Hacemos publica este
comunicado en el momento en que
una vez mas honduras se viste de luto por la sistemática represión que hoy se
vierte contra la sociedad civil organizada en resistencia. En este momento en que comunidades
campesinas son brutalmente reprimidas y lideres son eliminados selectivamente.
Nuestra organización
La Voz de los de Abajo-Chicago condenan el cobarde asesinato del abogado de los
campesinos Antonio Trejo Cabrera apoderado legal del MARCA y del fiscal Eduardo Diaz Masariegos, Fiscal Especial por Derechos Humanos en Choluteca y participante en la huelga de Hambre de los
Fiscales en el mes de abril del año 2008.
Mientras se velaba el
cuerpo del abogado Trejo Cabrera, los atentados en contra campesinos en el
Aguán y en otras partes del país continua, recibimos la noticia que el domingo
23 en horas de la noche seis campesinos fueron atacados por los mismos paramilitares o
”Guardias de Seguridad” que atacaron nuestra delegación de observadores de derechos humanos, el día 13 de Septiembre. Es debido a este
incidente que hacemos publica esta respuesta a el comunicado por la Corporación Dinant de Miguel
Facusse que nos llego el día 21 de Septiembre. Nuestra repuesta sigue debajo de este mensaje.
Les adjuntamos con
este mensaje tres documentos el primero es el comunicado que hicimos publico en
la conferencia de prensa que realizamos en Cofadeh el 18 de Septiembre, el
segundo es la respuesta de la Corporación Dinant y el tercero nuestra respuesta
a la Corporación Dinant de Miguel Facusse. También les adjuntamos los links de
las fotos y el video para que puedan evidenciar nuestro testimonio.
Alexy J. Lanza
Victoria Cervantes
por La Voz de los de Abajo-Chicago
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La Voz de los de Abajo Chicago Illinois USA
22 de Septiembre del 2012.
“Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”.(Artículo 3 y 4 de la declaración universal de los derechos humanos)
Respuesta
al comunicado de la Corporación Dinant del Señor Miguel Facussé, en
relación al incidente ocurrido, el día 13 de septiembre de 2012, cuando
nuestra delegación investigaba violaciones de derechos humanos
relacionadas al desalojo ejecutado en la finca los Laureles, ubicado en
el barrio Aurora, en Tocoa, Colon.
Nuestra
delegación de observadores y observadoras de derechos humanos que
visitó varias regiones de Honduras del 6 al16 de septiembre, compuesta
por 9 personas de diversas organizaciones de los Estados Unidos (EEUU),
al igual que otras delegación que hemos organizado, tienen como
propósito fundamental documentar y denunciar la sistemática represión
ejercida desde el gobierno a través del ejercito, la policía nacional y
los “grupos de seguridad” de los terratenientes.
Nuestras vistas tienen como fin denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se dan contra la Sociedad Civil Organizada, comprometidos
con la Justicia Social y en particular contra los campesinos/as que
reclaman un pedazo de tierra para ellos y sus familias en Honduras.
En
el punto numero 1. La corporación Dinant cita lo siguiente: “Ante la
actitud irresponsable del “grupo de Derechos humanos” que difunde el
video, el cual irrumpe la propiedad privada…”
Nuestra
organización “La Voz de los de Abajo-Chicago” se encontraba en plena
vía pública en el momento cuando se dio la amenaza con lenguaje agresivo
y en el instante en que se disparó con una escopeta. Nuestra delegación
estaba en plena vía pública tomando fotos y entrevistando a los vecinos
que nos narraban cómo fueron aterrorizados por casi 500 efectivos de la
policía, el ejército y los guardias de Miguel Facussé. Repetimos, nos encontrábamos en plena vía pública,
como lo muestra el video tomado y las fotos. Sería irresponsable de
nuestra parte dejar de documentar todo aquello que tenga que ver con las
graves violaciones a los derechos humanos que se dan en el Aguan. Por
lo tanto: Estábamos haciendo nuestro trabajo. Estábamos haciendo lo que
teníamos que hacer como observadores de derechos
humanos.
En
el punto numero 7. dice: “ Es importante destacar que nuestra empresa
contrata guardias de una empresa legalmente constituida para tal efecto y
no contratamos paramilitares o tenemos relación o conocimiento de
existencia de grupos de esta naturaleza”
Definición de Paramilitar o paramilitarismo; “se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura y disciplina similar a la de un ejército, pero no forma parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado.
Las organizaciones paramilitares, pueden o no, servir a los intereses
del Estado y generalmente están fuera de la ley. Dentro de sus miembros
pueden estar fuerzas policiales, mercenarios, integrantes de escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados”.
Cuando
nos amenazaron y nos dispararon, notamos que casi todos los “guardias
de seguridad” tenían los rostros encapuchados, excepto dos que se
encontraban bien atrás cubiertos por las palmas, éstos guardias tenían
armas de grueso calibre o de asalto que el ejército utiliza, como se
puede evidenciar en una de las fotos que tomamos. Es debido a estas
características que hacemos uso del concepto “paramilitar”, puesto que a
nuestro juicio describe muy bien el actuar y proceder de este tipo de
grupos de “Guardias de Seguridad”.
En
el punto numero 8. Dice; “ Por este medio aseguramos a la opinión
publica, que una vez que la Fiscalía llame a declarar a los guardias por
la denuncia presentada por los “ofendidos”, los guardias se presentaran
a dar la versión real de los hechos, quedando claramente establecido
quiénes realmente realizaron acciones al margen de la ley al entrar a
instalaciones privadas sin permiso y conocimiento de sus legítimos
dueños, quienes se reservan el derecho de proceder legalmente contra
quienes realmente fueron los que actuaron al margen de la ley”.
“se
presentaran a dar la versión real de los hechos”. Esta versión que se
difunde en los medios hondureños como la verdad oficial, contrasta con
las versiones de los diversos organismos defensores de derechos humanos y
con la propia legislación hondureña que deja establecido que nadie
puede hacer uso de la ley por su propia mano y nadie puede por su cuenta
decidir sobre la vida y el futuro de una persona fuera de lo
establecido en la Constitución de la República y sus leyes generales.
Sin embargo, los “guardias de seguridad” actúan como si ellos fuesen la
ley misma, a tal grado que nuestra delegación recibió el testimonio de
un policía quien textualmente dijo que “ni nosotros mismos podemos
entrar a esa finca para investigar”.
Durante
nuestra visita comprendida entre el 6 al 16 de septiembre visitamos a
16 comunidades campesinas localizadas en La Paz, Puerto Cortés, El
Progreso, Atlántida, y Colon. Todos/as coincidieron en expresar la
alarmante escalada represiva desatada contra el campesinado hondureño y
todos mostraron una profunda preocupación por el ambiente de zozobra en
que se encuentran sus comunidades. Nos hablaron de sus angustias por
temor de sus vidas y las de sus familias.
Es
preciso destacar que en el Aguán han aparecido decenas de campesinos
muertos, y los principales sospechosos son los “guardias de seguridad”
de Miguel Facussé. Sin embargo, no se ha realizado una investigación que
esclarezca los crímenes y menos que ponga en marcha un proceso judicial
para dictar sentencia condenatoria a los responsables materiales e
intelectuales de dichos crímenes.
Nuestra
Organización lamenta la muerte de cualquier ser humano, especialmente
cuando hemos escuchado tantas voces que con desesperación claman
justicia. Especialmente cuando hemos constatado una vez más, que el
irrespeto a la vida y a la impunidad reinan en Honduras. Especialmente
cuando hemos confirmado por medio de organizaciones de derechos humanos,
líderes de organizaciones sociales y campesinas, que la realidad
política, social y económica es cada vez mas crítica. Especialmente
cuando hemos constatado una evidente y profunda ausencia de una
verdadera política agraria en el país, raíz del actual conflicto agrario
que hoy enluta a todos los hondureños/as y hemos presenciado cómo una
elite económica y política de empresarios, se empecina en convertir a
Honduras en una fosa común para enterrar a quienes afectan sus
intereses.
Por
todo lo anterior, reiteramos que seguiremos con nuestras demandas. En
primer lugar, al gobierno de Estados Unidos, que cese la ayuda militar
dirigida al Ejercito y a la Policía Nacional, al tiempo que cancele las
operaciones conjuntas que militares y agentes antidrogas de la DEA
realizan con policías y militares hondureños porque han provocado graves
violaciones a los derechos humanos, han cobrado muchas victimas y han
violentado la soberanía nacional de Honduras.
En
segundo lugar, demandamos la inmediata liberación de los presos
políticos que guardan prisión por su lucha legitima de la tierra: José
Isabel Morales, preso en la cárcel de La Ceiba, José León Galeas, Cesar
Bardales García, Santos Isaías Rodríguez, Selvin Noeli Rodriguez,
privados de su libertad en el presidio de La Paz. En tercer lugar,
demandamos castigo para los autores materiales e intelectuales de
crímenes de lesa humanidad en Honduras. En cuarto lugar, demandamos una
autentica política agraria en el país, incluyente y justa, así como el
cese de la represión, la persecución política y la impunidad.
La Voz de los de Abajo 22de Septiembre del 2012 Chicago Illinois EE.UU.
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