Tegucigalpa.-El
pleno de Congreso Nacional aprobó anoche por unanimidad el informe de
la Comisión Especial que interpeló a los titulares de los órganos
operadores de justicia, en el que se recomienda la intervención del
Ministerio Público y la suspensión del fiscal general de la República,
Luis Alberto Rubí y el fiscal adjunto, así como del titular de la
Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP)
Eduardo Villanueva y su segundo al mando Mario Chinchilla.
En su informe la Comisión Especial que
evaluó las comparecencias de los operadores de justicia improbó la
conducta administrativa del fiscal general de la República y del titular
de la Dirección de Investigación de la Carrera Policial (DIECP) por su
evidentes falencias en el combate al crimen, la corrupción y la
depuración policial.
De igual forma recomendó la conformación
de una comisión interventora para “la rápida y efectiva depuración del
Ministerio Público para volverlo más eficiente” y presentar un nueva
propuesta de ley de esa institución.
Asimismo, se recomendó investigar todas
las denuncias en contra de funcionarios del Ministerio Público para
deducir las responsabilidades y tomar las acciones que sean pertinentes a
fin de hacer más eficientes la labor de esa institución.
En su informe la Comisión de diputados
recordó que hace más de tres años el Congreso Nacional puso a la
disposición de los operadores de justicia una legislación que les diera
los instrumentos necesarios para realizar un combate frontal y eficiente
contra la delincuencia que abate al pueblo hondureño, especialmente a
los más pobres.
En esa dirección se aprobaron más de 25
decretos legislativos en materia de seguridad, se crearon nuevos órganos
y, dentro de las posibilidades económicas que vive el país, se
incrementó considerablemente el presupuesto para que cada operador de
justicia pudiera cumplir su labor de forma más efectiva y eficiente.
Por otro lado, se creó y se puso en
vigencia de la Tasa de Seguridad que vino a darle un flujo permanente de
fondos a los operadores de justicia para que pudieran lograr resultados
palpables en el tema de seguridad sin tener las excusas financieras que
han sido costumbre en el pasado; pero aun no se ven los resultados
esperados.
Los diputados señalaron que el objetivo
de las comparecencias en el pleno del Congreso Nacional no era buscar
culpables, sino de buscar soluciones para contribuir a cambiar la
realidad que viven día a día los hondureños.
“No podemos seguir haciendo lo mismo y
esperar resultados diferentes, necesitamos tomar decisiones que cambien
la realidad que viven los hondureños, en este sentido el Congreso ha
hecho lo que le toca hacer; señalaron.
Asimismo,
criticaron que durante su comparecencia, los operadores de justicia
abundaron en explicaciones y excusas sobre las razones por las cuales no
han cumplido eficientemente su tarea.
“La impunidad reina en Honduras y se
acrecienta, y una buena parte de la responsabilidad corresponde a
quienes deberían ser los más celosos guardianes de la justicia. Ha
faltado liderazgo y compromiso en las instituciones, cuando se escudan
en supuestos obstáculos para justificar la ineficiencia reflejada en
resultados, en tanto los hechos siguen ocurriendo, y el pueblo sigue
viviendo con miedo”, objetaron.
Entre otras cosas, los miembros de la
Comisión pidieron improbar la conducta administrativa del director y
subdirector de DIECP y solicitar al Presidente de la Republica su
inmediata destitución del cargo.
Además aplicar de forma urgente las
pruebas de evaluación de confianza al alto mando de la Policía Nacional y
de forma descendente a todos los miembros, mediante la estructuración
de un plan operativo sobre la base de metas semanales y mensuales para
lograr un 100% de aplicación de las mismas en todos los niveles.
Sobre la labor del fiscal, el informe
abundó que el fiscal general mostró una marcada incompetencia en su
labor al frente del Ministerio Público en el combate del crimen, la
corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que
recomendaron la integración de una Comisión Interventora que determine
el tiempo para la separación del fiscal general y el fiscal general
adjunto.
En su interpelación el fiscal general,
reveló que actualmente solo se investiga el 20% de los delitos y
denuncias, el otro 80% queda en la total impunidad.
A juicio de los parlamentarios, las
explicaciones y justificaciones de Luis Rubí “son totalmente
inaceptables, pues este órgano del Estado ha recibido en asignación
presupuestaria más de 3 mil millones de lempiras en los últimos tres
años, adicional al apoyo que le ha dado el Fondo de la Ley de Seguridad
Poblacional o Tasa de Seguridad y los bienes y recursos distribuidos por
la OABI”.
Por otro lado, objetaron que en el
Ministerio Publico existe “abuso del derecho penal y stress
Institucional”, ya que se dedica en buena medida a la persecución de los
“delitos de bagatela o faltas menores”.
“La organización actual es inadecuada
para cumplir sus deberes, 5 fiscalías investigan el delito de
homicidio; la organización no responde a la realidad. Existe
desintegración institucional. No se advierte la existencia de
programas de evaluación continua, estímulos, recompensas y ascensos.
Necesita una reingeniería administrativa” y no hay mecanismos
efectivos de depuración”, concluyen.
Sobre la labor de la Policía Naciona, la
Comisión también objetó el trabajo realizado hasta ahora por el
Secretario de Seguridad Pompeyo Bonilla y el director general de la
Policía Juan Carlos Bonilla, en el combate de la criminalidad y la
depuración policial, observando, entre otras cosas, que las estrategias
de combate al delito no se han definido con claridad, lo que evidencia
una insatisfactoria atención hacia los delitos de fuerte impacto social,
de los que son víctima la población como ser asesinatos, homicidios;
extorciones, secuestros, narcotráfico
A continuación las principales recomendaciones a los operadores de justicia y cuerpos de seguridad:
Recomendaciones DIECP
1.-Recomienda al pleno del Congreso
improbar la conducta administrativa del director nacional y director
adjunto de la DIECP y solicitar al Presidente de la República su
inmediata destitución del cargo y aplicar de forma urgente las pruebas
de evaluación y confianza al alto mando de la policía nacional y de
forma descendente a todos los miembros mediante la estructuración de un
plan operativo sobre base de metas semanales y mensuales a fin de
lograr un 100 por ciento de aplicación de las mismas en todos los
niveles.
Recomendaciones Ministerio Público
1.-Improbar la conducta administrativa
del Fiscal General del Estado en la dirección del Ministerio Público en
aplicación del artículo 205 numeral 20 de la Constitución de la
República por las razones expuestas que denotan su incompetencia y
diligencia en su cargo.
2.-Nombrar mediante un decreto
legislativo con carácter de urgencia una Comisión de Interventora del
Ministerio Público, cuyas atribuciones competencias, integración, tiempo
de vigencia y demás aspectos relacionados se determinen en el decreto
que se apruebe el cual contendrá entre otras finalidades las siguientes.
a) La rápida y eficiente depuración
de todas las estructuras del Ministerio Público a efecto de volverlo
más eficiente en la lucha contra el crimen y tiempo de suspensión del
fiscal general y fiscal general adjunto.
b) Presentar una nueva propuesta de
ley del ministerio público acorde a las condiciones que vive en el
país en materia de justicia penal.
c) La investigación de cualquier denuncia en contra de cualquier funcionario del MP
d) Contra otra acción encaminada a volver más eficiente el desarrollo de las atribuciones que por ley le competen.
Recomendaciones Secretaria de Seguridad y Dirección de la Policía
1.-En virtud de que ha
trascendido al momento de redactar este informe que el Presidente de la
República ha removido de su cargo al Secretario de Estado en el Despacho
de Seguridad que presentó el informe al Pleno del Congreso Nacional,
esta Comisión Legislativa recomienda que el nuevo Titular de la
Secretaría de Estado, presente un reporte ante el Pleno del Congreso
Nacional en el término de 60 días después de asumir su cargo, sobre los
avances y la aplicación de las recomendaciones y observaciones hechas en
este Informe relativos a la Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad y sobre la Dirección General de la Policía Nacional.
2.-Que se ordene de forma inmediata por
conducto de quien corresponda que se sometan a pruebas de confianza de
forma integral el alto mando de la Policía Nacional, comenzando por su
Director General, directores nacionales y Directorio Estratégico.
Recomendaciones Corte Suprema de Justicia
Esta comisión legislativa solicita al
Pleno del Poder Legislativo, apruebe trasladar al Poder Judicial la
remisión por escrito de la toma de las siguientes medidas que se
requieren en la búsqueda de la solución a los problemas de la
inseguridad, enviando al Congreso Nacional en el término prudencial que
requiere la urgencia del asuntos de autos lo siguiente:
1.-Una propuesta que contenga la
evaluación continúa de manera oficiosa a los magistrados y jueces en
materia penal, tanto en sus actuaciones relacionadas a los juicios que
llevan, como en la legalidad y transparencia de sus sentencias o
resoluciones;
2.-Ampliar la figura del Juez de
Jurisdicción Nacional, dotándolos de las capacidades para el correcto
desempeño de su cargo, posibilitando que la mayoría de juicios en
materia penal en donde exista la posible comisión de delitos ligados con
el crimen organizado sean conocidos en todas sus instancias por jueces
que estén revestidos de este carácter.
3.-Considerar como regla general y no
como excepción que los jueces en las causas penales cuando dicten
detención judicial, detención preventiva o cumplimiento de pena de
reclusión a un imputado considerado cabecilla o jefe de una banda
criminal, se ordene la remisión de este o estos a un centro
penitenciario de máxima seguridad.
INFORME DE LA COMISION ESPECIAL
Congreso Nacional:
Nosotros,
los Diputados miembros de la Comisión Especial de Seguridad nombrada
por el Presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández Alvarado,
en cumplimiento a la tarea asignada de emitir informe que contenga
conclusiones y recomendaciones al Pleno después de haber escuchado la
comparecencia de los distintos operadores de justicia en cuanto a los
logros y resultados alcanzados por estos en los últimos años, al Pleno
nos pronunciamos en la forma siguiente:
Los órganos comparecientes por su orden fueron:
1.El Director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP);
2.Fiscal General del Estado por el Ministerio Público;
3.Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad:
4.Director General de la Policía Nacional;
5.Presidente de la Corte Suprema de Justicia;
6.Secretario de Estado en el Despacho de Defensa;
7.Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas;
8.Director Nacional de la Dirección de Investigación e Inteligencia.
ANTECEDENTES:
Hace
más de tres años el Congreso Nacional de la Republica, comprometido con
la seguridad de las personas y con el único objetivo de salvar vidas
humanas, se puso a la disposición de los operadores de justicia para
aprobar una legislación que les diera los instrumentos necesarios para
realizar un combate frontal y eficiente contra la delincuencia que abate
al pueblo hondureño, especialmente a los más pobres, en esa dirección,
se aprobaron más de 25 decretos legislativos en materia de seguridad, se
crearon nuevos órganos y, dentro de las posibilidades económicas que
vive el país, se incrementó considerablemente el presupuesto para que
cada operador de justicia pudiera cumplir su labor de forma más efectiva
y eficiente.
La
creación y puesta en vigencia de la Tasa de Seguridad vino a darle un
flujo permanente de fondos a los operadores de justicia para que
pudieran lograr resultados palpables en el tema de seguridad sin tener
las excusas financieras que han sido costumbre en el pasado; a la fecha,
cientos de millones de lempiras con que han contribuido los hondureños a
través de la Tasa de Seguridad, aun no vemos los resultados esperados.
Con
valentía, los diputados de este Congreso Nacional aprobaron leyes que en
otros países han costado la vida a legisladores, entre ellas están: La
ley de depuración policial, reforma a la Constitución de la Republica
para la extradición de hondureños vinculados al narcotráfico o crimen
organizado, reformas al Código Penal para reforzar las penas en el
delito de extorsión (impuesto de guerra), ley de escuchas, ley de
extinción de dominio, Creación de la ley de Seguridad Poblacional (Tasa
de Seguridad), Creación de la Comisión de Reforma a la Seguridad, Ley
del Consejo de la Judicatura etc. (Se anexa al informe cuadro de leyes
aprobadas).
Hoy,
con una genuina preocupación ante la falta de resultados, y en
representación de todos los hondureños, hemos llamado a los operadores
de justicia para que se presenten al Pleno del Congreso Nacional, para
que le rindan cuentas al pueblo hondureño.
Si el
Congreso Nacional ha hecho lo que los operadores de justicia han pedido
y se han aprobado leyes e instrumentos suficientes para fortalecer la
lucha contra la delincuencia, hoy preguntamos: ¿Por qué no hay los
resultados que queremos?, ¿qué podemos hacer para dar mas apoyo?, ¿qué
cambios son necesarios para lograr mejores resultados?, ¿que hacer para
cambiar la realidad que viven día a día millones de compatriotas?
La
urgencia de lograr resultados palpables en el tema de seguridad jamás
han sido tan imperativo como ahora, donde nuestro país se ubica de
acuerdo a estadísticas como uno de los países mas violentos e inseguros
del mundo.
Los
Diputados en el Congreso Nacional estamos convencidos que los hondureños
merecemos vivir en paz y tranquilidad y con una verdadera justicia en
condiciones de acceso e igualdad para todos. De lo que se trata es de
salvar y proteger vidas humanas y para ello necesitamos tomar decisiones
y lograr resultados.
El
objetivo de las comparecencias en el Pleno del Congreso Nacional no es
buscar culpables, sino de buscar soluciones, debemos hacer todo lo que
esta a nuestro alcance para contribuir a cambiar la realidad que viven
día a día los hondureños.
La
gente todos los días vive presa del miedo, las madres que temen por la
seguridad de sus esposos e hijos, las familias y comerciantes que a
diario sufren el impuesto de guerra, que temen el secuestro, la
extorsión, la delincuencia común, a ellos son a los que representamos
los Diputados y a ellos es que nos debemos, por eso tenemos la
responsabilidad como sus representantes de reconocer el problema,
enfrentarlo y trabajar en resolverlo.
No
podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes,
necesitamos tomar decisiones que cambien la realidad que viven los
hondureños, en este sentido el Congreso ha hecho lo que le toca hacer.
Durante
su comparecencia, los operadores de justicia abundaron en explicaciones
y excusas sobre las razones por las cuales no han cumplido
eficientemente su tarea.
Con
franqueza, esta comisión no ha podido evitar la sensación de que hay
muchos pretextos, de culparse entre sí, y de evadir las
responsabilidades que a cada órgano le corresponden.
La
impunidad reina en Honduras y se acrecienta, y una buena parte de la
responsabilidad corresponde a quienes deberían ser los más celosos
guardianes de la justicia.
Ha
faltado liderazgo y compromiso en las instituciones, cuando se escudan
en supuestos obstáculos para justificar la ineficiencia reflejada en
resultados, en tanto los hechos siguen ocurriendo, y el pueblo sigue
viviendo con miedo.
Es la hora de los resultados, porque el pueblo que sufre no puede esperar más.
Por el contrario, en las
comparecencias también encontramos funcionarios que con el mismo
presupuesto de años anteriores, así como órganos operadores de justicia
de reciente creación que han dado resultados satisfactorios contra el
crimen, evidenciando compromiso y creatividad, lo que ha faltado en la
mayoría de los demás operadores de justicia.
Este
informe, presenta las conclusiones más importantes de las comparecencias
de cada uno de los funcionarios que lideran los órganos operadores de
justicia, así mismo, se presentan recomendaciones claras y precisas para
que sean consideradas por el Pleno del Congreso Nacional de la
República y que este Poder del Estado tome las decisiones que le
corresponden.
Reiteramos que el único objetivo que
se buscó con las comparecencias, y el único propósito que tiene esta
Comisión Legislativa a través del presente informe es salvar y proteger
las vidas de los hondureños.
CONCLUSIONES:
Después
de haber escuchado largamente a los operadores de justicia, y hecho las
preguntas correspondientes, así como de haber escuchado las respuestas
de los mismos a las interrogantes de los compañeros Diputados y de
representantes de la Sociedad Civil aglutinados en la Asociación por la
Paz y la Justicia, esta Comisión Legislativa llega a las siguientes
conclusiones:
En cuanto a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP):
1)
La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, con
fundamento en el Decreto Legislativo que le dio vida, tiene de forma
permanente y obligatoria la facultad de aplicar las pruebas de confianza
de manera general o selectiva a cualquier miembro de la carrera policial sin importar a la escala que pertenezca, el grado o cargo que ostente,
no obstante este Organismo violentó el espíritu de la Ley al limitarse a
practicar las pruebas de confianza a quienes le indicaba el Director
General de la Policía Nacional, lo que causo subordinación de esta
entidad a funcionario antes citado, máxime aun cuando este es un órgano
desconcentrado de la Secretaria de Seguridad, con autonomía funcional,
administrativa y financiera, características que se descalificaron con
la actuación antes indicada.
2) Esta subordinación
provocó que los oficiales del alto mando de la Policía Nacional no
fueran sometidos a las pruebas de confianza en forma general y
descendente, tal y como fue la intención y finalidad de este Congreso
Nacional al crear la DIECP, y que sirviera de ejemplo a los mandos
intermedios y escala básica de la Policía Nacional, y que permitiera una
correcta y pronta depuración.
3) Desde su instalación, la
DIECP solamente ha efectuado 1272 pruebas de confianza a miembros de la
carrera policial, lo que representa un bajo porcentaje de los más de
14,000 miembros activos que hay en la Policía Nacional, de los cuales
230 reprobaron las mismas, y se remitió igual número de resoluciones a
la Secretaría de Seguridad para la cancelación de los acuerdos a los
Policías reprobados, habiéndose ejecutado hasta la fecha de las
comparecencias apenas siete de ellas, siendo estos resultados
absolutamente insatisfactorios e inaceptables.
4) Se identificó la
carencia de una estrategia precisa y contundente para llevar a cabo la
misión encomendada a la DIECP, lo cual muestra la falta de visión y
rumbo claro en su dirección.
5) Sumado a ello, la
Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, órgano legalmente
competente para certificar el proceso de Depuración Policial a través de
la DIECP, declaró en el pleno la NO certificación de las actuaciones de
esta institución, en gran parte por las falencias arriba enunciadas.
6) El Presidente del
Congreso Nacional manifestó haber recibido información de parte la
Cooperación Internacional que apoya el proceso y las actividades
llevadas a cabo por la DIECP, la intención de su retiro de este
acompañamiento por los pocos avances en la misión de la Dirección de
Investigación de la Carrera Policial.
RECOMENDACIONES:
1.La
Comisión Especial recomienda al Pleno del Poder Legislativo improbar la
conducta administrativa del Director y Sub Director de la Dirección de
Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y solicitar al
Presidente de la Republica su inmediata destitución del cargo, y
aplicar de forma urgente las pruebas de evaluación de confianza al alto
mando de la Policía Nacional y de forma descendente a todos los
miembros, mediante la estructuración de un plan operativo sobre la base
de metas semanales y mensuales para lograr un 100% de aplicación de las
mismas en todos los niveles.
En cuanto al MINISTERIO PÚBLICO:
1.El
Fiscal General reconoció en su comparecencia que actualmente solo se
investiga el 20% de los delitos y denuncias, el otro 80% queda en la
total impunidad, y que esto se debe entre otras cosas a:
a. La falta de recursos financieros, señaló que con los recursos disponibles no se puede esperar un mayor nivel de cumplimiento.
b.También refirió que el Congreso
Nacional ha impuesto nuevas responsabilidades al Ministerio Público, sin
dotar a la institución de recursos adicionales, por lo que no encuentra
como atender esas responsabilidades.
No
obstante las explicaciones brindadas por el Fiscal General, a juicio de
esta Comisión Legislativa, dichos resultados son totalmente
inaceptables, pues este órgano del Estado ha recibido en asignación
presupuestaria más de 3 mil millones de lempiras en los últimos tres
años, adicional al apoyo que le ha dado el Fondo de la Ley de Seguridad
Poblacional (Tasa de Seguridad) y los bienes y recursos distribuidos por
la OABI.
2.Declaró que en los últimos años se
han logrado un numero de mil trescientas ochenta y cinco sentencias
condenatorias, cifra baja en relación a la cantidad de delitos cometidos
o causas judicializadas, lo que evidencia una pobre actuación de este
Órgano acusador del Estado, principalmente en los casos de delitos de
corrupción, delitos contra la vida, y en los de fuerte impacto social y
nacional.
3.Ante las interrogantes de las
actuaciones investigativas realizadas por el Ministerio Publico sobre
los casos emblemáticos de muertes de periodistas, femicidios, grupos de
la diversidad sexual, abogados y defensores de derechos humanos, mostró
tener poco o ningún conocimiento de las investigaciones realizadas, pues
no dio respuesta a estas interrogantes planteadas por la Comisión
Especial, lo que denota la ausencia de conocimiento del desempeño de sus
subalternos, poca supervisión etc, máxime cuando a esta institución por
derecho le corresponde la dirección técnico jurídica de la
investigación criminal.
4.Al ser preguntado sobre la
deducción de responsabilidades a personal del Ministerio Público por las
denuncias presentadas en contra de los mismos, el Fiscal General
proporcionó los siguientes datos: Se han presentado 45 requerimientos
fiscales contra miembros del Ministerio Público, de los cuales 4 son
personal de Medicina Forense, 1 técnico de almacén de evidencias y el
resto fiscales activos, pero no se detalló la conclusión de estas
acciones.
5.Se le preguntó sobre la remisión
de expedientes de parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de
la Carrera Policial, y aunque el Fiscal General dio un dato incorrecto
que fue corregido por la Directora de Fiscales Danelia Ferrera, al final
quedó establecidos que son 26 los expedientes remitidos al Ministerio
Público, de los cuales solo se han presentado acciones judiciales a
siete miembros de la carrera policial; dejando dicho que la mayoría
están en proceso de investigación, cuando estos a estos casos se le debe
dar prioridad.
De conformidad al estudio y análisis
de los informes realizados en el Ministerio Publico por juristas
internacionales financiados por la Embajada de los Estados Unidos de
América, así como por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública y
la Alianza por la Paz y la Justicia, se concluye lo siguiente:
PRIMERO:
FALTA DE UNA POLITICA INSTITUCIONAL DE COMBATE AL CRIMEN. En el
Ministerio Publico existe “Abuso del Derecho Penal y Stress
Institucional”. Se dedica en buena medida a la persecución de los
“Delitos de bagatela, delitos o faltas menores”, etc. “Bajo el principio
de intervención mínima, el derecho penal sólo debe ocuparse de algunos casos de la realidad que supongan daño a los bienes jurídicos,
es decir, los casos más graves o relevantes y sólo debe intervenir
cuando los mecanismos menos agresivos como los procesos civiles,
administrativos, de solución alterna de conflictos y de otras ramas del
derecho no puedan utilizarse”.
SEGUNDO: INADECUADA
ORGANIZACIÓN INTERNA PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS EN EL COMBATE A LA CRIMINALIDAD. “La organización actual es
inadecuada para cumplir sus deberes” (5 fiscalías investigan el delito
de homicidio); “La organización no responde a la realidad”. Existe
“Desintegración institucional”. “No se advierte la existencia de
programas de evaluación continua, estímulos, recompensas y ascensos”.
“Necesita una reingeniería administrativa” y “No hay mecanismos
efectivos de depuración”.
TERCERO: CORRUPCIÓN-DEPURACIÓN. En
el Ministerio Público se observa lo siguiente: “La aplicación actual
del principio de subordinación jerárquica en el Ministerio
Público es inflexible y no permite que un miembro de la institución
pueda oponerse ante un jefe por órdenes ilegales o posibles actos de corrupción”.
Lo
anterior denota que existe una institución ineficiente frente a la
persecución del delito en general, y en particular de aquellos que más
afectan a la sociedad, lo que desemboca en una impunidad superior al
95%, lo cual se debe en gran medida a juicio de esta Comisión Especial,
entre otras razones a la falta de dirección y orientación correcta del
Ministerio Público.
RECOMENDACIONES:
La
Comisión Legislativa Especial de seguridad con relación al Ministerio
Publico hace al Pleno del Poder Legislativo las siguientes
recomendaciones:
1)
IMPROBAR la conducta administrativa del Fiscal General del Estado en la
dirección del Ministerio Público en aplicación del Artículo 205 numeral
20 de la Constitución de la República por las razones expuestas que
denotan su incompetencia y falta de diligencia en el ejercicio de su
cargo.
2)
Nombrar mediante la aprobación de un Decreto Legislativo con carácter
de urgencia, una Comisión Interventora del Ministerio Publico, cuyas
atribuciones, competencias, integración, tiempo de vigencia y demás
aspectos relacionados, se determinen en el decreto que se apruebe, el
cual contendrá entre otras finalidades, las siguientes:
a. La
rápida y efectiva depuración de todas las estructuras del Ministerio
Publico, a efecto de volverlo más eficiente en la lucha contra el crimen
y tiempo de suspensión del Fiscal General y Fiscal General Adjunto;
b.Presentar una nueva propuesta de
Ley del Ministerio Público acorde a las condiciones que vive el país en
materia de justicia penal;
c. La investigación de cualquier denuncia en contra de cualquier funcionario del Ministerio Público;
d.Cualquier otra acción encaminada a volver eficiente el desarrollo de las atribuciones que por ley le competen.
En cuanto a la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.
Si
bien es cierto, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y
la Dirección General de la Policía Nacional informaron al Pleno
Legislativo sobre los avances realizados por dicha Secretaría en contra
la criminalidad, esta Comisión Legislativa encontró que las estrategias
de combate al delito no se han definido con claridad, evidenciando una
insatisfactoria atención hacia los delitos de fuerte impacto social, de
los que son víctima la población como ser: delitos contra la vida, como
asesinatos, homicidios; extorciones, secuestros, narcotráfico, etc.
Haciendo
una objetiva medición de resultados de la Secretaria de Seguridad,
órgano que tiene la atribución directa de prevenir, combatir e
investigar el delito, hemos arribado a la fácil conclusión que estos
resultados son deficientes, escasos y que reflejan la crisis profunda en
el sistema de seguridad, motivados entre otras causas por la falta de
coordinación interna de los órganos que conforman esta Secretaría, por
los conflictos internos entre los miembros que la integran y que
producen alteración de las líneas de mando, afectando con ello la
operatividad para combatir con efectividad la delincuencia.
Este
Congreso Nacional y la sociedad hondureña han demandado la urgente
depuración de la Policía, como primer elemento para combatir la alta ola
criminal que azota al país, en ese contexto, el Congreso Nacional
otorgó al Secretario de Seguridad y al Director General de la Policía,
los Instrumentos legales necesarios para lograr legalmente la separación
de los elementos policiales asociados a actividades ilícitas, mediante
la aplicación de pruebas de confianza y la evaluación de resultados en
los cargos asignados, lo cual no se ha ejecutado hasta el momento.
Cabe
resaltar que fue hasta la comparecencia ante el Congreso Nacional del
Director General de la Policía, que el pueblo hondureño tuvo
conocimiento de la intención de este y de la cúpula policial de
someterse a la práctica de las pruebas de evaluación de confianza,
acción que inexplicablemente no se había realizado aun cuando el
Secretario de Estado, el Director General de la Policía y el Director de
la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
(DIECP) están facultados a ordenar.
En
cuanto a las resoluciones emitidas por la Dirección de Investigación y
Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y enviadas a la Secretaría de
Seguridad para la correspondiente cancelación de los acuerdos de los
miembros que no aprobaron las pruebas de confianza, esta Comisión
Legislativa encuentra inaceptables e inexcusables las explicaciones del
Secretario de Seguridad, en cuanto a que no fue posible notificar las
resoluciones porque la mayoría de los miembros se encontraban “enfermos”
cuya justificación se sustenta en constancias médicas, denotando la
falta de mando y liderazgo al frente de esta institución.
RECOMENDACIONES:
1.En
virtud de que ha trascendido al momento de redactar este informe que el
Presidente de la República a removido de su cargo al Secretario de
Estado en el Despacho de Seguridad que presentó el informe al Pleno del
Congreso Nacional, esta Comisión Legislativa recomienda que el nuevo
Titular de la Secretaría de Estado, presente un reporte ante el Pleno
del Congreso Nacional en el término de 60 días después de asumir su
cargo, sobre los avances y la aplicación de las recomendaciones y
observaciones hechas en este Informe relativos a la Secretaría de Estado
en el Despacho de Seguridad y sobre la Dirección General de la Policía
Nacional.
2.Que
se ordene de forma inmediata por conducto de quien corresponda que se
sometan a pruebas de confianza de forma integral el alto mando de la
Policía Nacional, comenzando por su Director General, directores
nacionales y Directorio Estratégico.
En cuanto al PODER JUDICIAL:
En el
informe rendido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se
hacen evidentes a Juicio de esta comisión algunas debilidades
institucionales que no contribuyen a la lucha contra la criminalidad y
que este poder del Estado debe corregir de manera inmediata, entre ellas
las figuras de la medidas sustitutivas, que aun y cuando las pruebas de
cargo presentadas en los juicios sean contundentes y los delitos sean
de gravedad, los titulares de los juzgados o tribunales decretan medidas
sustitutivas, dejando libres a peligrosos criminales en perjuicio de la
sociedad.
Si
bien es cierto lo jueces y tribunales deben actuar en base a las pruebas
presentadas en la persecución del delito y respetar las garantías a los
enjuiciados, es notable que muchos juicios no terminan en sentencias
condenatorias por tecnicismos jurídicos que generan desconfianza en la
sociedad.
Esta
Comisión Especial reconoce la disposición de la Corte Suprema de
Justicia, expresada en la comparecencia a través de su Magistrado
Presidente, en el sentido declararse a favor del sometimiento a los
magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial a la aplicación de
Pruebas de Confianza.
RECOMENDACIONES:
Esta
comisión legislativa solicita al Pleno del Poder Legislativo, apruebe
trasladar al Poder Judicial la remisión por escrito de la toma de las
siguientes medidas que se requieren en la búsqueda de la solución a los
problemas de la inseguridad, enviando al Congreso Nacional en el término
prudencial que requiere la urgencia del asuntos de autos lo siguiente:
1.Una
propuesta que contenga la evaluación continua de manera oficiosa a los
magistrados y jueces en materia penal, tanto en sus actuaciones
relacionadas a los juicios que llevan, como en la legalidad y
transparencia de sus sentencias o resoluciones;
2.Ampliar
la figura del Juez de Jurisdicción Nacional, dotándolos de las
capacidades para el correcto desempeño de su cargo, posibilitando que la
mayoría de juicios en materia penal en donde exista la posible
comisión de delitos ligados con el crimen organizado sean conocidos en
todas sus instancias por jueces que estén revestidos de este carácter.
3.Considerar
como regla general y no como excepción que los jueces en las causas
penales cuando dicten detención judicial, detención preventiva o
cumplimiento de pena de reclusión a un imputado considerado cabecilla o
jefe de una banda criminal, se ordene la remisión de este o estos a un
centro penitenciario de máxima seguridad.
EN CUANTO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS.
La
Secretaría de Defensa representada en las audiencias por su titular y
por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, plantearon
inicialmente como encontraron la institución armada cuando asumieron
los respectivos cargos que hoy ejercen, evidenciando una situación de
precariedad, desorden administrativo operativo, carencias básicas de
equipo logístico, y situaciones que al final desnudaron la pésima o mala
administración de sus antecesores, lo que puso en riesgo la seguridad
nacional.
Manifestaron
que el proceso transformativo a que fue y se sigue ejecutando para
solucionar estas falencias y los logros que se han alcanzado hasta el
día de hoy con los recursos que se les ha proporcionado, siendo uno de
sus principales logros la lucha y combate contra el narcotráfico, el
decomiso considerable de drogas en los últimos años, incautación de
diferentes naves y detención de personas ligadas con este delito.
Cabe
resaltar como aspecto positivo el apoyo que dan en el tema de protección
al medio ambiente, temas electorales, sobre las funciones y
atribuciones derivadas de las tareas que en materia de seguridad
interior están realizando.
RECOMENDACIONES:
1.Recomendar
al Poder Ejecutivo la continuidad de las acciones que están orientadas a
proteger a las personas que se transportan en unidades el servicio
público;
2.La adquisición por cualquier
mecanismo, sistemas de control que posibiliten la detección de vuelos
ilegales al espacio aéreo nacional;
3.Potenciar la Fuerza Naval para
combatir el ingreso de droga o tráfico ilegal de personas, u otros
ilícitos que se cometen por vía marítima;
4.Darle continuidad a la protección
del medio ambiente en todo el territorio nacional con especial atención a
las áreas protegidas de importancia mundial como la Biosfera del Río
Plátano;
5.La aplicación de las pruebas de confianza a los oficiales y tropa de las Fuerzas Armadas;
6.Que se actualice el inventario de armas de las Fuerzas Armadas;
7.Realizar investigaciones con deducción de responsabilidad en cuanto al extravío o perdida de Armas y Municiones;
En cuanto a la Dirección de Investigación e Inteligencia.
En cuanto a este órgano de reciente
creación y del estudio del análisis de los datos proporcionados al Pleno
del Congreso Nacional por parte de su titular, esta Comisión Especial
concluye lo siguiente:
1.Fue evidente de la exposición
plenaria que hizo en su oportunidad el Director de la Dirección de
Investigación e Inteligencia, que a escaso un (1) mes de haber iniciado
operaciones este órgano se ha dado resultados positivos en el tema de
captura de banda ligadas al delito de extorsión y secuestro, y se expuso
por parte de este la forma operativa en que desarrolla la intervención
de las comunicaciones privadas bajo la estricta vigilancia y control de
Fiscales y Jueces asignados a esta unidad para garantizar el fiel
cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales en esta
materia.
RECOMENDACIONES
1.Fortalecer Técnicamente la Institución en cuanto a los procesos de depuración de los Órganos Operadores de Justicia;
2.Brindarle apoyo para que pueda
desarrollar una base de datos que contenga la información de todas las
personas nacionales o extranjeras que se encuentren en el país para
tener una herramienta de combate al crimen.
3.En aplicación de la Ley de
Intervención de las Comunicaciones Privadas ejecutar las acciones
necesarias para impedir que se practiquen intervenciones ilícitas,
procediéndose a la detección de cualquier actividad de este tipo,
identificación de los responsables y el aseguramiento para que se
deduzcan las responsabilidades del caso.
RECOMENDACIONES GENERALES:
1.Cada
institución operadora de justicia debe actuar en base a gestión por
resultados. Bajo este sistema se deben establecer índices (puntos de
partida) que sirvan para medir la efectividad de cada institución así
como la estrategia y acciones que se implementen y a la vez sirvan como
una herramienta para focalizar los recursos humanos y financieros.
2.Se recomienda que se utilice como
base, los datos que presenta el observatorio nacional de violencia y
delincuencia. Solamente con números e índices fríos podremos saber con
certeza cuales son los avances en materia de seguridad ciudadana.
3.Al Pleno del Congreso Nacional la
socialización de una superintendencia o Instituto de aplicación de
pruebas de confianza a los funcionarios y empleados del Poder
Ejecutivo, Ministerio Público y Poder Judicial, a efecto de lograr la
depuración de toda la cadena de operadores de justicia, certificando la
idoneidad y conducta de los funcionarios que velan por la seguridad de
la sociedad hondureña.
4.Incluir y revisar el Papel del
Tribunal Superior de Cuentas en su papel contralor y perseguidor del
delito de Enriquecimiento Ilícito, así como su función en la lucha
efectiva contra la corrupción de los funcionarios inmersos en el combate
a la criminalidad.
5.Exhortar al Consejo Nacional de
Defensa y Seguridad a desarrollar una política integral de combate a la
Criminalidad, incluyendo los aspectos relacionados a la prevención del
delito.
6.Recomendar al Banco Central como
responsable del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, que agilice las
compras y asignaciones de conformidad al plan de lucha contra el crimen,
y;
7.Declarar estado de emergencia en
materia de seguridad ciudadana a efecto de que la Comunidad
Internacional, coadyuve con el Estado de Honduras en la Lucha contra la
criminalidad que abate al pueblo hondureño.
8.Aprobar de forma urgente todos los
decretos relacionados en materia de seguridad que están pendientes de
su discusión, principalmente sobre el tema de investigación y campo
forense, en concordancia con los diferentes operadores de justicia y
órganos relacionados.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. a los 15 días del mes de abril de 2013
COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD
MARIO ALONSO PEREZ
RODOLFO ZELAYA
TOMAS ZAMBRANO
AGUSTO DOMINGO CRUZ ASCENCIO
OSMAN AGUILAR
ABRAHAM KAFATI DIAZ
MARVIN PONCE
JUAN CARLOS VALENZUELA
ELEAZAR JUAREZ
GERMAN LEITZELAR
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