viernes, 24 de agosto de 2012

Honduras: Campesinos son liberados con medidas sustitutivas // HAY ACASO SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN HONDURAS?

Agosto

Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Con medidas sustitutivas fueron liberados los 25 campesinos detenidos el martes tras una brutal represión de la policía, que arrestó a los labriegos, luego de perseguirlos, golpearlos y conducirlos a la posta de La Granja, de donde fueron trasladados hacia la Jefatura Metropolitana número uno (antiguo Core 7).

Autoridades informaron que los miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), fueron dejados en libertad ante la acusación de la fiscalía de “manifestación ilícita”.
La vocera del juzgado de Tegucigalpa, Bárbara Castillo informó que los campesinos salieron bajo dos medidas, “no pueden salir del país y tienen que presentarse al juzgado del lugar donde viven, a firmar una vez a la semana”.
Al menos 350 campesinos se movilizaron esta semana a la Corte Suprema de Justicia para exigir el respeto a los últimos acuerdos firmados en torno a la obtención de las tierras pertenecientes a las fincas Despertar, San Isidro y La Trinidad, informó el secretario general de MUCA, Johnny Rivas, quien a su vez fue arrestado por los violentos policías y “Cobras” que se movilizaron para realizar la dispersión, en una segunda represión protagonizada por cuerpos de seguridad y labriegos.
Los campesinos arrestados el martes responden a los nombres de:
Johnny Rivas (Secretario de MUCA)
Vitalino Álvarez (Vocero de MUCA)
Santos Munguía
Alex Leonel Cárdenas Rivera
Ismael Redondo Buso
Fredy Joel Elvir Godoy
Elvin Esteban García Ramírez
Manuel de Jesús Díaz Flores
Nelson Alexander Pérez Gómez
Elvin Saúl Pérez Gómez
Ariel Galeas Aguilar
Orlin Alberto Coello Elvir
Darwin Mejía Vásquez
Narciso Pérez Castillo
Lázaro García Bejarano
Antonio Trejo (Abogado de los Campesinos)
José Enrique Flores Flores, golpeado
Carlos Alberto Padilla Ulloa
Carlos Ramón Navarro (Presidente de la ANACH)
Fidel Antonio Barahona Rivera
María Luisa Lara
Miguel Ángel Castillo Reyes
Juan Carlos Campos Meza
Josefa López Espino
Braulio Bueso Rivera
Leonel Acosta Avilés
Mauricio Núñez (16)
Este nuevo conflicto entre Estado y campesinos, sucedió cuando el pasado lunes los labriegos se presentaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para dialogar con el presidente de la misma, Jorge Rivera Avilés, quien al parecer no quiso atender a los campesinos, por lo que los mismos levantaron una protesta que al poco tiempo, fue dispersa por el despliegue brutal de un contingente policial, que agredió y detuvo a varios campesinos, lo que derivó en una nueva manifestación al día siguiente, en la que los labriegos se tomaron las vías del bulevar Fuerzas Armadas, lugar de donde también fueron violentamente desalojados y transportados a jefaturas de la ciudad.
Esto sucede debido a un fallo emitido el 29 de junio, en el que el Estado favorecería a los campesinos, al expropiarle a dos terratenientes más de 2,000 hectáreas de tierra reclamada por los campesinos del Aguán, que al parecer fueron cedidas, para que al día siguiente la orden fuera revocada por cortes de apelaciones que devolvieron los terrenos a los empresarios.
Hasta el momento, se sabe que más de 60 campesinos han perecido a causa de este conflicto de tierras que parece no tener fin.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y distintos movimientos campesinos continúan demandando las acciones del Estado, que de acuerdo a versiones de dirigentes campesinos, se mantiene parcializado a favor de los terratenientes.
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    HAY  ACASO  SUSPENSIÓN DE  GARANTÍAS  CONSTITUCIONALES  EN HONDURAS?
  por  Américo Roca Dalton

Violadora  del  derecho ciudadano de  expresar sus protestas  de forma pacífica cuando se  exije  la satisfacción  de  sus  propias necesidades  de  sobrevivencia es la acusación  de la fiscalía  de  "Manifestación ilícita" contra  los campesinos  que reclaman justicia  sin tomar en cuenta que casi siempre  se  está  reprimiéndoles  con violencia  luego de  capturados y dejados en  libertad  y  sin que nadie  responda  por  los daños  a  la integridad física y  moral de  las personas  agredidas  por  la policía  o fuerzas especiales  del ejercito. Se les  impone   condiciones  tales  como  “no pueden salir del país y tienen que presentarse al juzgado del lugar donde viven, a firmar una vez a la semana”. En suma se les  aplica una sanción como que si estuviera en vigencia un Estado de  excepción  que  suspenda  derechos fundamentales  o garantías  constitucionales incluyendo la libre circulación,si como hemos   visto se  ha  capturado personas que simplemente transitaban por  el lugar  sin participar en las  protestas  de nuestros hermanos  y  hermanas  trabajadores  del campo.Es  evidente  que  se  vive  en un estado  basado en  la conocida doctrina de  TERRORISMO OFICIAL de  las viejas  dictaduras  de corte  militar  cuando con frecuencia la protesta  se castiga con  violencia   y muerte por  parte de quienes   como autoridades ostentan el poder   y son inmunes  al utilizar hasta  sus armas  contra  ciudadanos  indefensos con una saña inaudita. 
Ver imágenes  de  rostros sangrantes,de  niños  y niñas  de corta edad   bajo efecto de  gases lacrimógenos,escuchar su llanto  desesperado  cuando  se persigue a su madre o padre  y sentirse victima  de una injusta agresión,verse impotente ante la  rabia con la que son golpeados,contemplar el irrespeto absoluto a los Derechos Humanos  es  realmente  para uno de  adulto simplemente  degradante, en  un supuesto vigente  Estado de  derecho y  francamente es una clara invitación a  responder de alguna forma,solo limitada  por  el grado de  conciencia adquirido en que  tales ataques deben enfrentarse  con UNIDAD de  acción política   de  todo el pueblo dispuesto a cambiar  ese estado de  cosas, desplazando del gobierno y el poder a los opresores de siempre.
De  allí la necesidad  de  impulsar  una  mayor organización  superando  todos los  obstaculos que se presenten  hasta  conseguirlo y entretanto continuar   siendo solidarios con quienes  sufren esos brutales ataques de  los cuerpos  mal llamados  de  "seguridad" y las  decisiones  judiciales  ilegales  de  fiscales  y jueces que  cohonestan con  el mantenimiento del estado de  indefensión  vigente impuesto  por  un régimen  de   corte  dictatorial.
Queda en pie la invitación  a unirse  para combatir  lo que en lugar de  Estado de  Derecho se  nos  impone  como Estado de  derecha.

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