanos Abogada Ana A. Pineda,
por el alto cargo asignado en la materia de parte del señor Presidente
Constitucional Porfirio Lobo Sosa,
debería asumir una responsabilidad histórica de facilitar un proceso de diálogo
constructivo de inmediato, mediante la cooperación institucional, con el
objetivo de demostrar la voluntad política de la actual administración pública
de afrontar este conflicto que tiene más de treinta años vigente y por lo tanto
es de carácter estructural, en vista que en ningún país del mundo estos
conflictos se resuelven mediante la fuerza
militar, tal como observo les han dejado los políticos de turno a las FFAA
de Honduras con las consecuencias mediáticas y jurídicas que ello implica.
Lo anterior expresado es conforme el
análisis de percepción visualizado desde esta Procuraduría de DDHH sobre este
conflicto social agrario, que de continuarse alargando, solamente generará un
alto desgaste y desprestigio para la institución militar y mayor número de
víctimas para las partes en conflicto, especialmente las comunidades agrarias,
dada la realidad existente de las más de cinco mil familias campesinas con
demandas de adjudicación de tierras, lo cual debería ser mediante un proceso
legal ordenado y planificado institucionalmente a través de un programa
regional especial, con el respeto a los derechos de las partes en conflicto
bajo la tutela del Estado hondureño.
Sin otro particular le agradezco la
atención profesional de mi llamada y las preocupaciones expuestas conjuntamente
sobre la situación de la región del Bajo Aguán.
Atentamente,
Leonel Casco
Gutiérrez
Procurador de los Derechos Humanos
Cel. 9892-6935 Correo. Clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com
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