La Alianza por los Derechos Humanos (ADH), repudia el asesinato del abogado Antonio Trejo Cabrera, abogado defensor de los derechos de las campesinas y campesinos del Aguan, particularmente el Movimiento Autentico de Campesinos del Aguan (MARCA).
Trejo fue vilmente asesinado el sábado en horas de la noche, salir de una iglesia, a inmediaciones del Aeropuerto Toncontin donde celebraba una boda.
El asesinato del abogado Trejo vendrá a perjudicar a las campesinas y campesinos que eran representados por él y que después de casi 20 años vieron como por fin se les hacía justicia al entregarles las tierras que por ley les pertenecen, después de un fallo que los terratenientes se niegan a reconocer.
Trejo era un destacado defensor de los derechos humanos del movimiento campesino del país que estaba con medidas cautelares en proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitadas por el Comité Para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), debido al riesgo que corría por su trabajo. También además era candidato a diputado por el departamento de Colon, por el nuevo Partido Frente Amplio (FAPER).
Demandamos que se investigue la muerte del abogado Trejo y que los responsables intelectuales y materiales sean llevados ante la justicia, que se investigue a quienes fueron señalados por la victima de ser los responsables de cualquier atentado contra su vida.
Tegucigalpa 24 de septiembre de 2012.
Andrés Pavón Juan Almendarez Bonilla
Wilfredo Méndez
CODEH CPTRT CIPRODEH
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NO MÁS MUERTES DE ABOGADOS Y ABOGADAS, NO MÁS IMPUNIDAD: Frente Reivindicador Democrático del Colegio de Abogados de Honduras
“Hay
hombre que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores, hay
quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la
vida, y esos son los imprescindibles.”
Bertolt Brecht.
NO
MÁS MUERTES DE ABOGADOS Y ABOGADAS
NO
MÁS IMPUNIDAD
Nosotros Abogados y
Abogadas de Honduras, organizados en el Frente Reivindicador Democrático (FRD),
ante el gobierno que preside el señor Porfirio Lobo Sosa, ante el pueblo
hondureño y la comunidad internacional, tenemos la obligación ineludible de
alzar nuestras voces de protesta, de indignación frente a la impunidad, al
irrespeto y al poco valor que se observa por la vida de las personas, por su
seguridad y la de sus bienes, pronunciándonos de la manera siguiente:
1.- Honduras atraviesa
por una de las peores crisis de su historia en lo social, económico y político,
caracterizada en lo interno por el acelerado aumento de la pobreza, ensanchando
aún más la brecha entre los sectores poderosos que han saqueado el país y el
resto de la población que se debate entre la violencia proveniente de la
criminalidad, pero también la violencia social que significa el desempleo, el
aumento al costo de la vida, la miseria, la insalubridad y falta de
oportunidades, generando una enorme masa desempleada y un ambiente propicio
para el surgimiento de fenómenos sociales antes ajenos a los hondureños como el
sicariato y otros modalidades del crimen organizado.
2.- Hoy día es común
que los titulares de los medios de comunicación masivos estén saturadas de imágenes
y de notas sobre hechos violentos que ocurren a diario en nuestros barrios,
colonias, aldeas y caseríos, a lo largo y ancho de la geografía nacional, allí
donde la vida dejo de ser un derecho para convertirse en palabra muerta, en
donde el abuso, el irrespeto a los derechos humanos y la impunidad han
convertido la tranquilidad del pueblo en desesperanza y en sentimiento de
indefensión.
3.- Lo expuesto
adquiere dimensiones alarmantes cuando el Estado sufre de una institucionalidad
democrática colapsada, que no da respuestas concretas a las demandas que el
pueblo hondureño tiene planteadas en el escenario nacional, en donde la
desconfianza de la población en la policía y demás órganos relacionados con la
seguridad, así como en el sistema de justicia, léase Ministerio Público y Corte
Suprema de Justicia, nos arrastran hacia la ingobernabilidad.
4.- En este contexto de
violencia, no hay sector alguno de la sociedad hondureña en el que no hayan
víctimas de hechos violentos o criminales entre éstos nuestro gremio, el de los
Abogados y las Abogadas, contabilizando en los últimos cuatro años alrededor 80
profesionales del derecho muertos como consecuencia directa del ejercicio de la
profesión en los diferentes campos y materias del quehacer jurídico, sin que
los organismos del Estado cumplan su labor de prevención, investigación y
represión del delito, permaneciendo sin identificar los autores materiales de
tales crímenes y sin que se esboce una
verdadera política criminal y de seguridad de Estado.
5.- Los últimos nombres
que vienen a aumentar esta larga lista son los del Abogado defensor de los
derechos humanos y apoderado del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino
del Agúan Abogado ANTONIO TREJO CABRERA, asesinado a balazos el día sábado 22
de septiembre al salir de una iglesia en la colonia América de la ciudad de
Comayagüela, luego de recibir una llamada telefónica; el pasado 22 de agosto
dicho profesional fue víctima de la más salvaje represión por parte de la
policía nacional y de un injusto encarcelamiento mientras desempeñaba su labor
como defensor del grupo campesino antes indicado, hechos que oportunamente
denunció ante el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) entre otros entes; y
ahora el asesinato del Abogado MANUEL EDUARDO DÍAZ MAZARIEGOS, fiscal que
estaba asignado en la ciudad de Choluteca y que en su momento participó
activamente en la histórica huelga de hambre impulsada en 2008 por un grupo de
fiscales del Ministerio Público para denunciar la corrupción, la manipulación
político sectaria y el abuso al interior de este ente del Estado, quien fue
abatido el día de hoy en horas de la mañana por las balas disparadas por dos
individuos que se conducían en motocicleta; ambos profesionales demostraron en
su vida personal, familiar y profesional un alto compromiso con la lucha por la
justicia en nuestro país por lo que gozaron del aprecio de nuestro gremio y del
pueblo hondureño.
6.- Rechazamos y
condenamos en forma enérgica el vil asesinato de los Abogado ANTONIO TREJO
CABRERA y MANUEL EDUARDO DÍAZ MAZARIEGOS y expresamos nuestra solidaridad con
los familiares de los Abogados y las Abogadas víctimas de la acción criminal y
exigimos en todos los casos una investigación seria y profunda, que esclarezca
estos crímenes, se identifique a los autores y se les ponga a la orden la los
tribunales de justicia para deducirles las responsabilidades legales que les
correspondan.
San Pedro Sula, Cortés,
24 de septiembre de 2012.
JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL DEL FRENTE REIVINDICADOR DEMOCRÁTICO
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